Los damnificados por los deslizamientos de tierras del
barrio Las Margaritas, llegaron nuevamente a las instalaciones del Palacio Municipal para pedirle al
alcalde titular, Galo torres Serra, y al encargado, Geovaldi Gonzalez Jiménez, el lote donde poder construir sus
viviendas.
Los damnificados aseguran que debieron abandonar el sector donde se encontraban construidas sus
viviendas, debido a los deslizamientos de tierra generados por las fuertes lluvias que cayeron en este municipio a finales del año pasado.
Agregan que temen que en cualquier momento les suspendan el servicio de energía, ya que le adeudan a Electricaribe aproximadamente 2 millones de pesos en servicios prestados, y desconocen el contrato de arrendamiento entre la Administración y los administradores de la bodega para su estadía allí.
Según la
presidenta de la Junta de Acción Comunal, Osiris Ortiz Cobilla, en estos momentos se encuentran en una grave situación porque no reciben soluciones de parte de ningún Gobierno, y no existe un responsable de lo que les pueda pasar.
“Responsabilizamos públicamente al alcalde Galo Torres Serra y al alcalde encargado de los que pueda pasar con la vida de alguno de los afectados del barrio Las
Margaritas, porque la negligencia de la Administración ha sido muy grande para solucionarnos el problema de vivienda”, indica Ortiz.
Los representantes de la comunidad aseguran que debe darse una solución inmediata, ya que la mayoría de los habitantes de los albergues son menores de edad y se están presentando enfermedades tanto físicas como en el tracto respiratorio.
Derecho de peticiónLos abogados que representan a esta población le enviaron el pasado 23 de marzo un derecho de petición a la Alcaldía, en el cual solicitan información sobre los proyectos de vivienda de interés social que la Administración está vinculando o por vincular para beneficio de los afectados del barrio Las
Margaritas.
Igualmente, pidieron información sobre la existencia de un terreno disponible incluido el denominado sector del 28, para atender a las 167 familias afectadas el año pasado.
Debido al vencimiento del tiempo para responder el derecho de petición, los representantes legales de los afectados interpondrán una acción de tutela como mecanismo de protección a los derechos fundamentales e individuales.
