–Son más de 40 mil el número de hectáreas de tierra que se robaron en los
Montes de María, costa norte colombiana, los paramilitares y otros grupos criminales, así como terratenientes y empresas privadas, con la complicidad de registradores, notarios, funcionarios del Incoder, de las alcaldías y de los comités territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada.
Así lo establecieron el Ministerio de Agricultura, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo que constituye el primer capítulo de la investigación que se adelantó sobre el particular y que está consignada en el llamado “ libro blanco de las irregularidades en la tenencia de la tierra en Colombia”.
En total se destaparon 1.600 irregularidades que tienen que ver con infracciones a las normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario.
El siguiente es el texto del documento:
LIBRO BLANCO DE LAS IRREGULARIDADES EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA
CAPÍTULO 1 – OCTUBRE DE 2011
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como líder de la política integral de tierras y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural como uno de sus ejecutores, tienen la responsabilidad de informar al país sobre las líneas de acción que se están asumiendo para implementar la restitución de tierras despojadas, la recuperación de tierras baldías y fiscales de la Nación y la formalización de la propiedad rural.
Igualmente, otras instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Especial para la Gestión de la restitución de Tierras Despojadas y la Fiscalía General de la Nación, protagonistas de la ejecución de esta política de restitución de tierras, también han realizado importantes acciones que el país debe conocer.
A partir de esta primera entrega, en adelante se continuará de manera periódica informando al país el Libro Blanco de las acciones de Estado para la materialización de los elementos de la política de tierras.
INTRODUCCIÓN
Este documento versa sobre 1.600 irregularidades detectadas en la transferencia de las tierras en Los Montes de María, sobre aproximadamente 40.000 hectáreas, en las cuales se cometieron infracciones a las normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario.
En la comisión de estas irregularidades participaron registradores, notarios, funcionarios de INCODER, de las Alcaldías, de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, intermediarios, particulares y empresas.
El Estado ya ha trazado las acciones para remedias estas irregularidades. El problema ya está diagnosticado, y ya comenzamos a aplicar los diversos procedimientos administrativos, judiciales, disciplinarios y penales para reversar esta situación en Los Montes de María. A partir de hoy, serán constantes los anuncios de casos resueltos, tierras recuperadas, errores corregidos, judicialización de responsables y restablecimiento de derechos a los afectados.
Adicionalmente, anunciamos al país la resolución de dos casos emblemáticos de la problemática de tierras. El Estado ya recuperó más de 800 hectáreas de tierras para proceder a disponer de ellas a través de programas de dotación de tierras a campesinos. Se trata de la extinción de dominio del predio La Porcelana en Cáceres (Antioquia) y del deslinde de las tierras comunales de las ciénagas de Amansaguapo, caño Viloria y El Dividivi en San Marcos (Sucre).
CONTENIDO
1. LA PROBLEMÁTICA DE TIERRAS EN LOS MONTES DE MARÍA Y ACCIONES DE ESTADO PARA SOLUCIONARLA
Tipologías de irregularidades. Análisis de casos.
Acciones de Superintendencia de Notariado y Registro.
Acciones de Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
Acciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Acciones de Fiscalía General de la Nación
2. LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS PARA LA DOTACIÓN DE TIERRAS A CAMPESINOS EN ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS
Caso La Porcelana
Caso Las Pavas
Caso Ciénagas de Amansaguapo, Caño Viloria y El Dividivi
1. LA PROBLEMÁTICA DE TIERRAS EN LOS MONTES DE MARÍA Y ACCIONES DE ESTADO PARA SOLUCIONARLA
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en la información aportada por la Superintendencia de Notariado y Registro, el Proyecto de Protección de Tierras y el INCODER, ha identificado una serie de hallazgos e irregularidades cuya solución empieza a trazarse mediante los mecanismos que veremos a través de este documento.
En esta medida, de manera sistematizada, se presenta un bosquejo con los hallazgos, el lugar donde están ubicados los predios y las personas naturales y/o jurídicas presuntamente vinculadas a los actos de transferencia, adjudicación o revocatoria irregular de predios. De igual manera, se señalan las acciones emprendidas o que se iniciarán con base en la información analizada y sistematizada.
ACCIONES DE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO- SNR
Por su parte, la SNR, en razón a que existían escrituras públicas de enajenación de predios ubicados en zonas declaradas en desplazamiento forzado que no contaban con la debida autorización por parte del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada o que contenían actos de transferencia de dominio de campesinos adjudicatarios de baldíos a Patrimonios Autónomos, con fundamento en figuras como la “Adición a la Fiducia Mercantil efectuada por documento privado” o transferencias de predios adjudicados por el INCORA o INCODER sin las autorizaciones contempladas en la Ley 160 de 1994, la Superintendencia Delegada para Notariado se encuentra realizando diversas acciones:
Protección colectiva de tierras
Teniendo en cuenta que los folios de matrícula deben reflejar la real situación jurídica del predio, con fundamento en el informe de Montes de Maria la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Carmen de Bolivar, incluyó mediante el procedimiento contemplado en el Artículo 35 del decreto 1250 de 1970, medida de protección colectiva en 238 folios de matrícula inmobiliaria que identifican registralmente predios ubicados en zonas declaradas en desplazamiento forzado y sobre los cuales no se habían efectuado transferencias de dominio.
Actuaciones administrativas
Se iniciaron 6 actuaciones administrativas por ventas y constituciones de usufructo sin autorización del Comité de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia y por los demás hechos contenidos en el informe que afectan 192 folios de matrícula inmobiliaria.
Intervención de oficinas de instrumentos públicos
Así mismo, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolivar y Sincelejo fueron intervenidas por la Superintendencia, por el periodo de tiempo comprendido entre 29 de diciembre de 2010 al 15 de abril de 2011, para la primera y entre enero y abril del año en curso, la segunda, con la finalidad de procurar la salvaguarda del archivo de documentos que allí reposan y evitar que se cometieran más irregularidades dentro del proceso registral.
Preservación de archivos
Dado que los archivos de documentos antecedentes de las oficinas de registro investigadas presentan alto grado de vulnerabilidad la Entidad las incluyó en el proyecto de gestión documental, a fin de digitalizar la información contenida en los documentos que fueron objeto de registro o rechazo del mismo.
Procesos disciplinarios
Dieciocho (18) procesos disciplinarios que se encuentran con Auto de Apertura de Investigación y que involucran a las siguientes notarias:
Primera de Monteria; Primera, Segunda y Tercera de Sincelejo; Unica de Corozal; Unica del Carmen de Bolívar; Única de San Juan Nepomuceno; Unica de Tolu; Catorce y Veintinueve de Medellín; Unica de Sopetran, Única de Cerete; Unica de San Onofre, Cuarta de Cartagena; Unica de San Jacinto, Unica de Córdoba, Unica de Ovejas y Unica de Los Palmitos.
Un (1) Proceso con Auto de Pliego de cargos notificado al Notario Único del Carmen de Bolívar.
Tres (3) Procesos en etapa Probatoria que involucran al Notario Único de San Martín y al Tercero y Décimo de Barranquilla.
Un (1) Proceso en Indagación Preliminar contra la Notaría Única de Granada.
Sanciones
En cuanto a los procedimientos registrales que incumplieron las normas legales vigentes para tal fin, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad adelantó proceso disciplinario contra la registradora de instrumentos Públicos de El Carmen de Bolivar y tres (3) funcionarios más de dicha oficina, generando como resultado la destitución de la registradora seccional de instrumentos públicos y la suspensión de los demás funcionarios implicados en la investigación, fallo que actualmente se encuentra debidamente ejecutoriado.
De igual manera se encuentran en trámite otro proceso disciplinario a la registradora destituida del Carmen de Bolívar con fundamento en nuevos hechos contenidos en el informe adelantado por el Grupo de Tierras de la SNR.
ACCIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL- INCODER
Actuaciones administrativas
Entre los hallazgos identificados tanto por el INCODER como por la Superintendencia de Notariado y Registro en el diagnóstico de la situación registral de predios rurales en los Montes de María, el Instituto ha iniciado las actuaciones sobre 229 parcelas que abarcan una extensión de 6.065 Has 2.267 Mts2 , ubicadas en los muncipios de San Jacinto, Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar, con las cuales se pretende dar solución a 229 familias.
Sobre los predios, el INCODER viene adelantando distintas actuaciones administrativas encaminadas a subsanar las irregularidades que sean de su competencia y poniendo en conocimiento de otras autoridades las que no son.
En coordinación con la SNR, se llevan a cabo las actuaciones administrativas tendientes a cancelar las anotaciones indebidamente inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria, con lo cual se espera restablecer los derechos a sus legítimos titulares y para aquellos casos en que la recuperación de los predios indebidamente adquiridos devuelva las tierras al Instituto, se procederá a realizar nuevas adjudicaciones y con ellas beneficiar a los campesinos afectados por el conflicto armado.
Identificación y activación de rutas para la solución de irregularidades
Una de las situaciones identificadas es la violación de las leyes agrarias, específicamente en lo que tiene que ver con la acumulación indebida de grandes extensiones de tierra por parte de personas naturales y jurídicas, utilizando diferentes prácticas, en zonas donde el Estado hizo un importante esfuerzo presupuestal para dotar de tierras a campesinos de escasos recursos. Entre tales prácticas está el registro indebido de resoluciones de adjudicación emitidas por el INCORA, para proceder posteriormente a su venta.
Frente a ellas, el INCODER ha solicitado a la SNR la cancelación de los registros y el cierre de los folios abiertos, por cuanto estos se efectuaron con posterioridad a la cesión que hiciera el extinto INCORA al INCODER. Tal es el caso de los predios LOMA DE VASUEZ, MALA NOCHE Y LA TAPA, LAS PELOTAS, EL ENCANTO Y LA QUEBRADA. La actuación expedita por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro es fundamental para que el INCODER pueda adelantar acciones dirigidas a recuperar tierras que se destinarán a ampliar las posibilidades de acceso de los campesinos.
Procesos de verificación jurídica iniciados
Dentro de las actuaciones administrativas dirigidas a corregir estas irregularidades el Instituto ha iniciado los procesos de verificación jurídica e igualmente el análisis en terreno de las condiciones de ocupación y explotación de las parcelas, para establecer en manos de quienes están las tierras y el tipo de explotación que se adelanta en ellas. A la fecha se ha constatado la explotación de 18 parcelas por personas naturales y jurídicas diferentes a los adjudicatarios iniciales.
Caso de Tierras de Promisión S.A.
La complejidad de las situaciones descritas queda claramente reflejada en predios como LOMA DE VASQUEZ y EL ENCANTO localizados en el municipio de San Jacinto; PANAMÁ en el municipio de San Juan de Nepomuceno; SANTANDER y ROMA situados en Carmen de Bolívar, adquiridos entre otras empresas por Tierras de Promisión S.A., cuyo representante legal es Alvaro Echeverria, quien de lo revisado a la fecha, ha acumulado en la región de los Montes de María mas de 4600 Has. Igualmente, Agropecuaria El Carmen de Bolívar y Agropecuaria El Génesis, ésta última representada por Manuel Medina Muñetón, quien según el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha concentrado más de 4023 Has.
Frente a este caso, INCODER viene adelantado actuaciones dirigidas a establecer la autenticidad de actos de adjudicación proferidos por el extinto INCORA y por el INCODER, que según el informe presentado por la SNR presentan dudas.
Conformación de equipo de funcionarios exclusivo para estos casos
Un esfuerzo fundamental realizado por el INCODER es la conformación de un grupo interdisciplinario dedicado exclusivamente a la atención de los casos de especial relevancia para la corrección de irregularidades detectadas, la recuperación de tierras y el resarcimiento de los derechos que han sido vulnerados. Este equipo está conformado por 40 profesionales.
ACCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Revisión de entrega de créditos e incentivos de la política agropecuaria 2010-2014
Para la entrega de recursos públicos de crédito y subsidios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está actualmente revisando las solicitudes elevadas por las empresas y personas naturales interesadas en acceder a dichos recursos, para determinar si los predios sobre los cuales se van a desarrollar los proyectos están vinculados a procesos jurídicos y actuaciones administrativas que se están iniciando en la región de los Montes de María por causa de las irregularidades y transferencias ilegales detectadas.
El objetivo es prevenir que se sigan adjudicando recursos públicos de programas administrados por el Ministerio respecto a tierras que estén implicadas en situaciones de irregularidades en la transferencia del derecho de propiedad o en desplazamiento forzado o despojo.
Caso Fiducor S.A.
En esta medida, el Ministerio pudo constatar que la fiduciaria FIDUCOR S.A., se encuentra en proceso de solicitud del Certificado de Incentivo Forestal. Se constató que los diecinueve (19) predios sobre los cuales se realizaría el proyecto, son de propiedad de la empresa TIERRAS DE PROMISION S.A. y se encuentran incluidos en el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro. Este informe revela que Fiducor S.A. y Tierras de Promisión, han empleado la figura del usufructo y constitución de patrimonios autónomos para adquisiciones presuntamente irregulares de patrimonio.
La relación de predios es la siguiente, los cuales se encuentran ubicados en el municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar): 062-0028697, 062-0028646, 062-0028645, 062-0028651, 062-0028644, 062-0029000, 062-0028648, 062-0028647, 062-0012838, 062-0010565, 062-0014636, 062-0014457, 062-0021981, 062-0021980, 062-0005081, 062-0010060, 062-0022430, 062-0014313, 062-0005123.
Por lo anterior el Ministerio de Agricultura revisará la legalidad de la asignación del Certificado de Incentivo Forestal solicitado por la empresa TIERRAS DE PROMISION S.A. por intermedio de la Fiduciaria FIDUCOR S.A., tomando en consideración los hallazgos detectados por la SNR.
Este tipo de medidas ya había sido adoptada antes con motivo de las presuntas irregularidades encontradas en la adquisición de más de 127 predios ubicados en San Pedro de Urabá (Antioquia) por parte del Fondo Ganadero de Córdoba, que también es solicitante del CIF.
ACCIONES DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por lo hechos investigados en la región de Montes de María, a raíz de las denuncias impetradas por la SNR actualmente se adelanta proceso penal en la Fiscalía Tercera Especializada en delitos contra la Administración Pública, en donde se han acumulado otras denuncias que han surgido durante el proceso de investigación y diagnóstico de las situaciones registrales. En las investigaciones aparecen implicados en presuntos delitos no solo funcionarios de la oficina de registro, sino también notarios y funcionarios de otras entidades públicas como el INCODER, los Comités de Atención Integral de la Población Desplazada, Alcaldes, etc.
2. LA RECUPERACIÓN DE PREDIOS PARA LA DOTACIÓN DE TIERRAS A CAMPESINOS EN CASOS EMBLEMÁTICOS
Caso La Porcelana
INCODER cumplió el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional a través de la sentencia T- 076 de 2011, y producto de ello extinguió el dominio de 417 hectáreas de la finca La Porcelana ubicada en el Municipio de Cáceres (Antioquia), por ser tierra improductiva. Esto constituye un hito histórico que puso fin al proceso de extinción de dominio que por 16 años han padecido familias campesinas de esta región antioqueña.
La decisión se tomó a través de la Resolución 1976 de 1 de agosto de 2011. En ella, el INCODER rectificó el irregular manejo que se había dado al caso por parte de la administración anterior, el cual fue declarado como una inobservancia del derecho sustancial de los campesinos por la Corte Constitucional.
Por estos hechos adicionalmente la Corte remitió el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se adelanten las respectivas investigaciones disciplinarias y penales, por las conductas de funcionarios públicos y particulares involucrados; entre ellos, el particular ÁLVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMÍREZ, representante legal de la Sociedad Agropecuaria La Porcelana.
Aunado a esta actuación, diversas entidades como Acción Social, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Cáceres, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, están adelantando diversas acciones tendientes al retorno, seguridad y protección de las 42 familias, 272 personas entre adultos y niños, que hoy tienen vía libre para el retorno y el restablecimiento de sus derechos por virtud del fallo de tutela.
Este resultado también se debe en parte a la comprometida labor de la Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales de la Procuraduría General de la Nación, sin cuya acción hubiese sido imposible.
Caso Las Pavas
Las acciones iniciadas por el gobierno en el caso conocido como Las Pavas, el cual agrupa un total de 14 predios ubicados en la jurisdicción del municipio de San Martín de Loba, con extensión de 2.677 hectáreas, en el sur del departamento de Bolívar, se enmarcan en los procesos administrativos de extinción del derecho de dominio y clarificación de la propiedad que el INCODER ya se encuentra adelantando de conformidad con los términos legales.
El INCODER está cumpliendo los fallos que la Corte Constitucional profiera en materia de atención a la población desplazada. Es por ello, que acatando las órdenes de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T-267 del 8 de abril de 2011, reinició el proceso de extinción del dominio.
Así, el 21 de junio del presente año expidió el auto que ordena retomar el proceso de extinción de dominio conforme lo ordena la Corte Constitucional, y a partir de ese momento ha surtido las etapas de inicio del procedimiento, notificación personal, fijación de edictos y designación de curador a favor de la empresa Aportes San Isidro a quien no se logró notificar.
Adicionalmente, se vienen adelantando mesas de trabajo con distintas entidades del nivel nacional (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, entre otras) con el fin de hacer seguimiento a la situación de la población retornada y buscar alternativas de solución a las problemáticas de la comunidad, tales como el restablecimiento de derechos, la seguridad, la protección y la seguridad alimentaria.
Caso Ciénaga de Amansaguapo, Caño Viloria y El Dividivi
Mediante Resolución 1986 del 5 de agosto de 2011, el INCODER recuperó 402 hectáreas de tierras baldías de la Nación pertenecientes a la Ciénaga de Amansaguapo, Caño Viloria y El Dividivi en el Municipio de San Marcos (Sucre), que durante más de 5 años venían siendo reclamadas por los campesinos de la región.
El proceso de delimitación había concluido mediante la Resolución No. 2437 de 27 de agosto de 2010, en donde se denegó el deslinde de los terrenos con base en el concepto del funcionario del INCODER que a principios del año pasado hizo la inspección ocular y certificó que dichas ciénagas no existían.
Contra esta decisión los campesinos interpusieron recurso, en donde demostraron con fotos de las ciénagas y con un plano que data del 30 de agosto de 1988 realizado por el INCORA, que en el predio La Gloria sí existen las ciénagas.
En respuesta, el INCODER revocó la decisión tomada con fundamento en el falso concepto, practicó una nueva diligencia de inspección en la cual constató la existencia de las ciénagas y decidió hacer el mencionado deslinde de las 402 hectáreas.
Las hectáreas recuperadas las había adherido irregularmente el señor ADALBERTO BULA BULA al predio “Mata Corozo” que es de su propiedad. Este predio inicialmente contaba con una extensión de 162 hectáreas, hasta hace 5 años cuando mediante escrituras de aclaración de linderos [1] que se hicieron ante la Notaría Única de Chinú (Córdoba), se agrandó a más de 900 hectáreas la extensión de la finca. La aclaración de linderos incorporó tierras que eran parte de la Ciénaga de Amansaguapo.
Según denuncias del Movimiento de Víctimas de Estado (MOVICE), con esta apropiación de tierras se les está impidiendo a los parceleros que accedan al agua de la ciénaga, lo cual es un elemento fundamental para los campesinos. Varias personas han denunciado que desde hace 2 años se respaldó esta acción con grupos armados ilegales. Este hecho está siendo juzgado por la Fiscalía 5 Delegada ante Juzgados Municipales de San Marcos, Caimito y La Unión.
Las amenazas contra los líderes y representantes del caso han sido frecuentes; ya estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Interior, para que active los mecanismos de estudio de riesgo y protección de personas.
Igualmente los campesinos reclamantes han sufrido otros tipos de ataques para obstaculizar el proceso, como el ocurrido contra la líder de los parceleros JUDITH ZULETA DE SANCHEZ, quien fue falsamente denunciada y contra quien se adelantó un proceso penal por supuesta usurpación de tierras. Afortunadamente la Fiscalía precluyó dicha investigación, por no hallar mérito.
A partir de este deslinde el INCODER continuará con las acciones tendientes a la recuperación de las 402 hectáreas baldías, con el fin de posteriormente disponer de un manejo ambiental sostenible a favor de la comunidad campesina de la región, para que puedan preservar y usar comunalmente las ciénagas.
