Henry Villarraga O., magistrado del Consejo Superior.
Las gestiones para aguantar cerca de tres centenares de procesos
judiciales fraudulentos, en los que el Instituto Nacional de Vías,
Invías, tendría que pagara multimillonarias indemnizaciones en la Costa
Caribe, comenzaron a dar resultados con la expedición de ordenes de
captura contra los jueces que se prestaron para desfalcar al Estado.
37 jueces civiles municipales de Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico
y Córdoba deberán responder por procesos que adelantaron sin tener en
cuenta que estaban por fuera de su competencia, pues las indemnizaciones
exigidas por particulares debían ser atendidos en juzgados
administrativos, recordó el presidente de la Sala Disciplinaria del
Consejo de la Judicatura, Henry Villarraga.
De acuerdo con denuncias del Invías, presentadas también ante la
Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía General, los jueces
aceptaron, además, reclamaciones prescritas, dictaron fallos durante
vacancias judiciales y no permitieron reclamaciones.
La primera captura, informó El Tiempo.com, fue hecha efectiva contra
el juez promiscuo de San Marcos, Sucre, Emiro Rafael Salgado Atencia. Su
presunta responsabilidad penal consistió en embargar $8.000 millones
del Invías para amparar el reclamo del propietario de una finca, de la
que fueron adquiridos 4.000 metros cuadrados para la carretera San
Marcos - Majagual - Achí.
El Instituto de Vías reportó que existen otras 47 decisiones
similares que suman $13.000 millones, además de que ya varios
demandantes y sus abogados $25.967 millones.
Como suele suceder en las demandas contra entidades estatales, a
juicio del procurador judicial 44 de Sincelejo, Raúl Vergara, en todos
estos casos hubo ausencia de defensa técnica del Invías.
Tumban 52 procesos
Además de los jueces investigados, cuatro peritos y cinco abogados
están involucrados en las supuestas anomalías. Los representantes de los
demandantes sostienen, con base en normas del Código Civil, que da un
plazo de 20 años para reclamar indemnizaciones, que los terrenos
utilizados para construir vías fueron expropiados y no se pagaron.
Paralelo a la decisión de los jueces, a comienzos de noviembre el
Invías informó que, a través de las decisiones 101 y 104 del 20 y 26 de
octubre pasado, respectivamente, el Consejo de la Judicatura tumbó 47
decisiones cuestionadas por valor de $25.000 millones. Asimismo, los
Tribunales Superiores de Bolívar y Sucre ordenaron a jueces municipales
dejar sin efecto otros cinco procesos por $6.900 millones.
Otros 280 procesos
En comunicado enviado a EL HERALDO, el Invías informó que desde 2000
enfrenta 280 procesos judiciales de este tipo, en los que particulares y
abogados reclaman cerca de $350 mil millones.
La entidad nacional dijo que, en mayo pasado, fallos de la Corte
Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura dejaron en claro
que estas demandas deben ser tramitadas ante juzgados administrativos,
es decir los dos tribunales le cerraron el paso a la multimillonaria
trampa contra el Estado.
Por José Granados Fernández
jose.granados@elheraldo.com.co