El centenario del nacimiento de Lucho Bermúdez ha multiplicado los ecos de su porro más emblemático, Carmen querido, dedicado a su pueblo natal. La muerte sorprendió al maestro en 1994, y le ahorró el dolor de saber que El Carmen de Bolívar no es solo tierra de placeres, de lindas mujeres, de luz y alegría, sino también de alcaldes sospechosos y notarios venales.
El martes empezó en este municipio costeño la formulación de cargos contra seis exalcaldes de Montes de María, la bella región de La hamaca grande, violada, robada y ensangrentada por guerrillas, paramilitares y funcionarios corruptos. Tres de los exalcaldes (elegidos "democráticamente", por supuesto) son de El Carmen; los otros, de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. También se investiga a tres secretarios municipales, seis notarios y un registrador. Están acusados de robar tierras del Estado y de campesinos desplazados por la violencia y adjudicarlas a paramilitares, narcotraficantes y calanchines. La justicia dirá si son culpables.
Montes de María es el típico retrato del despojo agrario, móvil final de la guerra civil que -bautizada con el nombre paliativo de "conflicto"- se libra en Colombia desde hace décadas. Tierra querida de despojos, de masacres, de complicidades, de podredumbre administrativa y política.
La esperanzadora Ley de Restitución de Tierras, si se aplica con firmeza, podría cambiar esta ecuación de violencia e injusticia social. El Gobierno lo entiende así y está convocando marchas campesinas en su apoyo, lo que provoca alarma en la derecha terrateniente. A mí me parece indispensable demostrar que el programa es urgencia de todos los colombianos. Es esa la credencial que exhibo cuando, estando de acuerdo con la Ley, critico las tentaciones de que se haga con ella demagogia aritmética, se desvirtúe su fin de beneficiar al despojado o se monte una infraestructura jurídica en cuyos vericuetos se extravíen las víctimas y sus ilusiones.
En carta a Cambalache, el doctor José Ricardo Sabogal, secretario de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), señala que la cifra de restitución de predios (hasta ahora, digo yo, lánguida en su realidad y delirante en sus metas) avanzará gradual y progresivamente hasta atender en el 2020 un total de 360.000 reclamaciones. También dice que "el 40 por ciento de los derechos sobre la tierra son informales" y el propósito es legalizarlos debidamente. (Si es verdad que la carga de la prueba corresponde en esta ley al nuevo dueño, ¿por qué no lo demuestra el poseedor?)
Para ello, el Gobierno asignará a cada demandante "un abogado que de manera gratuita lo asesorará y acompañará a lo largo de todo el proceso". Considerando que son 360.000 reclamaciones, y que es difícil que un litigante lleve al mismo tiempo más de 50, se creará un hormiguero de 7.200 abogados "acompañantes". ¿Imaginan ustedes el laberinto tinterillesco que espera a los pobres campesinos?
El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, parece anticipar el desenlace. Según él, "en Colombia hay unas bacrim (bandas criminales) jurídicas compuestas por abogados muy hábiles" que avalaron los despojos mediante 150 métodos de robo de tierra. De la misma pandilla formaban parte alcaldes y notarios. ¿Quién defenderá al campesino de esta nube corruptible y peligrosa?
ESQUIRLAS. 1) En su infame ceguera, las Farc creen que recurrir a la forma más cobarde de lucha, que es el atentado terrorista, les permite avanzar en su ruta. Lo que han logrado es lo contrario: ¿qué grupo mediador de paz se atreve ahora a pedir un diálogo? 2) Los fallos de la justicia deben acatarse, pero esto no significa que no puedan comentarse, debatirse y criticarse. 3) Freud diría que aquel bárbaro dirigente de fútbol que llamó al homosexualismo "la peor enfermedad del mundo" lo que espera, inconscientemente, es que alguien lo vacune contra el mal a partir del principio del "similia similibus curantur": lo semejante se cura con lo semejante.
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