Carmelo Márquez salió huyendo del Salado (Bolívar), tras la masacre ejecutada por los 'paras' en febrero del 2.000, y hasta el año pasado vivía de sembrar yuca, maiz y tabaco en la zona rural de Ovejas, en Sucre.
Por siete años tuvo unas cuantas hectáreas de tierras arrendadas allí, hasta que una gran empresa, -cuenta Márquez-, llegó a comprarlas para cultivar teca y otros productos que tradicionalmente no son sembrados en la región.
Márquez es uno de los cientos de labriegos que recientemente se reunió en un foro de campesinos de los Montes de María, convocado por las Organizaciones Campesinas de población desplazada (OPDS).
En el foro, quienes han sembrado esas tierras por décadas, y padecido los peores terrores del conflicto, llegaron a discutir la propuesta hecha por el gobierno de crear una zona de reserva campesina en la región, para protegerlos de nuevos despojos y consolidar la economía del campo.
Bajo esta figura, según explica Germán Cardoza, responsable del programa de reservas campesinas del Incoder, se delimita un área geográfica "con unas condiciones agro ecológicas y socioeconómicas (...) para ordenar social y ambientalmente la propiedad".
"Tiene como objeto -agrega Cardoza-, aportar a la justicia social, en la estabilización y consolidación de la economía campesina, y darle trascendencia al desarrollo rural en esas zonas".
El debate se encendió en septiembre del año pasado, cuando el ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, propuso crear una zona de reserva en los Montes de María, según consta en notas de prensa del ministerio.
Restrepo argumentó que los despojos violentos de otra época en los Montes de María, se han "trocado" a despojos de hecho, "donde unos personajes llegan allí, de poncho y con carriel lleno de dinero a comprar masivamente los predios campesinos".
El ministro también dijo que el Gobierno mira las zonas de reserva campesina no solo como una forma de blindar las reservas forestales, sino también para detener esta clase de compras de tierras que pueden acabar en una "acumulación malsana".
Muchos de los campesinos que asistieron al foro estaban temerosos de que vendría, o cómo cambiarían sus actividades económicas si efectivamente se crea una zona de reserva campesina en la zona de los Montes de María, que comparten Bolívar y Sucre.
Entre esos estaba Márquez, quien piensa que si finalmente se crea la reserva -que está en estudio y no tiene fechas definidas-, deberían prohibir la venta de tierras para proteger las propiedades de generación en generación.
"Si vamos a vender en 10 años seguimos con lo mismo. En 10 o 15 años venimos otra vez a decir que hace falta de tierra", señaló el labriego.
Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura, reconoció que hay quienes dicen que "para que les damos títulos de propiedad al campesino si apenas tenga el título va vender la tierra para irse a vivir a la ciudad",
"Pues yo les digo -exclamó Reyes en el foro- que si el campesino decidió que apenas reciba su título, de su tierra, quiere venderla e irse a vivir en la ciudad, tiene todo el derecho de hacerlo. Porque su tierra es su patrimonio. ¿A qué otro colombiano le prohíben que venda su patrimonio?".
El asesor del ministerio defendió la creación de la reserva y también pidió que se fortaleza la organización entre los campesinos, porque si se hace: "el campesinado va volver a ser otro factor relevante de primer orden en la lucha por la tierra y en el desarrollo rural"
"Revivamos, reestructuremos, revitalicemos la organización territorial de las comunidades campesinas. Ellos son los verdaderos socios del Gobierno. Con ello se va ser el desarrollo rural, la restitución de tierras, la formalización de títulos de propiedad", pidió Reyes.
Una vez terminó el encuentro los labriegos de la OPDS pidieron, en un documento de 15 puntos, que se revise la acumulación de grandes extensiones de tierra para cultivos de palma aceitera y maderables en la región.
"Que la zona de Reserva Campesina en los Montes de María sea una herramienta eficaz para detener el avance de estos latifundios y megaproyectos agroindustriales que amenazan la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro territorio", reclamaron.
