El Carmen de Bolívar. La Contraloría General de la República, por medio de la dirección de Gestión Social y la Contraloría Departamental de Bolívar, investigará si hubo irregularidades fiscales en la Urgencia Manifiesta decretada por la Administración de Galo Torres Serra, recientemente destituido por la Procuraduría General de la Nación.
La decisión fue adoptada en virtud de una serie de denuncias y a una acción de tutela que interpusieron los rectores de las instituciones educativas en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, para exigir la inversión de más de $1.140 millones correspondientes a calidad educativa y comedores escolares de la vigencia 2010.
La Contraloría General y la Departamental le comunicaron al presidente del Colegio de Rectores, Dalmiro García Henríquez, que luego de realizar una evaluación de las denuncias realizadas por los docentes, se iniciarán las averiguaciones del caso.
"Le informamos que realizada la evaluación, se ha dado traslado a la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Social, de la Contraloría General de la República, dependencia competente para adelantar las diligencias y/o ejercer el control fiscal pertinente, el cual se encuentra sujeto a los términos y procedimientos establecidos en la Constitución y en la normatividad aplicable", advierte la Contraloría.
A juicio de García Henríquez, es muy positivo que ese órgano de control haya acogido todas sus quejas, y esperan que los resultados de la investigación se den en un corto tiempo, porque los más perjudicados con la situación son los estudiantes. "Queremos claridad puntual en las investigaciones para que se demuestre el grado de responsabilidad fiscal al que haya lugar dentro de esta investigación contra el Alcalde", dijo.
