Las consecuencias del conflicto armado en Colombia jamás se alcanzarán a dimensionar. En el marco de la reglamentación de la nueva Ley de Víctimas, el Estado enfrenta un enorme desafío: responderle a aquellas personas que sufrieron lo indecible en medio de la guerra.
Las organizaciones sociales se pelean entre el optimismo de considerar esta ley como un significativo logro del actual gobierno, y el pesimismo (quizá realismo) de considerarla una ley tramposa, que beneficia a algunos y lava las manos de otros.
Algunos líderes desplazados consideran que la nueva Ley de Víctimas supondrá más muertos. Alegan no encontrar las verdaderas garantías en medio de territorios que aún enfrentan la presencia de actores armados ilegales con intereses particulares en las tierras y en el debilitamiento de las organizaciones sociales que representan los derechos de las víctimas.
Sin embargo, una de las ganancias de la ley –por ejemplo– es la posibilidad de plantearse una mirada distinta sobre las víctimas de violencia sexual, atroces crímenes especialmente plasmados sobre los cuerpos de las mujeres.
La guerra en Colombia no se ha librado única y exclusivamente sobre la tierra, más allá de las montañas y las selvas, la violencia simbólica ha mandado mensajes cifrados a través de la descarnada transgresión de los cuerpos de las colombianas. Casos fielmente ilustrados en las masacres de Bahía Portete, en La Guajira, y El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, corazón de Montes de María.
Después de los hechos, los violentos dejaron grafitis en las paredes de las casas de las víctimas, ilustrando los ataques sexuales y plasmándolos en la memoria colectiva.
Las narrativas describen agresiones sexuales. La mayoría, tal vez, silenciadas por la culpa, la vergüenza y el terror. La ley, al parecer consciente de esta tragedia, establece que el consentimiento por parte de la víctima no podrá inferirse en medio de entornos coercitivos, en los que la víctima se haya sentido incapaz de actuar con libertad. Tampoco podrá inferirse consentimiento del silencio o de la falta de resistencia.
Palabras más, palabras menos, los jueces y magistrados tendrán que dejar las acostumbradas justificaciones mediocres que benefician a los agresores sexuales y responsabilizan a las mujeres.
Por otra parte, la ley también prevé la urgente atención psicosocial, tan descuidada en estos tiempos y tan necesaria en medio de tanta sangre. Muchas víctimas aún duermen en medio de sobresaltos, con imágenes atrapadas de días de torturas y noches de terror.
Cerca al 10% de la población colombiana ha tenido que desplazarse, convirtiendo a Colombia en el segundo país, después de Sudán, con mayores cifras de desplazamiento forzado. No es problema ligero. Mientras se ocupan de la reglamentación de la nueva Ley de Víctimas, serán los próximos alcaldes y gobernadores quienes estarán obligados a enfrentar el desafío de su implementación.
La paz es quizá el asunto más importante que deben enfrentar nuestros gobernantes, y sin embargo, las víctimas siguen ausentes de muchos programas de gobierno y, peor aún, de las cabezas y los corazones de aquellos que se debaten para llegar al poder.
Por Claudia Ayola
claudiaayola@hotmail.com
