Las huellas de la barbarie paramilitar siguen frescas en la región colombiana de Montes de María, pero los desplazados contienen el miedo y están dispuestos a retornar a sus tierras si se les garantiza un mínimo de seguridad.
Desconfiados de las autoridades locales, los campesinos de Montes de María (norte) llevan semanas organizándose para el largo e incierto proceso de reclamación de sus terrenos a través de la nueva Ley de Restitución de Tierras.
En esta deprimida región, utilizada por el narcotráfico como vía de acceso al Caribe, la pesadilla del despojo parece no concluir, pese a que hace un lustro que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron formalmente tras un atroz historial con decenas de masacres.
"En diciembre, la misma mujer que hace cinco años me vendió un pequeño terreno volvió para expulsarme, acompañada del jefe de una banda armada. He puesto varias denuncias pero la finca sigue ocupada", relató el viernes a la AFP el agricultor Ronald Castilla, a la salida de una reunión de víctimas en El Carmen de Bolívar, uno de los 15 municipios que integran Montes de María.
"Yo quiero la tierra, quiero trabajarla. Es lo único que tengo para mí y para mis hijos", dice Castilla, quien presentará su demanda ante el programa del gobierno que busca devolver casi dos millones de hectáreas a unas 350.000 familias despojadas en los últimos 20 años.
Como tantos otros, el agricultor ya conoció el desplazamiento a inicios de la pasada década, época en que pueblos como El Carmen de Bolívar se vaciaron casi por completo, por la campaña de terror que los paramilitares emprendieron en muchos puntos de Colombia para expulsar a las guerrillas comunistas.
En esta pugna, el control de territorios -y por ende, de las poblaciones civiles- se convirtió en un objetivo militar.
Después de masacres como la del 2000 en El Salado, cuando un escuadrón paramilitar asesinó a por lo menos 60 personas en esta zona rural de El Carmen, se daba aviso al resto de pobladores para que se marcharan en menos de 24 horas.
Decenas de miles de personas abandonaron sus terrenos y se fueron a malvivir a ciudades cercanas.
Nery Orlando llegó en 2001 a la costera Cartagena, a unos 110 km al sur de El Carmen, pero siempre con la esperanza de recuperar la parcela en la que plantaba maíz y yuca, lo cual intentará retomar con la denuncia que interpuso hace un mes.
"He regresado a la finca en alguna ocasión y los vecinos me han dicho que las personas que la ocuparon no han invertido nada porque creen que se la pueden quitar", dice Orlando a la AFP.
De todas formas, prosigue, "no estamos seguros de que el Estado nos pueda garantizar la vida allí".
No solo los paramilitares se aprovecharon de esta huida masiva. Otros oportunistas se hicieron con terrenos cuya propiedad no estaba claramente definida. También convencieron a desplazados propietarios de que su única opción era vender las parcelas aunque fuera a precios irrisorios.
El conflicto que enfrenta al Estado contra las guerrillas comunistas desde hace casi medio siglo ha sido alimentado por el histórico atraso e inestabilidad rural, con cuatro de cada 10 predios sin una propiedad definida.
El resultado de todo ello es un rompecabezas que el gobierno pretende recomponer con la inédita ley de restitución, promulgada el año pasado y que entró en vigor el 1 de enero.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al mando de la aplicación, advierte que se perseguirá a todas las empresas que adquirieron tierras en zonas donde no estaba permitido por su conflictividad, como Montes de María, y asegura que esta ley es un asunto de justicia con los campesinos colombianos que no tiene marcha atrás.
"El campo colombiano es un tercio más pobre que el promedio nacional (...) Nuestro propósito es que haya un mejor vivir y unas condiciones de promoción social más dignas para la gente del campo", recalcó el ministro el viernes durante la apertura de la oficina para la recepción de demandas en El Carmen.
Restrepo reconoce los riesgos que entraña el proceso -ocho líderes de los reclamantes fueron asesinados el año pasado- pero pide confianza en el compromiso y capacidad del gobierno para garantizar esta histórica tarea.
Sobre el terreno, Ronald Castilla está dispuesto a dar el paso pero teme que no sea más que un nuevo capítulo de la desgracia de los desplazados. "Los que nos despojaron tienen mucha plata", expone. "Y si tienen que pasar por encima nuestro como una aplanadora, lo volverán a hacer sin escrúpulos", advierte.
