Cuando Robert Guerrero, aspirante a la Alcaldía de San Jacinto (Bolívar), se enteró por un comunicado de prensa de la Registraduría de que había sido certificado para ser candidato, creyó que en ese momento despegaba su aspiración.
El entusiasmo creció cuando, en un segundo boletín, el máximo organismo electoral ratificó dicha certificación. Pero días después todo se fue al piso, tras conocer el informe oficial de revisión de apoyos a su candidatura, emitido por la misma Registraduría. Allí se le rechazaba la inscripción por no cumplir con el número de respaldos requerido.
Inmediatamente tomó los papeles que ahora presenta como soportes y cruzó la información, descubriendo —según dice— “graves inconsistencias”. El 12 de julio había llenado el formulario de inscripción como candidato a la Alcaldía de San Jacinto por un movimiento significativo de ciudadanos, soportado por 4.154 firmas. “Aquí hay dos irregularidades evidentes: una, que aparecí certificado en los boletines de prensa y, luego, en la notificación, se me dice que no cumplo con los requisitos. Y dos, que en este último documento se dice que presenté 4.305 firmas, cuando en el documento de inscripción hay constancia de que aporté 4.154”, explica Guerrero, entre sorprendido e indignado.
El informe sobre la revisión de esas firmas por parte de la Registraduría señala, efectivamente, que Guerrero presentó 4.305 apoyos y que sólo 2.660 resultaron válidos. Los demás presentaron inconsistencias: eran firmas de personas fallecidas, no estaban registradas en el censo electoral, estaban repetidas o eran ilegibles, entre otras.
Para el candidato, quien renunció al Concejo de San Jacinto para aspirar a la Alcaldía, lo que hay detrás de estas inconsistencias es una “mano negra” interesada en torpedear su ascenso político, pues asegura que va punteando en las encuestas de intención de voto. Pero lo más grave es su percepción de que esa mano negra actúa desde el interior de la misma Registraduría.
Las denuncias de Guerra aparecen al tiempo que el organismo electoral se encuentra en el ojo del huracán por el caso de Cali: dos candidatos a la Alcaldía de esa ciudad denunciaron haber sido chantajeados económicamente para modificar el concepto en el tema de las firmas e incluso se atrevieron a decir que les pidieron dinero por arreglar las elecciones.
Ahora, al caso de la capital vallecaucana se suma el de San Jacinto (Bolívar). Según el más reciente informe de la Registraduría, además de los dos candidatos de Cali y de Guerra, también fueron rechazadas las inscripciones de Germán Darío Naranjo, aspirante a la Alcaldía de San Pedro (Antioquia), Robinson Muñoz Sánchez, a la Alcaldía de Maceo (Antioquia) y Zunilda Esther Daza, quien buscaba la Alcaldía de Ariguaní (Magdalena).
