La Fiscalía General imputará cargos contra los primeros involucrados, entre alcaldes, notarios, registradores y civiles, en el escándalo por la venta irregular de tierras en la zona de Montes de María.

La determinación afecta a: La ex registradora del Carmen de Bolívar, Ana Regina Guete Herrera; Notario único de San Jacinto, Alberto Jacinto Vásquez Vásquez y su esposa Maria Esther Navarro Bohórquez; Notario único de San Juan de Nepomuceno Oswaldo Rafael Paredes Mercado.

También deberán responder por este caso el notario 29 de Medellín Juan Álvaro Vallejo Tobón y el notario encargado Hernán Alonso Gutierrez Vallejo, notario único de Córdoba Andrés Sánchez Flórez, alcalde de San Juan de Nepomuceno, Alcalde de Carmen de Bolívar, Alcalde de San Jacinto.

Esta investigación está relacionada con la venta irregular de por lo menos 106 predios valorados en una millonaria suma de dinero en los Montes de María en el año 2009, los cuales tenían una protección especial porque es zona de desplazamiento forzado.

El fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción, a cargo del caso, investiga a estas personas por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica, fraude procesal y ocultamiento de documento público.

Estas audiencias de imputación de cargos fueron fijadas por el Juzgado segundo del Carmen de Bolívar para la semana entre el próximo 13 al 16 de diciembre. 

Se trata de los mandatarios locales de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar.

La Fiscalía los citó a responder por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica, fraude procesal y ocultamiento de documento público.

Ellos, según las investigaciones, fueron fichas claves en la venta masiva de predios en esa región, que el Gobierno ha catalogado de irregular porque, aparentemente, se pagaron precios por debajo del valor comercial.

Además, sin cumplir con los requisitos, estos mandatarios locales habrían levantado medidas de protección sobre tierras de desplazados para que estas pudieran entrar al mercado.

También deberán presentarse ante la Fiscalía cinco ex notarios y una ex registradora de la Costa Atlántica. Entre ellos, el notario Alberto Vásquez, de San Jacinto, y su esposa, María Esther Navarro. Ella, como notaria encargada, supuestamente firmó varias escrituras falsas.

Foto: Archivo particular.

Por vender predios ubicados en los Montes de María que estaban destinados a proceso de reparación de víctimas de los paramilitares, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción imputará cargos contra nueve personas, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica, fraude procesal y ocultamiento de documento público.

Entre las personas investigadas por estos hechos irregulares se encuentran notarios, alcaldes, funcionarios públicos y particulares de municipios de Bolívar y Sucre, quienes autorizaron esta entrega de predios.

De acuerdo con el proceso de la Fiscalía, los 106 predios objeto de la investigación no se podían vender al tener una protección especial por estar ubicados en una zona de desplazamiento forzado.

El Gobierno prohibió la venta de estas tierras a cualquier persona natural o jurídica, al considerar que estos hacían parte del proceso de reparación de los paramilitares dentro de la Justicia y Paz, sin embargo, la Fiscalía estos exfuncionarios habrían utilizado documentos falsos para vender las tierras.

Se encontró además que personas naturales adquirieron tierras de manera masiva a nombre propio o a través de personas jurídicas en las que son representantes legales, dando como resultado una excesiva concentración de tierras en cabeza de un sólo titular.

Además se observó la adquisición masiva de tierras en los Montes de María de aproximadamente 37.273 hectáreas, que corresponden al 59 por ciento del total de predios que hay en la zona.

La diligencia judicial se realizará ante el Juez Segundo de Control de Garantías de El Carmen de Bolívar, Bolívar, del 13 al 16 de diciembre.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que la titulación les va a permitir a los campesinos el acceso a créditos.

Ovejas. Luego de varios años de habitar en sus tierras, pero sin un título que los acredite como dueños, 37 familias víctimas de la violencia de las fincas Los Andes y Santa Fe recibieron ayer la documentación que los acredita como propietarios, de manos del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

En los que concierne a la finca Santa Fe 17 familias se beneficiaron con títulos individualizados de 18 hectáreas cada uno. En Los Andes, 20 familias recibieron 7 hectáreas 5 mil metros cuadrados cada una.

Manuel Salgado Chamorro, beneficiario de Los Andes, madrugó ayer más de lo habitual siendo este uno de los días más esperados para él, su esposa y sus 11 hijos. Aseguró sentirse feliz, porque al recibir el título de su predio "puedo trabajar con más reposo y sin ningún problema".

Andrea Robles Martínez, luego de recordar que hace 14 años el temor de ser violentados por las armas la obligó junto a su familia a salir de Santa Fe y refugiarse en Ovejas, expresó emocionada que hoy sí puede decir que esas tierras le pertenecen y tiene algo que dejarle a sus hijos para que salgan adelante.

Antecedentes

Durante el acto, el ministro de Agricultura lanzó el "Proyecto de Identificación del Histórico de Derechos sobre Tierras y Territorios Rurales", que consiste en esclarecer todos los antecedentes de las tierras, escrituras y transacciones inmobiliarias que ha habido en esta región para saber con exactitud cómo se aplicará la Ley de Víctimas y Restitución Tierras a partir de enero próximo.

Este involucra inicialmente a Ovejas, San Onofre (Sucre), El Carmen y San Jacinto (Bolívar). Restrepo enfatizó que en Sucre iniciarán con el caso de la finca La Europa.

Señaló que en los Montes de María además de despojo por violencia, también se dio el apoderamiento de predios protegidos, fuera del comercio, con la ayuda de notarios y registradores.

Advirtió que los "avivatos" serán castigados con penas privativas de la libertad de hasta 12 años y que es para "las víctimas de verdad, no para las víctimas de mentiras".

Al acto también asistieron el director general del Incoder, Juan Manuel Ospina, el alcalde de Ovejas, Antonio García de la Rosa, el secretario de Desarrollo Económico de Sucre, Luis Arrieta, y Álvaro Balcázar, director de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial.

Visita a la Planta

Aunque el tiempo en la agenda del ministro estaba medido, aceptó la invitación que le hizo el secretario de Desarrollo Económico de Sucre, Luis Arrieta, a visitar la Planta de Almidones de Sucre.

Luego de un recorrido por las instalaciones, donde se encontró con el gobernador Jorge Barraza y el presidente de Finagro, Luis Gómez, resaltó que en la parte industrial es una planta muy buena. Reiteró que el punto que hay que analizar y superar es la parte comercial.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, dijo ayer en Ovejas, que han puesto la lupa jurídica en los procesos de tierras que fueron despojadas en los Montes de María y en diferentes zonas del país, a fin de establecer la verdad de lo que sucedió con estos y poner en marcha la restitución a partir de enero próximo.

“Buscamos esclarecer todos los antecedentes de las tierras, las escrituras, transacciones inmobiliarias que ha habido en esta región para saber exactamente como se va aplicar la Ley de Tierras que empieza a regir a partir del 1 de enero de 2012”, dijo el Ministro de Agricultura.

Indicó que la Ley de Tierras establece que todo aquel a quien le quitaron por la brava una tierra o todo aquel que lo indujeron maliciosamente a que la vendiera a pesar que era una tierra que estaba fuera del comercio, mediante el proyecto de Protección, entonces debe ser revisado y aplicar las restituciones que sean del caso.

“El Gobierno va a actuar con todo cuidado y serenidad, sin afectar la estabilidad jurídica y para eso requerimos una buena información de toda la legalidad de los títulos que ha habido, o las ilegalidades”, dijo el Ministro de Agricultura.

Según el Ministerio es un proceso de pocos meses, teniendo en cuenta que la restitución inicia a partir del 1 de enero, partiendo de casos emblemáticos como la finca La Europa en el municipio de Ovejas.

“En el caso de Montes de María infortunadamente ha habido de todo, desde matanzas, genocidios que ya el país conoce y recuerda, hubo despojos por la violencia, pero también hubo mucho un apoderamiento en donde no fue tanto por la violencia, como por la trampa. Había muchos predios protegidos, que estaban fuera del comercio, y en registros notariales, sin embargo hubo gentes que se las ingeniaron para que en connivencia con notarios y registradores inobservaran esas normas de protección, entonces salieron al comercio bienes que nunca debieron haber salido y cuyas transacciones por lo tanto están viciadas de un problema jurídico desde el inicio, y ese es uno de los correctivos que se van a hacer”, agregó.

De acuerdo al Ministro, la Ley de Víctimas dice que el Estado debe ayudar al que le quitaron la tierra a la brava, fraudulentamente o por engaño, a que la recupere.

“De esa Ley solamente tienen que temer los despojadores o sus testaferros, pero no los empresarios honestos del campo que son la mayoría y que tienen sus tierras honestamente si haber recurrido a la violencia o a la malicia para adquirirlas”, explicó.

También la advertencia del Ministerio, es que esta es una Ley para las víctimas de verdad, no para las de mentira, no para las que se hagan pasar como despojadas si haber sido nunca despojadas, las que se hagan pasar como reclamantes sin que los que reclame le hubiera nunca pertenecido, porque esas personas se pueden hacer acreedoras de penas privativas de la libertad de hasta 12 años como lo prescribe la Ley.

Identificación del histórico de derechos sobre la tierra

El proyecto piloto presentado ayer en Ovejas, es impulsado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad de Restitución de Tierras, en alianza con Colombia Responde, para la identificación del histórico de derechos sobre tierras y territorios rurales en los municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre.

Este busca conocer como ha sido la tenencia de la tierra, a partir de una estrategia integral participativa de fortalecimiento institucional y comunitario en los referidos municipios, mediante la elaboración del informe de predios de las áreas con declaratoria, un estudio multitemporal de uso y cobertura del suelo y organización del archivo institucional del Incoder, como base para la implementación de los procesos de protección, formalización y restitución patrimonial, además de ser un insumo para la determinación de una Zona de Reserva Campesina.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase 2 de información comunitaria, con el fin de tener un panorama claro de cómo ha sido la situación de tenencia de la tierra en esos municipios y poder construir los informes de derechos que es la tercera fase.

La cuarta fase será la construcción de un documento resumen descriptivo que de cuenta de la dinámica de la tenencia de la tierra y el histórico de titulares de derechos en el periodo 1991-2011.



Entregan títulos

En el marco de la presentación del Proyecto, el Incoder entregó 47 títulos de propiedad de 600 hectáreas de tierras a campesinos de los predios La Chavela y Santa Fe, zona rural de Ovejas, que habitan en esas áreas hace más de 20 y 30 años y no contaban con la propiedad de los mismos, pero que pese a la situación de violencia nunca abandonaron sus tierras. Los campesinos favorecidos con sus títulos, expresaron su alegría porque después de muchos años y larga espera sienten que han sido reivindicados sus derechos.

“La verdad recibir títulos significa tener la propiedad de la tierra que durante 23 años hemos trabajado y esperamos poder tener mayor apoyo para seguir adelante con la siembra de ñame, yuca y maíz”, dijo Manuel Salgado, de la vereda Los Andes. Por su parte, Oscar Martínez, del predio Santa Fe, manifestó que tiene 37 años de estar habitando la tierra dedicada a la pequeña ganadería y agricultura, y aunque iniciaron el proceso para registrarla no habían podido culminarlo.

Andrea Robles Martínez, de la parcela Santa Fe, dijo que está muy feliz porque ella y sus hijos pueden tener la propiedad sobre la tierra en la que viven hace muchos años. “Yo aspiro a seguir adelante, porque estoy sola, mi esposo murió y seguir trabajando con mis hijos en el cultivo de yuca, maíz y tabaco, y poder mejorar nuestra situación”, aseveró.

Según el Ministerio de Agricultura, la ventaja de quienes obtienen sus títulos, es que pueden lograr créditos y poder financiar otros negocios, al igual que recibir subsidios y apoyos del Estado que están supeditados a que quienes lo reclamen tengan título.

“No tener título es estar atrapados en la pobreza y en la inmovilidad. Titular tierras es uno de los ejes de la política agraria del Gobierno, no solo ayudar a la restitución por la brava, sino que quienes las han estado trabajando honestamente, pero no tienen títulos, que formalicen su propiedad”, dijo el ministro Juan Camilo Restrepo.

Con el nombre del “Proyecto de Identificación del Histórico de Derechos sobre Tierras y Territorios Rurales” de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno inició en Montes de María el proceso para determinar los derechos sobre la propiedad y tenencia de la tierra en esta región del país.

Inicialmente el trabajo se adelantará en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre.

A lo largo de la presentación del proyecto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar explicó que se trata de un plan piloto para esclarecer todos los antecedentes de las tierras, de las escrituras y transacciones inmobiliarias realizadas en Montes de María entre 1991 y 2011 con el fin de esclarecer exactamente, cómo se aplicará la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cuya ejecución comenzará el próximo primero de enero.

Todos aquellos que fueron despojados ilegalmente de sus tierras, o que lo indujeron maliciosamente a vender su propiedad a pesar de que era una tierra protegida y fuera de comercio, tendrá la posibilidad, una vez revisado el caso, recuperar su tierra, señalo el ministro Restrepo Salazar al recordar el mandato de la Ley.

Por su parte el jefe de la cartera expresó, “El Gobierno actuará con todo cuidado y serenidad, sin afectar la estabilidad jurídica y para eso requerimos de una muy buena información sobre la legalidad de los títulos”.

El proceso de identificación se hará conjuntamente entre la Estrategia Colombia Responde y el Ministerio de Agricultura a través de la Unidad de Restitución de Tierras.

Para finalizar el ministro Restrepo Salazar lanzó una nueva alerta sobre lo que denominó bandas de abogados que quieren aprovecharse de las víctimas del despojo.

Redacción: Santiago García Hernández