Desde el próximo año organizaciones internacionales no gubernamentales llegarán a Colombia con su tecnología y conocimiento para sumarse a la compleja misión de limpiar de minas antipersonal varias regiones del país azotadas y hasta deshabitadas por el miedo de la población a estas trampas mortales de los grupos armados ilegales.
Este es uno de los proyectos a los que se comprometió el Gobierno colombiano en la undécima reunión de los 158 países que hacen parte de la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, producción y transferencia de minas antipersonal, que tras una semana de sesiones culmina hoy en la ciudad de Phnom Penh, la capital de Camboya (Asia).
La delegación colombiana, liderada por el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), Daniel Ávila Camacho, presentó los logros y deficiencias en la lucha contra estos artefactos explosivos, que entre 2010 y 2011 han dejado 978 víctimas. Antioquia sigue como el departamento con más víctimas.
De las 438 víctimas reportadas este año, 132 civiles y 237 miembros de la Fuerza Pública quedaron heridos; mientras que 20 civiles y 49 uniformados murieron. La cifra de 540 víctimas en 2010 ubican a Colombia como el segundo país del mundo con más personas afectadas, solo superado por Afganistán, que tuvo 1.211. Siguen en la lista Pakistán (394), Camboya (286), Birmania (274), Irán (158) y Somalia (154).
A pesar de que el país ya suma 9.555 víctimas desde 1990, el Paicma destacó que campañas preventivas en zonas críticas como Antioquia, Meta, Nariño, Córdoba, Caquetá y Bolívar disminuyeron en 23 por ciento las víctimas en 2011, con respecto a 2010.
Urgen más desminadores
Uno de los compromisos adquiridos por Colombia discutidos en Camboya es fortalecer el desminado humanitario en las regiones más afectadas por la instalación de las minas antipersonal, a la que, según Ávila, sigue recurriendo la guerrilla para frenar la ofensiva de las tropas del Ejército o para impedir la erradicación de hoja de coca y marihuana.
"El presidente sancionó el decreto 3750, que crea la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, conformada por el Programa Presidencial contra Minas Antipersonal, el Ministro de Defensa y las Fuerzas Militares, que debe reunirse este 9 de diciembre para aprobar unos estándares para iniciar un proceso de acreditación para organizaciones no gubernamentales para que el próximo año ejecuten desminado Humanitario Colombia", aseguró Daniel Ávila Camacho, Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Otra de las decisiones adoptadas es la creación de nuevos pelotones de desminado humanitario, pues los nueve existentes no son suficientes para cubrir la solicitudes de tantos municipios que reclaman esta intervención, muchos de ellos, incluso, donde se planea restituir tierras a desplazados en cumplimiento de la Ley de Víctimas.
"Los nueve pelotones trabajan a tope en 10 municipios del país y aunque 650 de las localidades del país han reportado accidentes, en unos 100 hay condiciones de seguridad y control territorial de la Fuerza Pública para hacer desminado. La meta es tener 14 pelotones en los próximos dos años y llegar a 20 en cinco años", indicó Ávila.
El funcionario recordó que este fue uno de los compromisos de Colombia para solicitar la prórroga de 10 años para cumplir las metas acordadas en el Tratado de Ottawa. De allí el interés del Gobierno en acreditar organizaciones civiles especializadas para que se sumen a esta misión en el país. El municipio antioqueño de Cocorná es uno de los más opcionados para empezar desminado el año próximo. San Carlos se perfila como el primer municipio desminado.
Los 10 municipios donde el Ejército barre los terrenos minados son Granada, San Carlos, San Francisco (Antioquia); El Carmen, San Jacinto y Zambrano (Bolívar); Samaná (Caldas); El Dorado, Vistahermosa (Meta) y El Carmen de Chucurí (Santander).
En esas zonas se limpiaron 289.000 metros cuadrados y destruyeron 173 minas.
Falencias con víctimas
En la convención en Camboya la delegación colombiana reconoció que aún hay falencias en la atención a las víctimas.
"Hemos avanzado en las rutas de atención tras un accidente, como el transporte a tiempo y la atención hospitalaria, pero se deben fortalecer los programas de atención psicosocial y de reintegración socioeconómica para las víctimas civiles y sus familias", sostiene Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, presente en la cumbre en Camboya.
Además, la Ong reclamó que a pesar de ser el segundo país más afectado del mundo, Colombia no aparece entre los primeros cinco países que reciben cooperación internacional, como Afganistán, Iraq, Camboya, Sudán y Sri Lanka.
El panorama de este flagelo se agrava ante la realidad de que las minas antipersonal siguen siendo el "enemigo oculto" usado por las guerrillas contra las tropas, pero que no distinguen entre un soldado, un campesino o un niño.
Solo la IV Brigada del Ejército ha desenterrado este año en Antioquia 137 minas e incautado otras 1.575.
