El Estatuto Anticorrupción, en su último debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes, parece no poder avanzar. Durante la semana pasada, el Partido de la U, en cabeza del representante Augusto Posada, logró que fuera sacado del orden del día ya que había algunos reparos que tenía esa bancada a la iniciativa.
Y al inicio de esta semana, el panorama parecía despejado e incluso el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, salió a decir que ya había un consenso para aprobar el 80 por ciento del articulado.
No obstante, los hechos no corroboraron la versión de Zuluaga ya que el pasado martes y este miércoles, la plenaria perdió tiempo en la votación de 74 impedimentos de los cuales ninguno fue aprobado.
Cuando finalmente terminó la ardua tarea de votar impedimento por impedimento y se iba a arrancar con la aprobación del articulado, nuevamente el Partido de la U, otra vez por medio de Augusto Posada, pidió que no se realizara la votación en bloque de 50 artículos y solicitó que la probación se diera artículo por artículo, hecho que nuevamente retrasa el proyecto que tiene mensaje de urgencia del Gobierno.
El malestar del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, no se hizo esperar y de inmediato señaló que la iniciativa le compete tanto al sector público como al privado, por lo que argumentó que “esta es la apuesta legislativa más ambiciosa del Estado colombiano contra la corrupción. Una normativa integral, que combate el flagelo en todos los frentes, de manera concreta, firme, con dientes”.
Según rumoran algunos congresistas, el entorpecimiento de la aprobación se debe a que algunos parlamentarios le están pasando la cuenta de cobro al Ministro. Sin embargo, el representante del Polo Democrático Germán Navas dijo que hay tres puntos que preocupan. "No les gusta mucho que se quiera volver a la fórmula que traía el Senado de prohibir que los contratistas que apoyen candidatos puedan contratar con el Estado”, explicó Navas y agregó que “tampoco gusta en la Cámara las inhabilidades para lanzarse a corporaciones públicas de quienes tengan parientes que sean alcaldes, senadores o representantes y la prórroga automática de las concesiones es el otro punto que genera malestar en la Cámara”.
