La zona de los Montes de María, conformada por 14 municipios pertenecientes a la costa Atlántica, ha sido desde hace más de 40 años, escenario de luchas por la posesión de la tierra entre miles de familias de humildes campesinos y terratenientes, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y poderosos empresarios.
La confrontación, en todos los escenarios, no es gratuita, pues se trata de una zona estratégica para los cultivos legales e ilegales, es un punto clave para la minería y además está ubicada en uno de los principales corredores para el tráfico de drogas y armas de la costa Atlántica.
Todas esas características hacen de los Montes de María un lugar muy atractivo para que un puñado de personas y empresas hayan querido apoderarse de las tierras de la zona a cualquier costo.
Durante los últimos diez años, los campesinos que viven en esa fértil zona que comparten el sur de Bolívar y Sucre, han sufrido la combinación del uso de tres mecanismos perversos por parte de quienes han querido apoderarse ilegalmente de sus tierras, herencia de sus ancestros.
Se ha reconstruido el funcionamiento de la “maquinaria criminal” que según las investigaciones, primero se dedicó a cometer múltiples masacres que además de dejar centenares de muertos, causaron el desplazamiento de miles de personas.
Esa estructura delictiva que investigan las autoridades, posteriormente se habría dedicado a la compra a muy bajo precio de las tierras que habían sido abandonadas por los campesinos tras las matanzas y finalmente, se investiga si llegaron a un alto nivel de sofisticación con el que por medio de fiducias, legalizaron los predios adquiridos con métodos muy cuestionables.
Inicialmente se cometieron cerca de 50 masacres en la zona de los Montes de María, entre 1996 y 2005, que dejaron por lo menos 332 personas asesinadas. De manera paralela, esas matanzas ocasionaron el desplazamiento forzado de más de 143 mil campesinos, que por supuesto, tuvieron que abandonar sus tierras y huir hacia ciudades como Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
Luego de la etapa de terror, varias familias decidieron comprar una gran cantidad de terrenos despojados por los grupos armados ilegales en los Montes de María, a un precio muy bajo, en algunos casos mediante presiones ilícitas y maniobras irregulares, incluso a pesar de que muchas de esas propiedades contaban con medidas cautelares, por tratarse de tierras entregadas en los 60 y en los 70 por el Incora.
