El 18 de mayo de 2004 se inició en Cartagena de Indias la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otros dos países, Ecuador y Perú, nos acompañaban simultáneamente en aquel comienzo, más un cuarto país observador que fue Bolivia. Se previó que las negociaciones serían acompañadas desde “el cuarto de al lado”, por empresarios, dirigentes sindicales y sociales, políticos y académicos de los tres países, que podrían ser consultados y opinar sobre los diversos asuntos.
La suerte de las negociaciones fue distinta para cada país. Ecuador se retiró de la mesa por razones más políticas que económicas. Perú concluyó sus negociaciones de manera más o menos expedita, logrando la aprobación de su tratado por el Congreso de los EE.UU. y su implementación desde el 2009. Y para Colombia vino un largo trasegar de ires y venires, revisiones y aplazamientos que acaban de finalizar con la aprobación del TLC en el Congreso norteamericano.
Durante ese tiempo el Gobierno Nacional convocó a todo el sector productivo y al sector público a formular y ejecutar una Agenda para la Competitividad. Todos teníamos responsabilidades: los empresarios debían recapitalizar, modernizar sus industrias y mejorar su inserción en los mercados internacionales; las universidades debían enfrentar el reto de la pertinencia, la calidad y la ciencia y tecnología propias; los entes territoriales abordar con rigor el fortalecimiento institucional , la modernización de su infraestructura vial y de servicios, la salud y la educación del pueblo; y el Estado colombiano debía avanzar en sus luchas contra todas las manifestaciones de violencia –guerrilla, paramilitares, narcotráfico, delincuencia común - ; hacer reformas legales necesarias, garantizar los derechos sindicales y proteger la vida de los sindicalistas; ejecutar macro-proyectos de infraestructura tales como garantizar la navegación por el Río Magdalena desde Honda hasta Cartagena y Barranquilla, ampliación y modernización de Puertos y aeropuertos, construcción de ferrocarriles rápidos, ampliación y construcción de carreteras hacia el Caribe y hacia el Pacífico; reforma a la justicia para hacerla operante; formulación y ejecución de un Plan de fortalecimiento agropecuario y agroindustrial con desarrollo rural equitativo; reforma financiera y atracción de nuevos capitales de inversionistas; y, finalmente, un largo etcétera que, en conjunto, contribuiría a crear empleo, riqueza y mejores condiciones de vida para los colombianos así como para afrontar el nuevo tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.-
Cuánto hemos avanzado? Estamos listos para la implementación del TLC?. Qué hemos adelantado en las ciudades y Departamentos del Caribe colombiano?. Miremos, por ahora, las tareas que debían adelantar empresarios, Universidades y Gobernantes de la Costa Atlántica para aprovechar lo que, a todas luces, es una oportunidad esperada desde finales del siglo pasado cuando las políticas macroeconómicas favorecieron el desarrollo hacia adentro, con clara ventaja para el país andino y desfavorabilidad para las costas y la periferia colombianas. La respuesta a esos interrogantes no es auspiciosa. Salvo el Departamento del Atlántico y Barranquilla, bajo los gobiernos de Rodado Noriega, Verano de la Rosa y Alex Char, por un lado; algo en Magdalena y Santa Marta, por otro lado; en el resto de la región el panorama es desalentador. Ni que decir de Cartagena, donde el gobierno distrital mantiene aplazadas las principales tareas: tres cuartas partes de sus empleados con órdenes de servicios a tres meses de duración y/o suministrados; el Sistema Integrado de Transporte está muy retrasado y su componente Transcaribe no entrará en servicio antes de dos años; el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado iniciado hace aproximadamente 14 años aún no se termina y ya es insuficiente para la demanda actual de la ciudad; el proyecto Canal del Dique y la recuperación de la bahía no se inicia aún; las regulaciones urbanísticas para una nueva ciudad que privilegie el desarrollo sostenible no existen; el proceso cultural para abordar el crecimiento económico con equidad no se ha diseñado; la revisión de la estructura tributaria del Distrito para hacerla más competitiva no se ha propuesto; la agenda interna de competitividad está apenas formulada pero sin visos de implementación por el sector público y tampoco por el privado. Y todo sin contar lo que nos falta enunciar en salud, educación, políticas públicas de seguridad integral, eficiencia y eficacia administrativa y una visión compartida de futuro.
El panorama no es alentador. Por el contrario, desanimaría al más optimista. Por eso, ahora es cuando se requieren liderazgos serios, de conocimiento y dinámica especiales. No hay espacio para improvisaciones y aventuras con saltos al vacío. Elegir bien en las próximas elecciones sería un buen comienzo.-
