Daniel Samper Pizano

A mí me parece indispensable demostrar que el programa es urgencia de todos los colombianos.

En el día de hoy tuvo lugar la ceremonia, en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que dio inicio formal a los cursos de formación de jueces y magistrados agrarios creados por la Ley 1448 de 2011.

En su intervención el presidente Juan Manuel Santos destacó que todo el proceso de restitución se hará en un todo conforme al Estado de Derecho y a las normas legales establecidas al respecto.

Que no habrá arbitrariedades de ninguna índole, y que de allí la importancia de los jueces agrarios y el florecimiento del Derecho Agrario de Colombia tanto en los ámbitos judiciales como en las universidades.

A la fecha, se han nombrado cinco jueces de restitución, que despacharán en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Cali y Medellín.

A partir de abril se tendrán 15 magistrados en esas mismas cinco ciudades y 22 jueces, en total, en zonas más sensibles como Mocoa, Carmen de Bolívar, Apartadó, Caucasia, Quibdó, Barranca y Tumaco.

En el 2013 se tendrán 45 magistrados y 91 jueces y en el 2014, se llegará a 60 magistrados y 134 jueces.

El presidente Santos agregó también, durante su intervención, que “hay también enemigos que están tratando de tergiversar los hechos y de desprestigiar la Ley por razones eminentemente políticas. Hemos oído a algunos diciendo, por ejemplo, que es una farsa porque el Gobierno está presentando las hectáreas que ha entregado con títulos, que ha formalizado, como hectáreas restituidas.

Eso es falso. En ningún momento ni el presidente ni el ministro de Agricultura, ni ningún funcionario ha querido meter gato por liebre. No hemos querido, en ningún momento, mostrar como restitución lo que es titularización aunque ambas, titularización y la restitución, buscan en cierta forma un mismo objetivo y tienen una misma consecuencia”

RCN Radio:Foto archivo

Cabe recordar que el Juez Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen, Rafael Enrique López, suspendió la audiencia a mediados del mes de diciembre del año pasado, por cuestiones logísticas y debía reanudarse hoy.

A la audiencia deberían comparecer entre otros, los ex alcaldes de San Jacinto, Joaquín Güete, de San Juan Nepomuceno, Roberto Guardela y de Zambrano, Eduardo Lora. 

En su momento el juzgado en mención les imputó cargos por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica, fraude procesal y ocultamiento de documentos públicos a Ana Regina Güette Herrera, ex registradora de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, Alberto Jacinto Vásquez, notario único de San Jacinto y Oswaldo Rafael Paredes Mercado, notario único de San Juan Nepomuceno. 

Hasta el momento se desconoce la nueva fecha de reanudación de la audiencia pública en El Carmen de Bolívar, contra los implicados en la presunta venta irregular de 4 mil 300 hectáreas de tierras en Los Montes de María

Las nuevas agropecuarias en la zona -con la colaboración de los soldados del Batallón- han comenzado a abrir trochas hacia las fincas que han comprado. Hace ocho días, se firmó un convenio entre Invias y la Alcaldía de San Jacinto por 1.300 millones de pesos para vías en la zona.

Carmen de Bolívar fue durante años el símbolo de la violencia. Y luego, del éxito de la Seguridad Democrática. Y ahora, de la contrarreforma agraria que se está dando producto de la paz.

Carmen de Bolívar, un pueblo a dos horas y media de Cartagena, fue durante los noventa el centro de logística y abastecimiento más importante del Bloque Caribe de las Farc. También de reclutamiento. Y no sólo de la guerrilla de Marulanda, sino también del Eln, e incluso del ERP. Por eso los paramilitares se ensañaron con el pueblo: entre 1997 y 2003 mataron en masacres a 115 personas y desplazaron a unas 100 mil personas, según cifras oficiales.

Después llegaron los soldados. Entre 2003 y 2004, ocurrieron en esta zona el mayor número de combates en el país. Decenas de soldados quedaron mutilados por las minas antipersonales sembradas por los guerrilleros y otros más murieron en emboscadas.  Pero finalmente, después de que en octubre de 2007, en un operativo militar en Carmen de Bolívar, el Ejército diera de baja a alias ‘Martín Caballero’, el jefe del frente 37 y el guerrillero más temido de las Farc en la Costa, los pobladores de Carmen de Bolívar sintieron algo parecido a la paz.

La transformación del pueblo es impresionante. Carmen de Bolívar recuperó su bullicio. En el paradero del bus, pululan los vendedores de mango, de aguacates gigantes, de suero costeño y de bollos de mazorca. Las casas están otra vez abiertas de par en par, los negocios crecen y hace unas semanas, el pueblo entero se preparaba para las fiestas de noviembre.

“Le devolvimos la vida al pueblo”, me dijo con orgullo Jairo Cardona, el coordinador de la Corporación Amigos de los Montes de María, la fundación creada recientemente por 73 empresarios que han comprado unas 60 mil hectáreas de tierra en la región en el último año.

Cardona, como la mayoría de los empresarios de la Corporación, es antioqueño. Era médico en el Urabá hasta que llegó a la zona el año pasado y se enamoró de la tierra. “Estas tierras son franco-arenosas, vertisoles, con 15 años de descanso, con materia orgánica, tierra negra, sumamente fértil,” me explica. Yo siento que se le hace agua la boca.

Un campesino después me explicaba que la tierra era tan buena que no tenía que usar fertilizantes. “Usted echa la semilla y se va a dormir”, me dijo. “Pero las agropecuarias se están quedando con toda la tierrita”.

En la zona, las agropecuarias comienzan a sembrar yuca y maiz para el ganado. La inversión social del Estado se ha demorado en llegar, pero recientemente construyeron este puesto de salud en Bajo Grande, donde el gobierno adelantó un gran desminado humanitario.

Tras la tierrita

A comienzos de 2008, llegaron los empresarios antioqueños a comprar tierras y se desató una fiebre especulativa sin precedentes, parecida a la que se está dando en la Orinoquía (ver artículo). La hectárea de tierra que compraron el año pasado a 300 mil pesos, hoy vale dos millones. La de un millón, vale tres.

“En frente de la Alcaldía del Carmen los corredores de bienes raíces hacían cola con las escrituras de la gente en la mano para vender”, me dijo una persona de la gobernación de Bolívar. “Nadie sabía quién estaba comprando, decían solo los 'cachacos’, los ‘cachacos’”. Con el tiempo se ha sabido que esos ‘cachacos’ son en realidad reconocidos empresarios paisas.

La Agropecuaria Carmen de Bolívar, una de las más importantes en la zona, es del reconocido empresario bananero del Urabá Guillermo Gaviria, el papá del ex precandidato presidencial liberal Aníbal Gaviria y dueños del diario antioqueño El Mundo.

Su representante legal Daniel Fernando Cuartas Tamayo también es el representante legal de la Agropecuaria El Génesis, otra de las compradoras de tierra en la zona, de una familia Penagos. Según información suministrada por la agencia de prensa IPC, Cuartas también representa o es apoderado de las firmas mineras Nueva Californa, El Tajo S.A. y Sociedad Guadancanal S.A, con exploraciones de oro en Chaparral, Tolima, Nechí Antioquia y San Jacinto, Bolívar.

La Agropecuaria El Central tiene como representante legal a Otto Nicolás Bula Bula, quien fue el segundo renglón del senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe. La revista Cambio sacó un confidencial hace unos meses en el que contaba que los magistrados de la Corte Suprema que investigan al senador “se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que la mayor venta de ganado el pasado fin de semana en la feria de Montería fue realizada por Otto Bula, quien fue suplente de Uribe en el Congreso entre 1998 y 2002. Los investigadores indagan por los actuales vínculos comerciales de Uribe con Bula y sobre las sociedades ganaderas que habrían constituido recientemente. Testigos afirman que Bula es la persona que mayor crecimiento patrimonial ha tenido en Córdoba en los últimos años.”

Uno de los miembros de la junta directiva de esta empresa, es Alonso Sanín Fonnegra, caballista del Urabá antioqueño, propietario del criadero Palma Seca, miembro de Fedequinas y representante legal suplente de Fogansa S.A., una empresa mixta que en 2001 reemplazó al Fondo Ganadero de Antioquia.

La Agropecuaria Montes de María tiene como representante legal a Raúl Mora Abad, un reconocido criador de caballos, dueño del criador Villa Katerine, de Rionegro, Antioquia, y miembro de Fedequinas.

También ha comprado tierras en la zona la empresa Invesa, entre cuyos miembros de junta se encuentran Álvaro Uribe Posada, que tiene registrada una plantación forestal en la Ceja, Antioquia; Ricardo Sierra Moreno, uno de los ‘cacaos’ de Antioquia, fundador de la empresa Distrihogar, quien ha sido miembro de diversas juntas directivas de empresas públicas y privadas: Metro, Bancolombia, EPM y Confinsura, entre otras; y Christian Toro Ludeke, uno de los altos directivos de UNE EPM Telecomunicaciones.

Uno de los primeros compradores fue el empresario antioqueño Alvaro Ignacio Echeverría, de Tierras de Promisión S.A., pero según Cardona, él no forma parte de la Corporación. Y entre los más recientes compradores están Bernardo Hoyos, gerente del Comité Central de Ganaderos de Búfalos. Y los dueños de la cementera Argos.

Varios de estos empresarios son miembros de la cooperativa de leche Colanta y llegaron a la zona en busca de tierras baratas después de que el precio del maíz para alimentar el ganado se disparó con las siembras de alimentos para biocombustibles.
 

La tierra de Montes de María es una de las más fértiles del país. Pero no tiene agua y las vías hasta ahora se están construyendo. La Corporación Amigos de los Montes de María financió el arreglo de 24 km de carretera en el Cocuelo.

Las medidas de protección

“Nos fuimos a buscar tierrita para sembrar yuca”, dijo a La Silla Vacía Daniel Cuartas, representante legal de las Agropecuarias El Génesis y Cármen de Bolívar. “Organizamos un grupo de productores lecheros y nos fuimos allá para hacer los proyectos”.

Salvo Invesa e Invercampo, las demás agropecuarias fueron todas creadas en el primer semestre de 2008, días o semanas antes de comprar la tierra para adelantar proyectos productivos en Montes de María. La idea de Agropecuaria Carmen de Bolívar es sembrar yuca, El Genesis y El Caney quieren hacer ganadería intensiva para exportar carne y otras de las empresas tienen planes de sembrar palma y frutales.

“La gran mayoría son lecheros y el potencial de esta tierrra es producir comida para las lecherías”, dice Cardona. Agrega que entre los asociados de la Corporación Amigos de Montes de María han generado unos 3.000 empleos, el 70 por ciento de ellos de vinculación laboral directa. Los campesinos son contratados para poner las cercas, hacer pozos de agua y sobre todo para tumbar el monte para ‘civilizar’ la tierra. Ya se comienzan a ver unos pocos cultivos, aunque todavía no se ve ninguna gran producción agroindustrial. En la zona reconocen que las agropecuarias le han devuelto gran parte de la vida al pueblo y que han generado empleo, pero no 2.000 puestos de trabajo estable.

Cardona dice que las grandes inversiones están paradas por las medidas de protección de la Gobernación de Bolívar, que en octubre de 2008, decidió congelar las ventas de tierra en la zona para evitar que los campesinos siguieran vendiendo de manera desaforada. Dice que tuvieron que despedir a 200 empleados a raíz de esta decisión. Como muchas de estas ventas se hicieron mediante documento privado porque casi la mitad se encontraban en procesos de sucesión, o embargadas. "En el momento de llevar la escritura, aparecían con la medida de prevención y se quedaba todo en la promesa de conpraventa", dice Cardona. "Necesitas la escritura para presentarla al banco".

Cuando un campesino quiere vender en Carmen de Bolívar tiene que solicitarle al Comité de Desplazados de la Gobernación de Bolívar permiso para levantar la restricción. La Gobernación verifica que lo estén haciendo libremente, sin presiones. Para escribir este artículo hablé con más de veinte personas en la zona, y nadie dijo que las compras se hubieran hecho a la fuerza.

“Muchos de los campesinos que salieron hace 10 ó 12 años, cómo van a retornar a esos predios abandonados. Ya no son fincas, sino potreros. Con qué fuerza van a civilizar esas fincas. Ahí no está el acompañamiento estatal”, me explicó una de las personas de la Gobernación en Cartagena, que como los demás funcionarios prefirió hablar anónimamente. “Perdieron lo poco que tenían en los ranchos. Los hijos ya se amañaron en la ciudad, los papás cuando vuelven lo que encuentran es una selva. Y viene una persona que les dice: ‘se los compro por 20 millones de pesos'. En su vida han visto tanta plata junta. ¿Qué van a hacer? ¡Venden!”

La Gobernación ha recibido alrededor de 200 solicitudes de levantamiento de las medidas de protección sobre unas 100 mil hectáreas alrededor del Carmen de Bolívar y tiene a seis abogados de la entidad y también de Acción Social tratando de encontrar argumentos jurídicos para evitar que los desplazados vendan sus tierras y se conviertan para siempre en pobres urbanos. Pero es una batalla perdida. Los dueños de las tierras ponen tutelas para hacer respetar su derecho a la propiedad y como la Gobernación no encuentra que hubo constreñimiento, en muchos casos, les toca levantar la medida.

Hace dos meses citaron a los compradores de tierra para que explicaran los proyectos productivos que planeaban para la zona. De las seis agropecuarias, sólo asistió uno de los dueños. El resto envió abogados. El comité, entonces, dijo que no levantaría las medidas hasta que los propietarios dieran la cara, y eso les dio un tiempo adicional para proteger las tierras.

Lo que están viendo ahora en la Gobernación es que entre las agropecuarias se están vendiendo tierra. "Es para hacer los globos", me explicó Cardona. "Todas las compras han sido satélites". Compraron unas hectáreas aquí y otras allá y ahora están tratando de armar las fincas intercambiando los terrenos.
 

El problema del retorno

“Esta gente el único empleo que está generando es para una red de abogados de la región, que encontró trabajo solicitando que se levanten las medidas de protección”, dijo uno de los miembros del Comité de Desplazados. Me contó que las historias de los campesinos que quieren vender son deprimentes. “Vienen acá y me dicen, ‘mi sueño era mi finca. Pero de dónde saco plata para caerle a un árbol con un machete que antes yo despalitaba'. Ese señor sigue caminando, pero ya no sueña”.

Muchos de ellos, además, tenían deudas con la Caja Agraria, que siguieron creciendo cuando fueron desplazados. En la zona dicen, aunque no lo pude confirmar, que los comisionistas inmobiliarios llegan con los títulos de las deudas, que ahora le pertenecen a Covinoc, y les informan sobre cuánto deben. Luego se ofrecen a cubrir la deuda y les enciman unos pesos.

La inversión estatal para facilitar el retorno de los desplazados se ha demorado en llegar. Aunque el pasado 19 de junio, cuando terminó la labor de desminado humanitario en Bajo Grande, en el corregimiento de San Jacinto, Bolívar, a una media hora del Carmen de Bolívar, el vicepresidente Francisco Santos dijo que este pueblo “sería atropellado por el progreso” (ver artículo), solo hasta la semana pasada se entregó el acueducto artesanal al pueblo y se firmó un convenio entre Invías y la Alcaldía de San Jacinto para restaurar las vías. Volver para la mayoría no es una opción pues no cuentan con las mínimas condiciones para vivir.

Pero el mayor problema que enfrenta Acción Social para lograr el retorno de los desplazados es la venta masiva de tierras. “La gente no era propietaria, sino que vivía de la aparecería. Ahora cuando vuelve encuentra que esa tierra ya está en manos de otros y que han tirado cercas,” me contó uno de los funcionarios de Acción Social en Bogotá. “Ya toda la tierra está en manos de las cinco agropecuarias. El gran obstáculo para el retorno es que no hay tierra para trabajar”.

Cardona dice que están estudiando la posibilidad de hacer alianzas productivas con los campesinos para que todos salgan ganando. Existen algunos modelos exitosos. En Maria la Baja, hay una cadena productiva de palma de aceite, donde los campesinos son dueños de la mitad de la planta de procesamiento. En el Magdalena, algunos bananeros han incluido a los cultivadores en la comercialización como socios.

Si algo así no se logra en el corto plazo, la gran paradoja es que los que más sufrieron la guerra, no serán los principales beneficiarios de la paz. Durante el período más intenso del conflicto, se produjo una concentración de tierra sin precedentes a punta del terror de paramilitares y guerrilleros que despojaron de sus tierras a más de un millón de campesinos. Se esperaba que a partir de los logros de la Seguridad Democrática, esta situación se reversara con la restitución de tierras a los desplazados. Pero, por ahora, la incipiente paz ha traído una nueva contrarreforma agraria.

                                 

RCN Radio

También puede ver

• Conozca los detalles de la decisión por caso de adjudicación irregular de tierras

La Fiscal Viviane Morales señaló que el ente acusador está tras la pista de funcionarios públicos que realizan registros fraudulentos en el país.

"En el caso de los Montes de María se han recibido 23 interrogatorios a servidores públicos, con imputación a 6 notarios y una ex registradora"

Por otra parte, manifestó la Fiscal General, que las investigaciones avanzan a buen ritmo en materia de tierras adjudicadas presuntamente a particulares, destinadas para los desplazados por la violencia.

"En los casos de participación de funcionarios en los temas de registro y de transpaso de tierras, y despojo de personas desplazadas, se han iniciado investigaciones en la Fiscalía", dijo Morales.

Estas tierras tenían restricciones para su comercialización porque eran de familias desplazadas.

Por tramitar al menos 25 escrituras de predios que tenían restricciones para su venta, la Fiscalía imputó cargos contra el notario 29 de Medellín, Juan Álvaro Vallejo Tobón. y el asesor jurídico de esta dependencia y notario encargado. Hernán Alonso Gutiérrez Vallejo.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos predios tenían restricciones para su comercialización ya que eran de propiedad de familias desplazadas por los grupos armados que delinquieron en Los Montes de María.

Las 1.876 hectáreas que se tramitaron irregularmente se encontraban en los municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar y Zambrano (Bolívar) y fueron obtenidas de manera masiva por personas naturales o empresas ficticias, que en la mayoría de los casos presionaron a los campesinos para adquirirlas a menor precio.

Según el ente acusador, durante las transferencias del derecho de dominio los funcionarios hoy investigados no exigieron los certificados de tradición y libertad con los que debían determinar que los predios eran unidades agrícolas familiares bajo protección estatal, cuyo derecho se les había concedido a las familias que luego fueron desplazadas.

Por su presunta responsabilidad en estos hechos, el ente acusador les imputó a los procesados los delitos de prevaricato por omisión agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Ni Vallejo Tobón ni Gutiérrez Vallejo aceptaron su responsabilidad en los cargos formulados por la Fiscalía.

Bogotá, 19  Enero _ RAM_..  La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que ha recibido 7.588 solicitudes,  de parte de las víctimas del desplazamiento y el despojo, para que se les devuelvan las tierras que les fueron arrebatadas por las organizaciones criminales.

Con corte al 19 de enero y, del total nacional, la oficina regional de la Unidad de Restitución con mayor número de solicitudes ha sido Bogotá, con 1.750.

Mientras se inauguran las oficinas respectivas de la Unidad, Nariño,  a través del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, ha recepcionado 579; Valle del Cauca, 773; Putumayo, 579;  Antioquia, 561 y Tolima con 502.

En Córdoba, segunda Unidad de Restitución abierta al público  el día 12 de enero, ha recibido 208 solicitudes de restitución.

Los cinco jueces especializados de Restitución, nombrados hasta el momento, recibirán los casos una vez la Unidad de Restitución de Tierras documente los mismos para el fallo judicial.

Se espera que los Jueces de Restitución fallen, en el 2012, al menos 2.100 casos. Los 5 jueces nombrados desde el 16 de enero operarán inicialmente en Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín. Cada uno de los jueces atendrá varios departamentos, de tal manera que la cobertura es Nacional.

La restitución de Tierras en el país es prioridad del gobierno nacional y así lo demuestran la decisión de abrir 20 oficinas en todo el país el presente año.

El primer trimestre estarán operando, además de la de Bogotá y Montería, abierta para la atención del público desde el pasado doce de enero de 2012, once oficinas: Sincelejo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Montería, Valledupar, Santa Marta, Cali Cúcuta, Ibagué, Barrancabermeja, Medellín y Apartadó.

Para este año, la Unidad Administrativa tiene como objetivo la recepción de 13.760 reclamaciones. La meta para el cuatrienio es de 160 mil solicitudes atendidas.

En los próximos diez años, que es la vigencia de aplicación de la Ley, en el marco de la justicia transicional, la meta global de la Unidad Administrativa es atender 360 mil reclamos con la perspectiva de que al menos 300 mil de ellos sean resueltos por los jueces especializados en restitución.

El proceso de restitución será gradual y progresivo y se iniciará por las zonas más afectadas por el despojo y el abandono de tierras.

El procedimiento para reclamar la restitución de tierras despojadas o abandonadas es absolutamente gratuito y no requiere de intermediarios.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas  dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos de restitución.

El Registro de la solicitud de restitución en la Unidad de Restitución, es el primer paso hacia la restitución, la compensación o la formalización de las tierras despojadas o abandonadas.

LILA LEYVA VILLARREAL
El predio conocido como Ana María o Rodelo, en El Guamo, del que fueron desalojados 38 campesinos.
Unos 38 campesinos fueron desalojados del predio conocido como Ana María, en el corregimiento la Enea, jurisdicción del municipio de El Guamo (Bolívar).

El lanzamiento de los ocupantes del predio también conocido como Rodelo fue ordenado por un fallo de tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de esa población.

La medida fue necesaria, según Antonio Salas Díaz, debido a una promesa de compraventa que firmaron él y dos copropietarios más con el dueño principal del terreno, Lucas Ariza, en el año 2007.

El procedimiento para recuperar las 200 hectáreas de tierras, que fueron habitadas por los campesinos desde hace unos 20 años, se llevó a cabo con el acompañamiento de la Personería Municipal de El Guamo, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Policía.

“Nosotros le dimos 6 meses a los campesinos para que recolectaran todos sus cultivos y desalojaran el predio, pero no tomaron en cuanta el tiempo límite, razón por la cual nos vimos en la obligación de solicitar el acompañamiento de la Policía para tener el dominio  de la tierra que legalmente nos pertenece”, dijo Salas.

Durante el proceso de desalojo, los labriegos manifestaron que ellos son propietarios debido a los 20 años que llevan trabajando en ese sector, el cual se encuentra ubicado a 20 kilómetros de la cabecera municipal de El Guamo.

Los labriegos solicitaron una nueva prórroga para poder recolectar los cultivos de maíz y yuca que tienen allí, con el cual devengan el sustento diario de sus familias desde hace varios años, pero no les fue concedida, antes por el contrario, alegan que fueron retirados forzosamente del predio y con atropellos.

Habla el alcalde

Javier Angulo Romero, alcalde de El Guamo, advirtió que ese es un problema que viene desde hace muchos años entre los labriegos y los propietarios, del cual se han generado varios procesos jurídicos.

Angulo Resaltó que para evitar que se sigan presentando los enfrentamientos entre las partes, le propuso a los campesinos solicitarle al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), comprar el predio para posteriormente les sean entregados con sus respectivos títulos.

Recalcó que la tierra en disputa hace parte de la Zona de Reserva Campesina, que le aprobaron a unos 500 campesinos de los Montes de María el pasado mes de diciembre, en el marco de la primera  Audiencia Pública que se llevó a cabo en El Carmen de Bolívar.

Este medio intentó comunicarse con Ricardo Barrios Vergara, representante de la comunidad campesina, pero su número de teléfono se encuentra fuera de servicio.