Estas tierras tenían restricciones para su
comercialización porque eran de familias desplazadas.
Por tramitar al menos 25 escrituras de predios que tenían restricciones para
su venta, la Fiscalía imputó cargos contra el notario 29 de Medellín, Juan
Álvaro Vallejo Tobón. y el asesor jurídico de esta dependencia y notario
encargado. Hernán Alonso Gutiérrez Vallejo.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos predios
tenían restricciones para su comercialización ya que eran de propiedad de
familias desplazadas por los grupos armados que delinquieron en Los Montes de
María.
Las 1.876 hectáreas que se tramitaron irregularmente se encontraban en los
municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar y Zambrano
(Bolívar) y fueron obtenidas de manera masiva por personas naturales o empresas
ficticias, que en la mayoría de los casos presionaron a los campesinos para
adquirirlas a menor precio.
Según el ente acusador, durante las transferencias del derecho de
dominio los funcionarios hoy investigados no exigieron los certificados de
tradición y libertad con los que debían determinar que los predios eran unidades
agrícolas familiares bajo protección estatal, cuyo derecho se les había
concedido a las familias que luego fueron desplazadas.
Por su presunta responsabilidad en estos hechos, el ente acusador les imputó
a los procesados los delitos de prevaricato por omisión agravado en concurso
homogéneo y sucesivo.
Ni Vallejo Tobón ni Gutiérrez Vallejo aceptaron su responsabilidad en
los cargos formulados por la Fiscalía.
