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23 de Febrero, 2012
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 Juan Torres Rico con un plano en la mano mostró el lote.
Sincelejo. Vía libre a la construcción de un parque en memoria de las víctimas de la violencia dio el Concejo capitalino al aprobar ayer, de manera unánime, el proyecto de acuerdo presentado en tal sentido a la corporación por el concejal Juan Torres Rico. La iniciativa establece edificar el denominado Parque Tejedoras de la Memoria de las Víctimas de la Violencia, donde los familiares tendrán un espacio simbólico para recordar a sus parientes y de paso sensibilizar a la comunidad sobre el tema. La obra se realizará en un predio del Municipio de mil 153 metros cuadrados, localizado entre las urbanizaciones La Torcaza y Ciudad Jardín. Durante la sesión, de casi dos horas, se vivieron momentos emotivos que tocaron no solo a los concejales sino a todos los asistentes. Uno de los más tocados con este tema fue el concejal Américo Donado, víctima de la violencia en el corregimiento El Salado, Carmen de Bolívar, en febrero del 2000. Como se recordará, ese corregimiento fue un escenario sangriento que cobró la vida de 66 personas y desplazó 600 familias. Durante su intervención, aunque evitó llorar, su voz entrecortada delató esa memoria histórica. "Yo sufrí en carne propia, así como mi familia, esa masacre de El Salado, por eso cuentan con mi apoyo total para este y todos los proyectos en beneficio de esta población". Rumualda Paternina, presidenta de la Fundación Tejedoras de la Memoria agradeció a todos los concejales por la aprobación de la iniciativa y les prometió que cuando se coloque la primera piedra ellos serán los primeros en estar allí. "Esto era lo que nosotros habíamos luchado por tanto tiempo para poder realizar el proyecto de construir el mural de los desaparecidos. Me siento satisfecha, pues para mi significa mucho. Ese parque es la vida de nosotros. Allí va a quedar plasmadas nuestras luchas", añadió Rumualda luego de asegurar que la obra se levantará en menos de un año. El concejal Torres Rico manifestó que la intención es replicar esta iniciativa en todos los municipios sucreños y Sincelejo será piloto dentro de la Ley de Reparación de Víctimas. "La ley establece que hay que hacer una reparación simbólica y además obligatorio para establecerlo en los planes de desarrollo de los alcaldes", dijo Torres y agregó que el Concejo está comprometido con las políticas del presidente Juan M. Santos como es el apoyo moral y una red de monumentos. |
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edgardoalfonso a las 08:00 · Sin comentarios
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14 de Enero, 2012
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 KAILLINE GIRALDOSe llevó a cabo en la Asamblea, la mesa de concertación para abrir camino al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre las masacres de Mampuján, Las Brisas y San Cayetano.  José Utria, diputado María Florido, delegada de la OEA.  Colombia Aduén, diputadaVarias de las víctimas de la violencia en Bolívar, a los que favorece la sentencia 34-547 de la Corte Suprema de Justicia se hicieron presentes en la mesa de concertación que se llevó en el salón de sesiones de la Asamblea Departamental de Bolívar ayer.
El encuentro, al que asistieron representantes de entidades territoriales y varios actores de la sociedad civil, fue un ejercicio para abordar cuáles serán las políticas aplicadas para atender y reparar a las víctimas de que habla la sentencia de la Corte.
Se trata de familias del corregimiento de Mampuján en el municipio de Marialabaja, Las Brisas en San Juan Nepomuceno, y otras áreas aledañas a estos municipios, que padecieron el rigor de las acciones violentas producidas por grupos al margen de la ley en Bolívar, desde comienzo de la década del año 2000.
Los compromisos
“Este encuentro, en realidad se trata de una audiencia preparatoria, a la audiencia que va a realizarse en el sitio de los hechos, es decir en Mampuján; asimismo en la sentencia hay unos compromisos colectivos, por eso como diputados debemos proyectar un plan de acción para la inversión social en esos sectores que fueron afectados”, explicó a El Universal el diputado de La U Jorge Rodríguez. El diputado dijo que de esta manera el Gobierno Departamental, que encabeza Juan Carlos Gossaín debe constituir cuanto antes los comités territoriales de justicia transicional para poner en funcionamiento esos planes.
Un vocero de las familias afectadas, le dijo a El Universal que “la sentencia de la Corte Suprema era clara, y las entidades territoriales debían acatar cuanto antes lo ordenado en ella, toda vez que la reparación aún no llegaba a las familias, cuando en los actuales momentos, la presencia de otros grupos armados, empezaban a desestabilizar los espacios conquistados”.
La diputada Colombia Aduén, una de las impulsoras de la convocatoria, del Partido de La U, recordó que la convocatoria obedeció a lo ordenado en la sentencia de la Corte, sobre las masacres antes señaladas.
“Esta mesa sentaron las bases para una política de reparación de víctimas en Bolívar en atención a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Para ello, vamos a solicitar una modificación al presupuesto del departamento aprobado el año pasado para esta vigencia 2012, para que las acciones y planes que se incluyan en el Plan de Desarrollo Departamental que construye la actual administración del gobernador Juan Carlos Gossaín, vayan encaminados a las familias víctimas de las violencia de Mampuján, Las Brisas, San Cayetano y los demás poblados”, dijo Aduén.
La diputada recordó que Bolívar será piloto en el emprendimiento y desarrollo de la ley de justicia y paz.
“Bolívar es el primer departamento en el cual se pone en práctica el cumplimiento de la sentencia 34 547, para dar cumplimiento a resarcir los daños que se le han causado a las víctimas de la violencia en Colombia, en eso radica la importancia esta mesa de concertación”. Explicó el diputado José Utria, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, que también integran los diputados Miguel Cueter y Colombia Aduén.
Al acto asistieron María Florido y Giselle Serrano de la OEA, Antonio Padilla, defensor del pueblo, el Alto Consejero para asuntos públicos de la Gobernación de Bolívar, Jaime Hernández Amín, Diana Mancilla, alcaldesa de Marialabaja, Gustavo José Castillo, alcalde de San Juan Nepomuceno, entre otros. |
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edgardoalfonso a las 09:15 · Sin comentarios
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10 de Enero, 2012
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El gobierno ha anunciado que esta semana comenzará a aplicar la Ley de Víctimas. Uno de los sitios piloto será Montes de María, y en particular, Carmen de Bolívar. Sin embargo, por lo menos en este pueblo de la Costa, el proceso ya comenzó con el pie izquierdo. El viernes 6 de enero el Concejo del Carmen de Bolívar eligió por ocho votos contra siete a Jorge Varela como nuevo personero municipal. Y los campesinos de Carmen de Bolívar están convencidos de que Varela es una ficha de ‘La Gata’, aliada de los despojadores en la región. Miaus al personero El personero es un personaje relativamente importante en cualquier municipio. Pero en uno como Carmen de Bolívar este año es absolutamente fundamental porque el personero servirá de enlace entre la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras en Bogotá y las víctimas en cada pueblo.
Los candidatos a la personería. De izquierda a derecha, Alberto González Catalán, Jorge Varela Sierra, Maribel Romero Tobías; Jesús Moreno Villaba y Erik Wladimir Bobadilla Peluffo
Momento de la pelea por la elección de Jorge Varela como personero.
Jorge Varela Sierra, nuevo personero de El Carmen de Bolívar. Según el decreto reglamentario de la Ley de Víctimas aprobado a finales del año pasado, el personero será el encargado de inscribir las organizaciones de víctimas que tendrán voz durante todo el proceso de restitución. Y más importante aún, será el responsable de tomar el testimonio de quien quiera registrarse como víctima. Con base en esa declaración, la Unidad de Restitución en Bogotá decide si debe ser o no beneficiario de la indemnización contemplada en la Ley de Víctimas. En conclusión, no hay nadie tan importante para las víctimas en todo el proceso de aplicación de esta ley que el personero municipal. Por eso es tan grave que quien sea elegido como personero sea percibido por los campesinos como un aliado de los victimarios. Si en realidad lo es, será el camino más expedito para volver esta ley una burla a las víctimas. La elección del Personero de Carmen de Bolívar estaba prevista para las diez de la mañana del viernes pasado. El recinto del Concejo estaba a reventar, con más de 200 personas de la comunidad que habían ido a presenciar la elección: campesinos, antiguos desplazados que con la creciente seguridad en la zona han vuelto a su pueblo. Cada uno de los siete candidatos a personero pasó adelante a echar un discurso. Uno de los más opcionados era Alberto González, un amigo del Alcalde, que fue abucheado por la población. El 30 de diciembre, el diario barranquillero El Heraldo había publicado un artículo en el que contaba que González era asesor jurídico de la Agropecuaria Génesis, una de las empresas que ha comprado más de cuatro mil hectáreas de tierra en los últimos años. Como lo contó hace unos meses La Silla Vacía, Agropecuaria Génesis junto con Agropecuaria Carmen de Bolívar, con 9,618 hectáreas cedieron sus títulos al Fideicomiso 1359, que es hoy en día uno de los ocho grandes tenedores de tierras en Montes de María. También habló el expersonero Jesús Moreno, que arrancó muchos aplausos y la hasta hace poco personera Maribel Romero, que también recibió una ovación. Ella hizo el recuento de las víctimas del municipio: 71 mil personas registradas como desplazadas, 1200 ya en proceso de reparación administrativa y reclamaciones de restitución sobre 35 mil hectáreas. Cuando le tocó el turno de hablar a Jorge Varela, entre abucheos e insultos de que él era un extraño en Carmen de Bolívar, comenzó a oírse un coro de maullidos. ‘Miau’ decían unos en los estrados, ‘miau’ respondían los otros, volviendo prácticamente inaudible el discurso de dos páginas en computador que había preparado el candidato. Detrás de los maullidos La razón de los maullidos es que desde el miércoles había comenzado a correr el rumor de que Antonio Correa, senador del PIN y aliado político de Enilse López, alias La Gata, se había reunido en Sincelejo con concejales de Carmen de Bolívar para que votaran por Varela, a cambio de plata. La Silla Vacía entrevistó a varias personas –entre miembros de la comunidad, concejales y comunicadores de la zona- que habían oído el mismo rumor pero que carecían de pruebas sólidas para respaldarlo. La Silla también llamó al senador Correa y a su asistente para confrontar la versión durante todo el fin de semana pero no pudo hablar con él. Lo que se sabe con certeza es que Varela Sierra fue promovido por el concejal del PIN Angel David Martínez y que fue elegido por los tres concejales de Cambio Radical (Xavier Blanco, Juan Pablo González y Ramiro Ortega), por Reynaldo Vásquez, del Partido Conservador, por el concejal de Aico Julio César Ponnefz, y por los dos concejales del Partido Liberal, Mauricio Fonseca y Sandra Salazar. En contra, votaron los cuatro concejales de la U, los dos de Afrovides y Nelly Rodríguez, del Partido Conservador. De esta manera, Varela, un abogado que estudió en Cartagena y es oriundo de Arjona, ganó con el apoyo de la misma coalición que a nivel departamental eligió a Juan Carlos Gossaín como Gobernador de Bolívar en las elecciones pasadas. En esa oportunidad, según la Corporación Arco Iris, para esa gobernación se dio un pulso entre la Casa García, del condenado Juan José García y su esposa la senadora Piedad Zuccardi, y 'La Gata'. ‘La Gata’ junto con su hijo, Héctor Julio Alfonso López, y Antonio Correa, ambos senadores del PIN, en alianza con la senadora de Cambio Radical Daira Galvis, el senador liberal Lidio García Turbay, el ex senador conservador William Montes y la casa Curi, derrotaron al partido de la U, en cabeza de Zuccardi y su esposo 'Juancho'. Varela fue elegido a pesar de que nunca antes nadie lo había visto en Carmen de Bolívar y a pesar de que representantes de la comunidad explícitamente le pidieron en esa misma sesión a los concejales que no lo eligieran. Casi que le rogaron a los concejales que por esta vez pensaran en las víctimas de la violencia. Sin embargo, su petición cayó en oídos sordos. Después de su elección, algunos de los concejales se enfrentaron en una trifulca. Y varios concejales de la U denunciaron la falta de transparencia en la elección. “Me parece de muy mal gusto el hecho de que se haya elegido un personero que nadie conoce y de quien se desconoce su procedencia. Esta elección fue vulnerada e ilegítima, pero de todos modos respetamos la decisión”, le dijo el concejal de la U Saúl Cohen Ortega al diario El Universal. Los campesinos se fueron a sus casas cabizbajos y con menos fe en la Ley de Víctimas que Santos ha dicho que será “histórica”. El poder en Carmen de Bolívar La desilusión de los campesinos no es para menos. Si el rumor que ha corrido sobre lo que hay detrás de la sospechosa elección del personero es cierto, la persona que será su lazarillo para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas habría sido puesta allí por un senador con claros nexos con la Gata. Antonio Correa fue elegido como senador del PIN en 2010 después de haber sido Secretario de Educación en Magangué durante la administración del otro hijo de 'La Gata', Jorge Luis, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por actos de corrupción. En las pasadas elecciones Correa también fue el ‘artífice’ de la candidatura Ramón Emiro Muskus Dumar, quien se postuló para la gobernación de Sucre, y luego se retiró. Muskus fue cuestionado por haber sido el secretario privado del ex gobernador Salvador Arana, condenado a 40 años por el asesinato del ex alcalde de El Roble Edualdo Díaz y conformación de grupos paramilitares, que despojaron la tierra de los campesinos, precisamente en Montes de María. Muskus finalmente se retiró para apoyar la candidatura única del cacique liberal Julio César Guerra Tulena, luego de un acuerdo entre los políticos de Sucre, inclido Antonio Correa y Teresita García, la hermana del ‘Gordo García’, exsenador condenado a cuarenta años por la masacre de Macayepo. “Los presuntos acuerdos que han abierto una discusión no solo en los corrillos políticos, sino en toda la sociedad sucreña, han surgido de presuntas reuniones entre el candidato Julio Cesar Guerra Tulena, hay quienes aseguran que será el próximo gobernador de Sucre, y los senadores Antonio Correa del PIN y Teresita García, hermana del ‘Gordo’ García. Se comenta que la adhesión de éstos a su candidatura se basa en garantizarle a Enlice López, ‘la Gata’, la continuidad en el control absoluto de los juegos de azar por intermedio de su empresa APOSUCRE, además de otras cuotas burocráticas,” denunció la Corporación Arco Iris antes de las elecciones. El nombre de la Gata es particularmente ofensivo en Carmen de Bolívar y en Montes de María porque versiones de los desmovilizados han indicado que la masacre de El Salado fue para recuperar las 400 reses que la guerrilla había robado en una de las fincas de La Gata. Esta es también una de las hipótesis sobre este crimen -que entre todas las masacres fue de las más crueles- que quedó plasmada en el informe de Memoria Histórica sobre la masacre cometida en ese corregimiento de Carmen de Bolívar. Un expediente de la Infantería de Marina sobre la Gata, revelado por Semana, que fue enviado a la justicia de Estados Unidos, presentan a esta empresaria del chance como miembro del Bloque Montes de María de los paramilitares. Según esa información encontrada en el computador de ‘Juancho Dique’, exjefe paramilitar de la zona, la Gata era la encargada del lavado de activos del bloque paramilitar a través de inversiones en finca raíz, compra de almacenes y haciendas e inversión en ganadería, versión que Enilse López siempre ha negado y tachado de persecución política por el éxito electoral de sus hijos. Ahora que viene el proceso de ubicar las tierras habidas de mala fe y despojadas a punta de la intimidación de los paramilitares, la persona que debería trabajar de la mano de las víctimas para ayudarles a recuperar sus tierras, será percibida por el origen de su nombramiento más cerca de la ‘Gata’ que de los campesinos que llevan más de una década sufriendo la guerra. No es una buena forma de estrenar la Ley de Víctimas.
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edgardoalfonso a las 09:12 · Sin comentarios
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24 de Diciembre, 2011
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A fin de que a las víctomas del actuar de Grupos Organizados al Margen de la Ley en el Carmen de Bolívar y municipios aledaños les sean reconocidos sus derechos, la Fiscalía Once de la unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, convoca a esta población a la jornada de acreditación de víctimas.
Esta actividad se realizará durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de este año (de lunes a jueves de la próxima semana) de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Institución Educativa Julio César Turbay de esa municipalidad.
Lo que se pretende mediante esta jornada es recolectar los documentos que servirán de soporte para la acreditación de víctimas.
Documentos
Para demostrar el daño al que la víctima fue sometido deberá presentar alguno de los siguientes documentos:
1. Copia de la denuncia por medio de la cual se puso en conocimiento de alguna autoridad judicial, administrativa o de policia el hecho generador del daño.
2. Certificación expedida por autoridad judicial, administrativa, de policía por el Ministerio Público para que de cuenta de los hechos que causaron el daño.
3. Copia de la providencia judicial por medio de la cual se ordenó la apertura de la investigación, se impuso medida de aseguramiento, o se profirió resolución de acusación o sentencia condenatoria, o del registro de audiencia según el caso, relacionada con los hechos que generaron el daño.
4. Certificación sobre la vecindad o la residencia respecto del lugar y el tiempo en que ocurrieron los hechos que produjeron el daño. Esta debe ser expedida por la autoridad competente del orden municipal.
5. Certificación que acredite o demuestre el parentesco con la víctima, si es el caso. Esta deberá ser expedida por la autoridad correspondiente.
Esta jornada especial también tiene como propósito facilitarle el proceso a las víctimas pues el trámite es gratuito y no requiere intermediación. |
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edgardoalfonso a las 14:11 · Sin comentarios
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30 de Noviembre, 2011
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 ArchivoEl Salado nunca se ha recuperado de la masacre ocurrida en el
2000.La nueva Defensoría Militar, Demil, denunció la existencia
de posibles ‘falsas víctimas’ en la masacre de El Salado,
Bolívar, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del
2000 en el que fueron asesinadas 59 personas por
paramilitares.
De acuerdo con una investigación de tipo
académico de la Demil, hay “graves inconsistencias en el proceso de
reconocimiento de verdaderas víctimas. Se encontró, que no existen coincidencias
entre los listados presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
(CNRR)”.
Uno de esos casos sería, según la Demil, el de Domingo
Ezequiel Salcedo, habitante del corregimiento de Canutalito, quien
habría sido encargado por los ‘paras’ “para señalar a las víctimas a cambio de
su vida y figura como persona afectada dentro del informe de
Admisibilidad de la CIDH”.
Según la Demil, Salcedo era parte del
grupo paramilitar que perpetró la masacre, fue capturado por Fuerza Pública en
agosto del año 2002 y condenado a más de 30 años por su responsabilidad en los
hechos. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Ternera en
Cartagena.
De acuerdo con la entidad el pasado 28 de octubre, la
Fiscalía General de la Nación investigó los nombres de cinco personas que se
encuentran en la demanda admitida por la Comisión Interamericana y que no están
acreditadas como víctimas ante la justicia colombiana.
Uno de esos casos
sería el de Eloy José Montes Olivera “cuya acta de defunción
fue realizada por la Notaria del Carmen de Bolívar el 30 abril del año
2000”. La Demil reseña que esa acta numerada como 490698, sorprende
porque “diez años después de la masacre del Salado, se ha podido establecer que
Montes no fue asesinado, sino que vive en el municipio de
Turbaco (Bolívar)”.
De todas formas, rescata la Demil, Eloy
Montes fue desplazado de la zona de los sucesos y su hijo asesinado y por estos
hechos no ha recibido reparación alguna.
De acuerdo con la Demil los
nombres que están en el informe de la CIDH pero no en la de la CNRR son:
Juan González, Daribel Restrepo, Ezequiel
Salcedo Montes (detenido), Carlos Daniel Martelo
Pimienta y Jainer Medina Rodríguez.
Y quienes
aparecen en el informe de víctimas de la CNRR pero no en el de la CIDH son:
Alberto Garrido, Carlos Eduardo Díaz Ortega, Isaac Contreras, Eloy Montes
Olivera, Óscar Antonio Meza Torres y Víctor Rafael Arias Julio.
En los
informes de ambas instancias aparece el nombre de Ever Alberto Núñez
Sánchez y el de Lever Alberto Núñez Sánchez, quienes
serían las mismas personas.
Para la entidad, estos hechos demuestran una
supuesta fragilidad en los sistemas de investigación colombianos y el sistema
internacional de Derechos Humanos que podrían ser utilizados por organizaciones
para incluir falsas víctimas o para dejar marginadas a quienes sí lo
son.
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edgardoalfonso a las 11:28 · Sin comentarios
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21 de Octubre, 2011
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Sincelejo. En una mañana de reflexión, en donde no se olviden los actos de violencia, pero que sí se cicatricen las heridas, se convirtió el acto de presentación oficial del monumento a las víctimas de la violencia “Memoria de las cicatrices”, ubicado en la entrada del bloque A, en Cecar.
Las "Mujeres Tejedoras de la Memoria" ofrecieron una ofrenda floral a las víctimas, que fue colocada en el muro.
"Las desapariciones, las muertes, nuestros familiares aún siguen en nuestras mentes", puntualizó Alice Vargas Vergara, vicepresidenta del grupo de Mujeres Tejedoras de la Memoria.
"Sufrir por un hijo desaparecido es algo que nunca pensábamos que nos iba a suceder, ya que somos personas de bien y de buenas costumbres", dijo Vargas, quien recordó que perdió a su hijo, Jorge Alejandro Hernández Vargas, cuando tenía 20 años, en el 2000 y 11 años después aún no conoce la verdad de su desaparición.
"No matan a los que se van, sino a los que quedamos", añadió con voz entre cortada.
La obra
"Memoria de las cicatrices", autoría del maestro Juan Ibáñez Torres, es una escena cruda que se trabajó durante nueve meses.
"Hemos recreado una de las tantas escenas trágicas de la violencia en donde seres masacrados levitan hacia el sol en busca de justicia. También la componen escenas de corralejas, de peleas de gallos, fandango, de las personas que se llevaban en hamacas, de los muertos que eran trasladados en Johnson para no hacer ruido", explicó.
A cicatrizar
Por su parte, monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo, quien estuvo presente en el acto, invitó a la ciudadanía a no olvidar, pero a cicatrizar. A que no mantengan vivas las heridas, porque se infectan y no son buenas para la salud.
En medio del acto se soltaron globos blancos como símbolo de paz.
Entre tanto, las "Mujeres Tejedoras de la Memoria" colocaron una ofrenda floral frente al muro. En ese momento las lágrimas se apoderaron de ellas.
"Memorias de las cicatrices" es un homenaje, entre otras, a víctimas de la masacre de El Salado (Carmen de Bolívar), de Chengue (Ovejas), La Siria (Toluviejo), Macayepo (Carmen de Bolívar), finca La Alemania (San Onofre) y Chalán. |
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edgardoalfonso a las 12:24 · Sin comentarios
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27 de Septiembre, 2011
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Las consecuencias del conflicto armado en Colombia jamás se alcanzarán a dimensionar. En el marco de la reglamentación de la nueva Ley de Víctimas, el Estado enfrenta un enorme desafío: responderle a aquellas personas que sufrieron lo indecible en medio de la guerra.
Las organizaciones sociales se pelean entre el optimismo de considerar esta ley como un significativo logro del actual gobierno, y el pesimismo (quizá realismo) de considerarla una ley tramposa, que beneficia a algunos y lava las manos de otros.
Algunos líderes desplazados consideran que la nueva Ley de Víctimas supondrá más muertos. Alegan no encontrar las verdaderas garantías en medio de territorios que aún enfrentan la presencia de actores armados ilegales con intereses particulares en las tierras y en el debilitamiento de las organizaciones sociales que representan los derechos de las víctimas.
Sin embargo, una de las ganancias de la ley –por ejemplo– es la posibilidad de plantearse una mirada distinta sobre las víctimas de violencia sexual, atroces crímenes especialmente plasmados sobre los cuerpos de las mujeres.
La guerra en Colombia no se ha librado única y exclusivamente sobre la tierra, más allá de las montañas y las selvas, la violencia simbólica ha mandado mensajes cifrados a través de la descarnada transgresión de los cuerpos de las colombianas. Casos fielmente ilustrados en las masacres de Bahía Portete, en La Guajira, y El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, corazón de Montes de María.
Después de los hechos, los violentos dejaron grafitis en las paredes de las casas de las víctimas, ilustrando los ataques sexuales y plasmándolos en la memoria colectiva.
Las narrativas describen agresiones sexuales. La mayoría, tal vez, silenciadas por la culpa, la vergüenza y el terror. La ley, al parecer consciente de esta tragedia, establece que el consentimiento por parte de la víctima no podrá inferirse en medio de entornos coercitivos, en los que la víctima se haya sentido incapaz de actuar con libertad. Tampoco podrá inferirse consentimiento del silencio o de la falta de resistencia.
Palabras más, palabras menos, los jueces y magistrados tendrán que dejar las acostumbradas justificaciones mediocres que benefician a los agresores sexuales y responsabilizan a las mujeres.
Por otra parte, la ley también prevé la urgente atención psicosocial, tan descuidada en estos tiempos y tan necesaria en medio de tanta sangre. Muchas víctimas aún duermen en medio de sobresaltos, con imágenes atrapadas de días de torturas y noches de terror.
Cerca al 10% de la población colombiana ha tenido que desplazarse, convirtiendo a Colombia en el segundo país, después de Sudán, con mayores cifras de desplazamiento forzado. No es problema ligero. Mientras se ocupan de la reglamentación de la nueva Ley de Víctimas, serán los próximos alcaldes y gobernadores quienes estarán obligados a enfrentar el desafío de su implementación.
La paz es quizá el asunto más importante que deben enfrentar nuestros gobernantes, y sin embargo, las víctimas siguen ausentes de muchos programas de gobierno y, peor aún, de las cabezas y los corazones de aquellos que se debaten para llegar al poder.
Por Claudia Ayola
claudiaayola@hotmail.com |
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edgardoalfonso a las 08:53 · Sin comentarios
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14 de Septiembre, 2011
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Un total de cuatro homicidios de líderes de restitución de tierras se han perpetrado desde mayo de 2010 hasta la fecha.
El primero fue Rogelio Antonio Martínez Mercado, miembro del Movimiento de Víctima de Crimenes de Estado (Movice), asesinado el 18 de mayo de 2010 en su finca La Alemania ubicada en el municipio de San Onofre (Sucre), y que lideraba el procesos de retorno de la empresa comunitaria La Alemania. Posteriormente, el 24 de noviembre, fue asesinado Óscar Manuel Mausa Contreras, el 24 de noviembre de 2010 en su finca llamada “El Pozo del Guamo” ubicada el caserío el cañito del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar).
Este año, el 23 de marzo, Eder Verbel Rocha fue ultimado, en su finca Puerto Colombia ubicada zona rural de San Onofre, y el pasado 1o de julio corrió la misma suerte el concejal de ese municipio, Antonio Luis Mendoza Morales. Justamente las investigaciones penales por estos dos homicidios son las más adelantadas, debido a que ya se encuentra en etapa de juzgamiento tres presuntos involucrados, ellos son Eder Antonio Arroyo, José Manuel Rivera y Jaider Ortega Jiménez, alias 'El Cocotero', en procesos que están a cargo de la Fiscalía Primera seccional de Sincelejo.
Pero tan preocupantes como estos homicidios perpetrados en 15 meses, son las constantes amenazas que, en su mayoría, se encuentran en estado de indagación por parte del organismo investigador. Más de 100 episodios de intimidaciones, seguimientos y persecuciones han sufrido estos líderes comunitarios que intentan evitar el despojo de sus tierras.
Algunos de los más amenazados han sido Ingrid Vergara, integrante del Movice, y su hija Cendy Paola Torres; Juan David Díaz, hijo del asesinado ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz; Eduardo Castro, secretario general de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios; e igualmente Jacqueline Moguea y Adolfo Verbel.
Estas y otras personas han luchado para que adinerados empresarios por medio de presuntas maniobras jurídicas fraudulentas, no se queden con predios como La Europa, de 1.231 hectáreas en el municipio de Ovejas (Sucre), que está en poder de la empresa Arepas 'Don Juancho', cuyos representantes legales son Juan Gabriel Vélez Jaramillo y Juan Guillermo Vélez Restrepo, o otros terrenos como la finca Ana María o Rodelo, en El Guamo (Bolívar), de una extensión aproximada de 200 hectáreas, que fue ofrecida por el desmovilizado Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias 'El Gordo', y que provocó, en un proceso que dejó varias dudas en la comunidad, que se profiriera una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, con la solicitud previa de un fiscal de Justicia y Paz, para restituir a una sola persona este predio que poseían 56 familias campesinas desde hace más de 35 años. |
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edgardoalfonso a las 09:45 · Sin comentarios
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Edgardo Tapia
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