VÍCTIMASAunque la restitución de tierras arrancará en forma en 2012, el proyecto piloto que el gobierno emprendió este año enfrenta ya toda una “guerra jurídica”.
Pese a que se entregaron cientos de miles de hectáreas, 2011 fue apenas un año de preparativos para el que es quizá el programa más importante del gobierno Santos: la promesa de devolver las tierras a los que les fueron despojadas. Con la aprobación, en junio, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y de sus decretos reglamentarios, en diciembre quedó listo el marco jurídico para poder cumplirla. Esta es, sin duda, la ley del año. Pero la tarea empezará solo a comienzos de 2012. Entonces se sabrá si el gobierno está a la altura de los titánicos desafíos de seguridad, institucionales y jurídicos que plantea la restitución en medio de un conflicto armado que no termina y una coalición de poderosos intereses contrarios. Para la muestra, la batería de ataques –legales e ilegales– que esta enfrenta, aun antes de empezar.
El año 2011 fue el de los preparativos: el gobierno se concentró en fortalecer la institucionalidad, unificar y depurar el registro de tierras, titular baldíos y brindar seguridad a las víctimas. Y, ante todo, en enviar el mensaje simbólico de que tiene la decisión política para llevar a cabo esta reforma.
Eso fue lo que hizo el llamado Plan de Choque. Los ministros de Agricultura y del Interior, el director del Incoder y hasta el presidente Santos viajaron a zonas emblemáticas como Urabá, Mapiripán y Montes de María a entregar 493.272 hectáreas a campesinos y desplazados, 165.375 a los indígenas y 79.947 a comunidades afrocolombianas.
A pesar de que la gran mayoría son terrenos baldíos, pues el proceso de recuperación de tierras de manos de quienes se las apropiaron por la fuerza o por fraude avanza de manera más lenta, las dificultades no tardaron en aflorar. Aunque el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas han venido articulando una estrategia de seguridad, y aunque se creó una instancia de diálogo y seguimiento con las organizaciones, nueve líderes de víctimas y varios campesinos reclamantes, como Leoncio Mendoza, de Montería, fueron asesinados este año. Las intimidaciones han impedido a una familia, los Salabarría, volver a dos de los predios de Nuevo Mundo, en Córdoba, que les devolvió el Incoder.
Habrá que encontrar fórmulas para que a los retornantes no les quiten las tierras mediante argucias jurídicas. Según el Incoder, los 19 procesos emblemáticos de tierras entregadas en el Plan de Choque enfrentan recursos jurídicos o demandas ante el Consejo de Estado, como es el caso de las tierras que buscan restituir en Jiguamiandó y Curvaradó.
Parte del talón de Aquiles son las instituciones locales, debilitadas por reformas en el gobierno anterior e infiltradas por todo tipo de mafias. El Incoder ha emprendido un proceso de depuración y renovación de su personal (hay 152 indagaciones preliminares que involucran a 55 funcionarios y exfuncionarios) y se han creado nuevas superintendencias delegadas territoriales, pero hay dudas de que esto sea suficiente.
La Superintendencia de Notariado y Registro creó la Delegada de Protección, Formalización y Restitución de Tierras, con 20 funcionarios que han descubierto irregularidades en varias notarías y oficinas de Registro. Los registradores de San Martín, Carmen de Bolívar, Florencia, San Vicente, Acacías y Agua de Dios fueron sacados de sus cargos, así como otros 20 funcionarios de la entidad. Los primeros resultados concluyeron la semana pasada con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a varios funcionarios del departamento de Bolívar, entre ellos, tres notarios y una exregistradora de Instrumentos Públicos.
La Superintendencia, el Incoder y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi también han avanzado en un trabajo conjunto de reconstrucción de la historia de tierras despojadas. Esta semana deben terminar el censo de quienes perdieron sus tierras en Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó, y sendas investigaciones sobre despojo en el Catatumbo y el oriente antioqueño.
El Plan de Choque ha funcionado. Pero también ha dejado clara la magnitud del reto que enfrenta el gobierno para devolver sus tierras a las víctimas de la violencia.
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