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02 de Octubre, 2011
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A finales de mayo pasado, el Gobierno Nacional dio a conocer el primer diagnóstico sobre el robo de tierras en el país, realizado en los Montes de María, donde despojaron a los campesinos de 37 mil hectáreas de tierra, y se estima que esa cifra solo corresponda al 20 por ciento del robo total.
A finales de agosto pasado, se destapó el despojo de 41 mil hectáreas de tierra en Urabá, con la participación del Fondo Ganadero de Córdoba y la hermana de Carlos Castaño. Y esta semana se reveló cómo arrebataron 187 mil hectáreas en San Martín, Meta, que se constituye en el más grande robo, hasta ahora.
Mientras se conoce la nueva geografía de un país despojado no sólo por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y testaferros de éstos sino también por grandes empresarios, políticos y entidades privadas, con el concurso de entes estatales, se espera que la Ley de Restitución de Tierras dé resultados y estos predios en cuestión puedan ser devueltos a los labriegos, a quienes les pertenecen.
Montes de María
La Superintendencia de Notariado dejó al descubierto una decena de trampas jurídicas cometidas por empresarios y funcionarios del Incoder y oficinas de Registro Público, que despojaron al menos a 1.464 campesinos desplazados de la región de los Montes de María de más de 37 mil hectáreas de tierra, avaluadas en unos 200 mil millones de pesos.
El parlamentario del Polo, Iván Cepeda, quien también hizo un estudio sobre el caso, dice que uno de los temores que existe es que la mayoría de empresarios sean tenidos como de buena fe. El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, le dijo a EL HERALDO entonces que, por ejemplo, Cementos Argos –propietaria de parte de estas tierras en cuestión-, sería uno de los de buena fe, ya que son terceros compradores y, además, adelanta un programa de reforestación en los Montes de María. Sin embargo, varios desplazados se han opuesto a este programa, entre ellos el recientemente asesinado concejal del Polo en San Onofre, Sucre, Antonio Mendoza.
A principios del mes pasado, en medio del debate de control político a las políticas de Restitución de Tierras en la Cámara de Representantes, el parlamentario Cepeda denunció que “los Montes de María están en poder de amigos del expresidente Álvaro Uribe”. Cepeda exhibió una serie de videos y documentos en los que se muestra “un despojo de tierras que fue auspiciado por un concierto para delinquir de empresarios provenientes de Antioquia”.
El citante congresista señaló, así mismo, que el expresidente Uribe, en una reunión en 2007, le dijo a Luis Esteban Echavarría, uno de los compradores que se había logrado la paz en esa región pero que las tierras estaban vacías. Cepeda, además, mostró un video de 2009 en el que el exministro de Agricultura Andrés Fernández invita a los campesinos de María La Baja, Bolívar, para que les vendan sus tierras a cuatro de sus “amigos ‘Uno-A’, a quienes conozco desde hace tiempo en Medellín” y habla de hacer lo posible para levantar la protección que existía sobre esos predios.
Lo peor es que en esta región han sido asesinados, desde mayo de 2010, cuatro líderes de restitución de tierras. La primera muerte fue la de Rogelio Martínez Mercado, miembro del Movice, asesinado el 18 de mayo de 2010 en su finca La Alemania, en San Onofre, Sucre. El 24 de noviembre de 2010 fue muerto Óscar Maussa Contreras, en la finca El Pozo del Guamo, en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. El 23 de marzo de 2011, Éder Verbel Rocha fue asesinado en la finca Puerto Colombia, en San Onofre. Y el 10 de julio de 2011, fue muerto el concejal de San Onofre, Antonio Mendoza.
Hace pocas semanas, un Fiscal de la Unidad Anticorrupción llamó a interrogatorio a 23 alcaldes, notarios y otros funcionarios municipales de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre por los despojos en los Montes de María. Los mandatarios locales presuntamente implicados son el de San Jacinto, Joaquín Guete; el alcalde de Zambrano, Eduardo Lorea y el de San Juan de Nepomuceno, Roberto Guardela.
Urabá
En el robo de tierras de Urabá están presuntamente implicados 15 funcionarios públicos, exalcaldes, empresarios y 120 personas jurídicas y naturales que se apoderaron de manera fraudulenta de más de 41 mil hectáreas de tierras.
Entre ellos aparece Sor Teresa Gómez, la hermana media del desaparecido cabecilla paramilitar Carlos Castaño, quien le vendía las tierras al Fondo Ganadero de Córdoba. Gómez, prófuga de la justicia y condenada por el asesinato en 2007 de la líder campesina cordobesa Yolanda Izquierdo, se encargaba de los poderes de los campesinos, algunos falsos y otros verdaderos, para la transferencia de tierras.
La Supernotariado explicó que "el Fondo Ganadero de Córdoba es la persona jurídica que más tierras ha comprado en la zona del Urabá mediante maniobras fraudulentas" y enumera que ese ente cometió anomalías como "presiones para que se le otorgaran poderes, registro de falsos poderes y otorgamiento de poderes a una sola persona (Sor Teresa Gómez)".
A consecuencia de las compras masivas de tierras, señala el ente de control, "los beneficiarios de la reforma agraria terminaban vendiendo sus predios mediante la presión de sus colindantes, que en todos los casos era el Fondo Ganadero de Córdoba".
El Supernotariado indicó, además, que para la investigación se revisaron los movimientos de los últimos 20 años en materia de predios y que los nombres de los funcionarios implicados –incluso del Ministerio de Agricultura y de la Gobernación de Córdoba-, se mantienen en reserva.
Dos semanas después de haberse revelado el robo, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ordenó a este Fondo suspender inmediatamente todas las operaciones de transferencia de tierras.
El Ministerio halló que "de 72 copias de escrituras públicas entregadas por el Fondo, en sesión extraordinaria de su Junta Directiva el 30 de agosto de 2011, la totalidad fueron suscritas entre el representante legal del Fondo de la época, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez en calidad de aparente apoderada de campesinos".
Una semana después, el Fondo Ganadero de Córdoba señaló que durante los últimos nueve años nunca tuvo conocimiento de que "hubiesen campesinos que fuesen forzados a vender sus predios contra su voluntad".
Meta
El presidente Juan Manuel Santos denunció esta semana que en San Martín, Meta, le robaron a los campesinos y al Estado 187 mil hectáreas de tierra.
Indicó además que las autoridades encontraron 296 tipos de irregularidades durante el despojo y aseguró que las tierras serán entregadas de nuevo a los labriegos que figuraban como sus dueños originales, a través de la creación del Banco de Tierras.
El jefe de Estado describió que uno de los casos encontrados en San Martín fue en el predio conocido como 'La Frontera', donde por medio de un procedimiento de "aclaración de linderos", el terreno pasó de tener 18 mil hectáreas a tener 38 mil.
Según dio a conocer Caracol Radio, en el reporte de 61 páginas entregado al presidente Santos y a la Fiscalía sobre el despojo, se señala que un grupo llamado ‘Sociedad Agropecuaria Villa Diana Limitada’ aparece como dueña de al menos tres predios en Mapiripán, Meta, y que fueron declarados protegidos por el Estado por riesgo de desplazamiento.
Así mismo sucede con la empresa ‘Agroindustrial San Miguel S.A.’ que aparece como dueña de un predio y con ‘Fundación Libertad’, dueña de otro predio.
En localidades como Mapiripán, Granada, La Uribe y Fuente de Orose cometieron las irregularidades con las fotocopias de los certificados de propiedad falsos que habrían sido autenticados posteriormente con sellos del Incoder.
Por Tomás Betín del Río
Bogotá. |
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edgardoalfonso a las 10:22 · 2 Comentarios
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30 de Septiembre, 2011
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El despojo supera las 200 mil hectáreas, según la Superintendencia de Notariado y Registro.
De la nada, 12 fincas en el Meta multiplicaron sustancialmente su extensión: 'La Frontera', una de ellas, pasó de 20 mil a 38 mil hectáreas con una declaración extrajuicio ante un juzgado de San Martín. En Mapiripán, 25 predios que tenían protección especial del Estado y que no podían ser negociados cambiaron de manos varias veces sin problema alguno. Y al menos dos registros de adjudicaciones del Incoder tienen corrector en la parte del beneficiario.
Así se hizo la feria con tierras de desplazados y del Estado en los Llanos Orientales, denunciada el miércoles por el presidente Juan Manuel Santos. El saqueo es mayor que el inicialmente calculado: no son solo 187 mil hectáreas sino al menos 211 mil hectáreas, casi todas de baldíos, según el último informe de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Al igual que en los Montes de María, la Superintendencia pidió investigar a las autoridades locales que ordenaron el levantamiento de medidas de protección de tierras de desplazados para que pudieran entrar en el mercado.
El caso más grave es el de Mapiripán, donde la alcaldesa, Maribel Mahecha, autorizó decenas de negociaciones con bienes, según la Súper, en zona de desplazamiento. Incluso, dos de esas certificaciones, firmadas en el 2009, fueron expedidas después de la venta del predio.
Por casos como estos, en otras zonas del país, ya fueron llamados a interrogatorio los alcaldes de Zambrano, San Juan Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar).
La Superintendencia también revisa compras masivas de tierras realizadas por las empresas Inversiones Eternas CIA S en C, que adquirió 128 hectáreas en Fuente de Oro; la Sociedad Agropecuaria Villa Diana Ltda., con 4.655 hectáreas en Mapiripán; y el particular Rito Camacho Becerra (2.189 hectáreas).
Aparentemente compraron tierras adjudicadas a familias en reforma agraria y que, por lo tanto, no podían venderse sino después de 15 años.
La Súper también encontró irregularidades en el Incora y el Incoder, que adjudicaron 48 predios con fotocopias. Y en la oficina de Registro de San Martín, sin demostrar propiedad sobre los bienes, once hacendados pudieron vender las mejoras de 23 mil hectáreas.
"En Meta el despojo fue sobre todo jurídico. No fue tan común contra desplazados, como en otras regiones. Esto facilita la labor, porque acá se trata de comenzar a revocar trámites", dijo el Superintendente, Jorge Enrique Vélez.
Lupa a gente de 'Cuchillo'
Denuncian robo de dos fincas con 6 mil hectáreas
Arcesio Plazas y su esposa compraron en el 2004 dos predios en San Martín y Mapiripán. Con falsas firmas y documentos de compraventa irregulares, trámites en los que habría colaborado un sobrino de ellos, esas fincas fueron vendidas. Pese a que se pidió protección para Los Esteros y Las Guacamayas, los predios terminaron en manos de los que ellos señalan como testaferros de Pedro Oliverio, 'Cuchillo'.
La Superintendencia reveló que, en el caso de Los Esteros, la finca fue comprada y luego vendida por José Leopoldo Olaya. Él aparece en un caso de extinción de dominio a las Auc del Meta como titular de una cuenta. |
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edgardoalfonso a las 06:35 · Sin comentarios
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22 de Septiembre, 2011
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Ivan Cepeda Castro
"La justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados en el caso de Montes de María, incluyendo a los directivos de Cementos Argos."
Los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta.
El caso de montes de María, sobre el que he realizado dos debates de control político en el Congreso, resulta útil para analizar la matriz del despojo de tierras que han llevado a cabo en la última década poderosas empresas con el auspicio del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En esa matriz se destacan tres fases.
La primera consistió en la compra abusiva a campesinos en condición de miseria que habían abandonado sus predios por el terror paramilitar. Esa fase tuvo su origen en diciembre del 2007, en una reunión en Medellín a la que asistieron el entonces presidente Uribe y una veintena de sus amigos, entre los que se encontraba el empresario Luis Esteban Echavarría, quien fue gerente de su campaña a la Gobernación de Antioquia en 1994.
El mandatario dijo a los asistentes que en montes de María se había alcanzado la paz, pero que la fértil región se encontraba vacía por el desplazamiento. Para Echavarría el mensaje fue claro. Decidió en ese momento aceptar la invitación hecha por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, quien venía comprando allá predios a menos de 300 mil pesos por hectárea usando copias de resoluciones de adjudicación, obtenidas ilegalmente.
En la segunda fase se constituyeron 25 empresas antioqueñas, que se volcaron sobre la región para adquirir de manera masiva las tierras. Tiraron cercas, destruyeron vías veredales, contrataron para la seguridad a desmovilizados. Los compradores de la primera fase traspasaron a las nuevas empresas las tierras adquiridas para ir dejando atrás la huella fraudulenta. De esa operación hicieron parte Tierras de Promisión -la empresa que constituyeron Echavarría y Echeverría-, así como Cementos Argos, que había aportado fondos para la campaña presidencial de Uribe en el 2002. La intervención del Gobierno en estimular las compras volvió a aparecer el 3 de septiembre del 2009 durante una reunión en María la Baja (Bolívar), en la que el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, instó a los campesinos a vender sus predios a empresarios amigos suyos, y ordenó a funcionarios del Incoder gestionar el levantamiento de las medidas de protección que impedían la comercialización de las tierras.
En la tercera fase, que materializa la gran concentración de la tierra, las empresas consignaron los predios adquiridos en dos grandes fideicomisos, que definieron como objeto el negocio de la reforestación comercial. Lo único que hacía falta era el capital para sostener el negocio durante los años que toma la tala final de la especie. Y aquí apareció de nuevo la mano salvadora del gobierno Uribe. En el 2007 creó el Fondo de Inversión Forestal Colombia (FIFC), en el que invirtió 10 millones de dólares de Finagro. Tanto inversionistas del FIFC como compradores masivos disfrutan hoy de millonarios incentivos y subsidios del Gobierno. Mientras tanto, los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta, pues las tierras de los fideicomisos, según el Código de Comercio, no pueden ser perseguidas.
Discrepo de funcionarios del actual gobierno que catalogan a los promotores de esta asociación inescrupulosa como "terceros de buena fe". De lo que se trata en realidad es del concierto para delinquir del despojo, compuesto por una compleja red (notarios, alcaldes, funcionarios del Incoder, ministros, empresarios); una amplia gama de métodos fraudulentos para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas, y jugosos beneficios otorgados por el Gobierno. La apertura de investigaciones por la Fiscalía es un paso en la dirección correcta. Pero, además, la justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados, incluyendo a los directivos de Cementos Argos.
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edgardoalfonso a las 09:30 · Sin comentarios
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15 de Septiembre, 2011
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Fuente: Javier Leonardo Barragán
Luego del llamado a interrogatorio de la Fiscalía a 23 personas por compra y venta irregular de predios en Montes de María, serían tres los empresarios del departamento de Antioquia que estarían sobresaliendo en las investigaciones que avanzan por irregularidad en la tramitación de terrenos en esta zona del país.
Entre ellos se encuentra Esteban Echavarría, quien es mencionado en las denuncias del Representante a la Cámara Iván Cepeda, por tramitar adquisición masiva de terrenos en Antioquia, recibiendo órdenes del entonces gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez.
Otros de los empresarios implicados serían Luis Ignacio Echevarría; los representantes de "Arepas Don Juancho" Juan Guillermo Vélez Restrepo y Juan Gabriel Vélez Jaramillo.
Según denuncias, varios campesinos fueron despojados de sus propiedades para ser comercializadas de manera irregular.
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edgardoalfonso a las 16:50 · Sin comentarios
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15 de Septiembre, 2011
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Hoy se conoció que la Fiscalía General de la Nación detectó que sólo en la investigación que se sigue por venta irregular de tierras en la zona de los Montes de María, están comprometidas un total de 106 predios valorados en una millonaria suma de dinero.
Producto de esa investigación es que un fiscal especializado de la Unidad Nacional Anticorrupción alista los interrogatorios que hará a partir de la próxima semana en contra de 23 personas, entre notarios, alcaldes y funcionarios públicos, por estar presuntamente involucrados en este grave episodio.
Al respecto, el congresista Iván Cepeda pidió profundizar en las investigaciones para llegar a los responsables, como el caso del ex presidente Álvaro Uribe que se habría reunido con empresarios antioqueños para que invirtieran en esta zona del país.
A propósito de este hecho, la Fiscalía indaga de manera simultánea la posible responsabilidad en este caso de un grupo de empresarios de Antioquia, quienes se habrían beneficiado de esa venta irregular de tierras.
“Hay que recordar que fue el propio ex presidente Uribe quien en una velada en diciembre de 2007 invitó a los empresarios a comprar e invertir en esas zonas, a sabiendas que en estas tierras se tenía una situación de impedimento de realización de esos negocios, puesto que estaban bajo medidas de protección dictaminadas por el propio Estado”, dijo el congresista Cepeda.
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edgardoalfonso a las 16:46 · Sin comentarios
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15 de Septiembre, 2011
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Vista de los Montes de María a la altura del Carmen de Bolivar. Foto: Carlos Capella / Archivo
Entre los solicitados por la Fiscalía se encuentran alcaldes, notarios y otros funcionarios.
Un fiscal de la Unidad Anticorrupción escuchará a notarios, alcaldes y funcionarios en desarrollo de la indagación que se adelanta por la venta irregular de predios en Los Montes de María, ubicados entre Sucre y Bolívar, en el año 2009, los cuales tenían una protección especial que prohibía su venta a cualquier persona natural o jurídica.
Las diligencias serán adelantadas por funcionarios de policía judicial durante los días 21, 22 y 23 de septiembre.
Las personas que serán escuchadas en interrogatorio son las siguientes:
Gustavo Tobón Orrego, Notario único de Sopetrán (Antioquia)
René Armando Andrade Redondo, Notario único de Carmen de Bolívar
Oswaldo Rafael Paredes Mercado, Notario único de San Juan de Nepomuceno, Bolívar.
Rafael Durango Chaar, Notario primero de Montería
María Esther Navarro Bohórquez, Notario única encargada de San Jacinto, Bolívar.
Evelia Rosa del Carmen Ayazo Aguilar, Notario cuarto de Cartagena.
Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, Notario único de San Jacinto
Andrés Alfonso Sánchez Flórez, Notario Único de Córdoba, Bolívar
Bilardo José Tuirán Ricardo, Notário único de Cereté, Córdoba
Lázaro de León de León, Notario Segundo de Montería
Ana Regina Guete Herrera, Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Carmen de Bolívar, años 2005 - 2011
Del municipio de Zambrano
Eduardo Lorea Rebollo, alcalde - presidente del CMAIPD
Geller Ochoa Ochoa, Secretario del Interior - secretario de CMAIPD
Guillermo García Aragón, asesor jurídico
Del municipio de San Juan de Nepomuceno
Eucaris Luna Serrano, alcalde (e) 2008
Walter Ahumada Ballesta, Director Administrativo de Gobierno y Talento Humano
Jorge Fernando Barrios Guzmán, alcalde año 2007
Mena Mendoza Ballestas, secretaria del CMAIPD
Roberto Guardela Osorio, alcalde - presidente del CMAIPD
Del municipio de Carmen de Bolívar
Geovaldis González Jiménez, presidente encargado del CMAIPD
Raúl Eduardo Jácome Espinoza, presidente encargado del CMAIPD
Richard Gianni Sierra, alcalde encargado.
Del municipio de San Jacinto
Joaquín Guete Herrera, alcalde. |
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edgardoalfonso a las 08:37 · Sin comentarios
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13 de Septiembre, 2011
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Sincelejo. De la mano de Colombia Responde, el Incoder en Sucre lidera un programa piloto para legalización de los predios La Chabela y Santa Fe (Ovejas), titulaciones que serán entregadas a 68 familias bajo la modalidad de individualizado.
Entre los beneficios que tendrán los campesinos, cuyas tierras sean tituladas, está el acceso a créditos.
La Chabela, ubicada en la vía que va al corregimiento de Almagra, tiene 280 hectáreas, de las que se beneficiarán 20 familias, cada una con 14 hectáreas.
La finca Santa Fe, de 929 hectáreas, será dividida en 48 parcelas que beneficiarán a igual número de familias, cuya área a entregarse será de 18,480 hectáreas a cada una.
Ventajas
Según David Gomezcásseres, director del Incoder en Sucre, las ventajas de esta metodología es que los campesinos se hacen propietarios de las tierras, acabándose con ciertos conflictos que históricamente se han presentado con algunos parceleros por las colindancias de los terrenos.
Añadió que además se presta para hacer rectificaciones que encontró el Instituto en los títulos que el Incora logró entregar, pero que nunca registraron, como el incluir al cónyuge del beneficiario.
"Entre los efectos positivos ayuda a fortalecer la unión entre parejas y va en sintonía con el programa de desarrollo rural del Gobierno Nacional, que vendrá con recursos importantes para esta zona para que estos campesinos se vuelvan pequeños microempresarios del campo", explicó Gomezcásseres.
Afirmó que estos predios fueron escogidos, porque tienen un alto porcentaje sus primeros adjudicatarios y no presentan mucha dificultad para hacer una individualización.
Dificultades
Sin embargo, dijo que han encontrado dificultades en el proceso. La población inicialmente adjudicada, en un 20 o 30 por ciento ya vendió su predio a un segundo o tercero y este a su vez a un cuarto.
También dentro del proceso se dieron sucesiones ilíquidas. Casos en los que el primer adjudicatario falleció, dificultando la liquidación de la sucesión y cuyos herederos vendieron de manera informal a un tercero.
Para resolver estas situaciones, a través de la estrategia Colombia Responde se han contactado abogados, según Elvira Utria, funcionaria de la entidad.
Más apoyo
Por otra parte, Gomezcásseres manifestó que Amy Meyer, encargada de tierras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) para Colombia, mostró interés por este proceso en los Montes de María, por lo que a través de esta agencia se gestionarán recursos importantes para ampliar el programa en otros municipios.
Se espera que en aproximadamente de 15 a 20 días se expidan las resoluciones una vez se cumplan los requisitos exigidos.
Prioritarias
Como los Montes de María y la Mojana fueron zonas declaradas como prioritarias, Incoder está haciendo un especial énfasis con los programas que lidera.
"Para este viernes tenemos la expectativa de la visita del Ministro de Agricultura a Majagual. Allí estamos pensando en hacer la entrega de un predio", anunció Gomezcásseres. |
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edgardoalfonso a las 05:45 · Sin comentarios
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01 de Septiembre, 2011
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El pronunciamiento del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se dio luego de que el representante Iván Cepeda revelará un vídeo en el cual se ve al entonces ministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.
Por esa razón, Restrepo afirmó que del 7 de agosto de 2010 a la fecha, el Gobierno lo único que ha hecho es recuperar las tierras que han habían sido arrebatadas a los campesinos.
"Hemos ido a Montes de María a restituir bienes y a Mampuján, hemos ido con el presidente Santos a pedir perdón en nombre del Estado por el genocidio de la vereda del Salado”, afirmó.
El jefe de la cartera dijo además que "el Gobierno tiene indicios de que en Montes de María hubo despojos de tierra y se duda de quienes la hicieron, el ejecutivo piensa que allí procede unos procesos de restitución de tierras, puede haber restituciones cuando son conducentes por vía administrativa, es decir cuando se produjo por resoluciones falsas, y otras se deberán hacer en el marco de la Ley de víctimas”.
Enfatizó que “el Gobierno no va a actuar vulnerando los derechos, por lo que acompañará a quienes reclamen las tierras en el cualquier parte del país, a quienes señalen que fueron víctimas de un despojo y serán los jueces agrarios quienes conduzcan esos procesos".
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edgardoalfonso a las 11:03 · Sin comentarios
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24 de Agosto, 2011
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La superintendente delegada para el Notariado, la cesarense Ligia Isabel Gutiérrez Araújo, asumió la indagación.
--> El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez y la superintendente delegada para el Notariado, la cesarense Ligia Isabel Gutiérrez Araújo, le mostraron ayer a EL HERALDO la apertura del auto disciplinario número 913 del 23 de agosto de 2011, contra el antiguo notario 10 de Barranquilla, hoy notario 12, Álvaro de Jesús Ariza, por la serie de irregularidades denunciadas por la Unidad Investigativa de este diario al respecto de la venta de la finca Villa Paraíso, situada en Baranoa, Atlántico. “Como nos habíamos comprometido, las pruebas de este caso se inician el miércoles en la Notaría 10 de Barranquilla”, indicó Vélez y agregó que “vamos a pedirle a la Procuraduría que asuma el poder preferente en este proceso, es decir, que nosotros iniciamos la investigación y se la trasladamos al Procurador”. Por su parte, la superintendente delegada Gutiérrez explicó que “estamos delegando a dos funcionarios que están en investigación de tierras en el Carmen de Bolívar y San Jacinto, Bolívar, para que inicien el proceso”. La funcionaria dijo que para desarrollar el caso hay que buscar la documentación desde 2005, que es cuando se da la venta de la finca de David Char a Pierre Chadid, así como revisar la escritura que se firmó suplantando a Osvaldo Jiménez y luego analizar las matrículas inmobiliarias y la trazabilidad de los procesos escriturales. Además, hay procesos penales en curso, incluido uno de extinción de dominio donde esta incluida la finca 'Villa Paraíso'. “La investigación tardaría unos seis meses, más o menos, porque el disciplinado tiene el derecho de ejercer su defensa”, precisó Gutiérrez Araújo y añadió que “luego de la indagación que abrimos, si hay elementos de juicio, se apertura la investigación, se notifica al disciplinado y él tiene el derecho de solicitar su prueba y vendría la formulación de cargos”. Por lo pronto, Ariza seguirá ejerciendo como Notario 12 de la capital atlanticense. “Vamos a notificar personalmente los autos respectivos y el viernes yo estaría en Barranquilla asumiendo el tema”, dijo. |
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edgardoalfonso a las 10:57 · Sin comentarios
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02 de Agosto, 2011
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Ovejas. "Decenas de familias han manifestado su interés de retornar voluntariamente a sus tierras en este municipio, las cuales abandonaron a raíz de la violencia", así lo aseguró el secretario de Gobierno Municipal, Javier Peñaloza, durante una jornada de atención a campesinos retornados en la finca La Europa. Dichas familias, de las cuales no precisó el número, estarían dispuesta a regresar siempre y cuando el Estado les garantice seguridad a sus vidas y la tenencia legal de sus tierras, además de que les suplan algunas necesidades como mejoramiento de vías, educación y salud. Las entidades que hacen parte del Sistema de Atención a la Población Desplazada han enfatizado en la importancia del retorno y han indicado que de las 114 familias, a las cuales pertenece la finca La Europa, falta alrededor del 40 por ciento por retornar. Jornada de atención Durante la jornada efectuada en La Europa, Acción Social realizó un censo para caracterizar y determinar el número de retornados. Así mismo, la Defensoría del Pueblo tomó declaraciones de personas desplazadas que aún no aparecen en el sistema |
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edgardoalfonso a las 11:33 · Sin comentarios
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Edgardo Tapia
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