Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación.

Una nueva arremetida contra los corruptos hizo el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, al señalar que las reformas a las normas a la contratación pública no son suficientes para combatir ese fenómeno enquistado en la sociedad colombiana.

Dijo que escándalos como el del carrusel de la contratación en Bogotá y de otros casos en el país, obedecen esencialmente a "la ausencia de una política pública en materia de vigilancia contractual", a pesar de que existe lo que llamó un ‘aluvión’ normativo que desconcierta tanto al contratista como a la misma administración.

Al intervenir ante 1.200 empresarios que asistieron al Congreso Nacional de Infraestructura, hizo reparos a un documento que le entregó ese gremio, el cual consideró que los problemas de corrupción son consecuencia de una falta de gerencia pública.

"El problema es mucho más amplio y no sólo depende de una simple gerencia pública", anotó, al referirse a las prolongadas demoras e incumplimiento en la ejecución de obras, manejo irregular de los dineros por anticipos, sobrecostos y el pago de dádivas a los funcionarios en el marco de contratos de infraestructura.

Ordóñez sostuvo que "el problema de la corrupción no es sólo ni exclusivo de la administración pública, sino que hay una democratización de la corrupción, tanto que el sector privado es hoy tan corrompido como el público en esos mismos escenarios".

Afirmó que el reto que tiene la sociedad colombiana es el de "lograr que se establezca una cultura de la legalidad frente a la cultura de la ilegalidad que hoy campea y nos amenaza y pone en entredicho nuestra institucionalidad, que la desborda y la deslegitima".

A una pregunta de El País acerca de si el nuevo Estatuto Anticorrupción es sólo un compendio de normas que no servirán para nada, el Procurador respondió que "el problema no se soluciona con la ley, pues apenas es un instrumento de una política pública que el Estado debe afrontar y asumir con mucha decisión".

El jefe del Ministerio Público exaltó, sin embargo, el alcance del Código de Autorregulación que le presentó la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en el marco del evento, como una forma de depurar el gremio de la ingeniería.

"Aquí lo que se debe es buscar el restablecimiento de la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas, dentro de un proceso de recuperación de los valores éticos en el cual debe colaborar el sector privado", agregó Ordóñez.

Castigos más severos

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se mostró partidario de atacar la corrupción, sobre todo en la contratación estatal, con castigos más severos y rigurosos dentro del marco gremial y de la misma ley como tal.

"Debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción y sus protagonistas. Esas faltas a la ética merecen sanciones ejemplarizantes y no blandas", anotó el titular de esa cartera al hablar ante la CCI.

En ese sentido, llamó la atención de los colombianos para que se conviertan en los verdaderos interventores de los contratos de infraestructura y en otros campos. "La Constitución del 91 nos permitió esa oportunidad gigantesca e histórica, la cual debemos seguir utilizando, pero sin abusos, como el caso de las acciones populares".

Sobre este último punto, dijo que las reformas al Estatuto de Contratación han servido, pero denunció que algunos bufetes de abogados están aprovechando las falencias de algunas de sus normas para "ejercer codicia y enriquecerse a costillas del Estado".

"Hay vacíos"

La contralora general de la Nación, Sandra Morelli, dijo que "los defectos en los pliegos de contratación pública y los vacíos en las normas" han sido responsables en gran medida de los problemas de corrupción.

"Aspectos como los imprevistos, las multas de bajo monto, la cesión de los contratos y hasta la caducidad de los contratos, la cual se acata, pero no se cumple" son factores negativos en los contratos públicos, anotó.

Aclaró que en la búsqueda de responsables de actos de corrupción no debe caerse en el desprestigio de todo un sector.

Los aspirantes a la Alcaldía de Carmen de Bolívar, un pueblo tradicionalmente golpeado por la violencia, participaron en un debate organizado por la Comisión de debates políticos de Bolívar. Los candidatos Rafael Gallo del Partido Liberal, Rocío del Carmen Gutiérrez del Partido Conservador, Janeth Romero del MIO y Francisco Vega del Partido de la U debatieron sobre temas como la corrupción, el cartel de los embargos, la ley de víctimas y el alcantarillado. Sus contendores Blanca Torres Lascarro de Cambio Radical y Reynaldo Nuñez del Partido Verde se excusaron de asistir por motivos de salud.
Los candidatos coincidieron en afirmar que el reto mayor para el próximo alcalde es atacar la corrupción y que es muy probable que la ley 550 sea la salida a la crisis fiscal que enfrenta Carmen de Bolívar. Desde hace dos años el municipio vive una serie de acontecimientos jurídicos y financieros, derivados del llamado cartel de embargos, una estructura delictiva de la que han hecho parte, reconocidos jueces y abogados, quienes se han encargado de demandar al municipio a través de tutelas y juicios laborales. Para responder ante la avalancha de denuncias que comenzaron en la administración del destituido ex alcalde Amer Bayeulo Berrío, las cuentas del municipio están embargadas y los recursos destinados a la salud y la calidad educativa, terminaron en manos de unos pocos.

Al respecto el candidato liberal Rafael Gallo aseguró que la corrupción le ha costado al municipio pérdidas superiores a los 44 mil billones de pesos y que es urgente “frenar el tema de embargos chimbos” con un equipo de abogados que responda las demandas. “El municipio no tiene dolientes pero los funcionarios públicos de la noche a la mañana aparecen con carros y fincas”, añadió.

Rocío del Carmen Gutiérrez aseguró que acabará con el que llamó “el baloto del Carmen de Bolívar”, mediante la presentación de un proyecto de acuerdo que permita intervenir el municipio y mejorar el recaudo fiscal. “A partir del 1 de noviembre se deberá hacer una depuración del déficit fiscal real, pues sabemos que son 45 mil millones de pesos que se han pagado en embargos. Hay que mirar qué es legal y qué no”. Acto seguido la candidata increpó al representante del partido de la U, Francisco Vega, al asegurar que miembros de su campaña hacen parte del cartel de los embargos.

El aspirante de la U le respondió que en su gobierno él no complacerá “apetitos mezquinos” y que si algunos de los miembros del cartel de los embargos quieren votar por él “tendrán buen gobierno, pero jamás haré un compromiso con los recursos del Estado”. Así mismo prometió crear una oficina jurídica que funcione como Secretaría de despacho y que vele porque la contratación sea eficaz, haya austeridad en el gasto y se puedan cumplir con los compromisos financieros.

Finalmente Janeth Romero del MIO, reiteró en varias oportunidades durante el debate que revisará minuciosamente las finanzas para saber cuál es el estado de pasivos y activos, “y depende del resultado sometería al municipio a la ley 550”. También haría un esfuerzo por mejorar el recaudo municipal y así saldar las cuentas pendientes.

Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres elementos:

El mal uso del poder
Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado
Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

La violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales en Colombia, han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura del Estado. Para la Corporación es un tema prioritario, y es entendido como: “la capacidad de grupos de interés para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de decisión política en los ambientes ejecutivos, legislativos y regulatorios”.

Este fenómeno transciende la influencia ilegítima de intereses privados sobre las decisiones estatales para centrarse en la búsqueda del dominio de amplias esferas del poder, para tomarlo como propio y servirse de él, de sus recursos y posibilidades con el objetivo de conseguir sus propios fines. Representa un sistema de delincuencia organizada que emprende acciones sistemáticas de despojamiento violento de lo público en las esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que por ende impregna el conjunto de la sociedad

Casi 10 meses han transcurrido sin darle cumplimiento a un fallo judicial, razón por la que varios habitantes de la calle 25 del municipio de El Carmen de Bolívar se quejan de los problemas que les ha ocasionado los trabajos inconclusos en el sector.

Según habitantes del sector, la orden dada fue el resultado del trámite de una acción popular y que fue fallada por el Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena. Esta sentencia no estipula plazo alguno, pero los quejosos consideran que ya es mucho el tiempo que ha pasado sin obtener respuestas.

Y tendrán que aguardar mucho tiempo más, toda vez la actual administración municipal no tiene conocimiento sobre esa sentencia, dado que no reposa documento alguno en la Alcaldía sobre ese aspecto.

Pero no solo de esa acción judicial no se tiene conocimiento, sino de otras, dado que el archivo de la Alcaldía es prácticamente inexistente desde las administraciones anteriores, lo cual fue corroborado por la misma alcaldesa (e) del municipio Leyla Ortega Fernández.



Lo que se le ordena



La sentencia ordena que la Administración debe realizar los estudios técnicos, jurídicos y presupuestales con el fin de culminar la totalidad de las obras de pavimentación y poner en funcionamiento la red de alcantarillado.

Habitantes de la calle 25, coinciden en señalar que la demora por parte de la Administración solo demuestra una burla hacia el fallo y mientras tienen que soportar el daño que las máquinas pesadas ocasionaron es ese tramo de la vía cuando se realizaban las obras de construcción del sistema de alcantarillado.



Concejo avaló obras



Mucho más asombro demuestran los habitantes desde cuando se enteraron que el Concejo municipal expidió en el Acuerdo del presupuesto para la vigencia 2011 un rubro para la adecuación de vías urbanas.

Al conocer que el representante Iván Cepeda Casto acusó a su gobierno de favorecer a empresarios en la compra de tierras, el expresidente Álvaro Uribe prefirió no responder a la denuncia del legislador del Polo Democrático Alternativo.

"Me contengo para no contestar la nueva temeridad del odio y la ignorancia del señor Cepeda", escribió en la red social Twitter el exmandatario

Aún así, tildó a Cepeda de "vocero de nostálgicos de NarcoFarc".

La denuncia de Cepeda

Este miércoles la Cámara de Representantes adelantó un completo debate de control político sobre la situación de las tierras en el país ⁠y la corrupción que se enquistó en el Estado en el manejo de éstas.

Uno de los citantes, el representante Iván Cepeda Castro,⁠ dio a conocer diversos testimonios y documentos que comprueban las estrategias que utilizaron varios empresarios para lograr la compra masiva de predios en la región de los Montes de María, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre,⁠ incluso de terrenos que se encontraban protegidos con medidas especiales para evitar su venta.

Cerca de 25 empresas entre las cuales se encuentran Cementos Argos, Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria de los Montes de María, lograron la compra de alrededor de 75 mil hectáreas (aunque la Superintendencia de Notariado y Registro sólo ha detectado 35 mil) de tierra a bajos precios, ya que tuvieron acceso a información privilegiada por parte del gobierno en relación con esos predios.

Cepeda reveló que según Luis Esteban Echavarría, gerente de Tierras de Promisión,⁠ en una reunión en diciembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe le dijo a él y a otros amigos presentes que “ya se había consolidado la paz en los Montes de María pero que la tierra estaba vacía”. Echavarría dijo que eso lo impulsó a unirse con otros empresarios para buscar la manera de invertir en esa región.

El congresista presentó un video grabado el 3 de septiembre de 2009, en una reunión en María La Baja, Bolívar,⁠ en el cual se ve al entonces ministro de Agricultura Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a 4 empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Fernández les dice a los campesinos de la región que les llevaba a varios empresarios prestantes de Antioquia que él conocía desde hace tiempo y que les podían vender sus tierras con toda tranquilidad. En el video, Fernández le pide al gobernador de Bolívar y al gerente nacional del Incoder, Rodolfo funcionarios del Incoder hicieran lo necesario para levantar las medidas de protección sobre las tierras⁠, impuestas por tratarse de terrenos afectados por la violencia.

Durante el debate, Cepeda señaló que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, 8 pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12% de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

El congresista interrogó al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo sobre cuáles son las acciones que ha emprendido el gobierno nacional, además de los hallazgos hechos por la Superintendencia de Notariado y Registro, para revertir los procesos que presentan irregularidades en los Montes de María.

“Hay que revisar quiénes verdaderamente son los terceros de buena fe. La Superintendencia de Notariado no tiene las atribuciones para clasificar a Cementos Argos y a otras empresas como terceros de buena fe. Estas son personas jurídicas y naturales que deben ser investigadas, su responsabilidad en el despojo debe ser esclarecida”, afirmó Cepeda.

El representante Iván Cepeda le solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que con base en la información revelada en el debate, investigue al expresidente Álvaro Uribe por un presunto tráfico de influencias en el proceso de compra de tierras en los Montes de María, por parte de empresarios que fueron donantes y promotores de su campaña en el año 2002.

También le pidió a la Fiscalía General, que investigue al exministro de Agricultura Andrés Fernández, al exgerente del Incoder Rodolfo Campo Soto, y a la exdirectora del Incoder en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos y a varios empresarios compradores de las tierras.

El Carmen de Bolívar. La Contraloría General de la República, por medio de la dirección de Gestión Social y la Contraloría Departamental de Bolívar, investigará si hubo irregularidades fiscales en la Urgencia Manifiesta decretada por la Administración de Galo Torres Serra, recientemente destituido por la Procuraduría General de la Nación.

La decisión fue adoptada en virtud de una serie de denuncias y a una acción de tutela que interpusieron los rectores de las instituciones educativas en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, para exigir la inversión de más de $1.140 millones correspondientes a calidad educativa y comedores escolares de la vigencia 2010.

La Contraloría General y la Departamental le comunicaron al presidente del Colegio de Rectores, Dalmiro García Henríquez, que luego de realizar una evaluación de las denuncias realizadas por los docentes, se iniciarán las averiguaciones del caso.

"Le informamos que realizada la evaluación, se ha dado traslado a la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Social, de la Contraloría General de la República, dependencia competente para adelantar las diligencias y/o ejercer el control fiscal pertinente, el cual se encuentra sujeto a los términos y procedimientos establecidos en la Constitución y en la normatividad aplicable", advierte la Contraloría.

A juicio de García Henríquez, es muy positivo que ese órgano de control haya acogido todas sus quejas, y esperan que los resultados de la investigación se den en un corto tiempo, porque los más perjudicados con la situación son los estudiantes. "Queremos claridad puntual en las investigaciones para que se demuestre el grado de responsabilidad fiscal al que haya lugar dentro de esta investigación contra el Alcalde", dijo.

Eso era antes. Porque ahora los Montes de María han sido concebidos y poseídos con pecado. Con el pecado cometido por grupos armados que impusieron su ley y su precio, el precio que les dio la gana por la tierra.

Hay muchas ironías en torno al nombre de esa rica y estratégica región enclavada en los departamentos de Bolívar y Sucre. Son tierras fértiles que han sido objeto en las últimas dos décadas del colonialismo avasallante de un sector armado, compuesto en buena parte por miembros de grupos violentos de origen paisa.

De tal manera que los clásicos Montes de María, otrora prósperas tierras de aguacates y sembríos, de cantos y gaitas, se vio manchada por un sector que impuso a sangre y fuego su ley y obligó a cientos de familias a vender a precios irrisorios generosas tierras donde los frutos crecían silvestres. Por eso se les llama también los Montes de Eh! Ave María, aclarando que no es ese laborioso sector de la antioqueñidad la responsables de este ultraje feudal que de manera ilícita se apropió de miles de hectáreas.

Ocurre que en los últimos meses se ha descubierto un manual de trucos legales creado y utilizado para despojar de las tierras a los campesinos. Los autores de estos delitos son funcionarios del Incoder y de las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos de los municipios ubicados en esa región.

Miles de campesinos han sido desplazados de sus tierras, que suman 37 mil hectáreas y cuyos costos superan los $200 mil millones. El paramilitarismo fue el principal causante de las desmovilizaciones, con el apoyo de grupos cómplices aprovechados de posiciones privilegiadas que obligaron al campesinado a vender a precios de gallina flaca, lo que todo el mundo conocía como tierras benditas.

Entre otras perlas se supo que un predio pudo ser comprado a bajo y precio por la presión del rifle en el cuello, pero además muchos predios fueron adquiridos con documentos falsificados. En el ojo del huracán están las oficinas de Cartagena, Carmen de Bolívar, María la Baja y Zambrano, en Bolívar y las de Sincelejo, Corozal, Ovejas y San Onofre, en Sucre.

La investigación destapó la olla podrida de 10 movimientos fraudulentos, entre ellos la falsedad en resoluciones y nueve cabezazos más, de esos que sabe dar la mafia criolla y la corrupción campante. De un tacazo una persona identificada como Álvaro Echeverría compró 4.650 hectáreas. Otra más, Manuel Medina Muñetón, adquirió 9.613. Y la lista es interminable, como es el rosario de pecados cometidos en los Montes, vaya usted a saber de qué.

Por Humberto Mendieta
humberme@yahoo.com

Hasta ahora, las historias de cómo han despojado a los campesinos de sus tierras en Colombia se han circunscrito al relato de personajes particulares que han sido desplazados y cuentan lo que ha sido su tragedia. Nunca antes en el país se había hecho un ejercicio como el que acaba de terminar la Superintendencia de Notariado y Registro para mirar con un lente más abierto cómo fue que en ciertas regiones se dio el fenómeno masivo de usurpación de tierras.

El informe, conocido por SEMANA, hace un análisis detallado de cómo los campesinos perdieron sus fincas en los Montes de María, una fértil región ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. El reporte documenta todo tipo de triquiñuelas y deja claro cómo en la consolidación de este despojo desempeñaron un papel clave funcionarios regionales del Incoder y algunos notarios y empleados de las oficinas de Registro Público.

Las transacciones de tierras cuestionadas corresponden a más de 37.000 hectáreas con un valor comercial que hoy supera los 200.000 millones de pesos. Gracias a los hallazgos se prevé una veintena de capturas en los próximos días, entre ellas a algunos alcaldes.

El resultado hoy es que una región que se caracterizaba por cantidad de minifundios promovidos por el Estado se ha transformado en una zona de latifundios y terratenientes en un claro proceso de contrarreforma agraria.

Así lo hicieron

Para los investigadores de la Superintendencia es claro que ha habido lo que llaman tres 'generaciones' o momentos de transacciones irregulares. El primero se dio entre 2006 y 2008, cuando se estaba dando punto final al grueso de las desmovilizaciones de los paramilitares. Según el estudio, fueron tres personas las protagonistas de esta etapa y habrían aprovechado que los raizales aún estaban temerosos de regresar a sus parcelas. Al fin y al cabo esa región a finales de los años noventa fue escenario de al menos 56 masacres perpetradas por los paras, como la de El Salado, donde torturaron públicamente a 70 personas antes de asesinarlas, o la de Chengue, donde mataron a una veintena de campesinos a garrote.

Estos compradores, de quienes se reserva el nombre mientras se surten las investigaciones penales, se aprovecharon además de las deudas que tenían todavía muchos de los campesinos con el Estado, pues el 40 por ciento de los predios que se compraron masivamente y que son ahora objeto de investigación habían sido entregados a los cultivadores en programas de reforma agraria.

Con esta información en mano, los compradores les ofrecieron pagar sus deudas y, como fórmula de 'rescate', les compraron sus tierras por un valor muy inferior al que realmente costaba la propiedad.

La segunda etapa, a partir de 2008, fue la concentración de estos títulos en empresas, algunas de ellas de papel, que fueron sumando las pequeñas parcelas en grandes globos de tierra. En las pesquisas preliminares han encontrado, por ejemplo, que el domicilio de algunas coincide con locales vacíos en la ciudad de Medellín.

La tercera generación de transacciones irregulares se dio cuando ya las grandes propiedades se vendieron a precios comerciales a reputadas empresas nacionales, las cuales, en los últimos años, vienen desarrollando proyectos masivos de reforestación y de explotación lechera. Estos últimos alegan que son terceros compradores de buena fe y que en los estudios que hicieron de la tradición de los inmuebles no tenían cómo identificar las irregularidades que hoy se denuncian.

En sí mismas, estas transacciones podrían no tener nada de irregular en el comercio de tierras. La pregunta es si puede haber algún cuestionamiento ético en aprovecharse comercialmente de la necesidad de los campesinos de escapar de la violencia. O si simplemente, como dirán otros, les ayudaron con su compra a zafarse de un problema.

Hay que tener en cuenta que, aún con la desmovilización de los paras, persistía la presión de la guerrilla, que en esta zona era comandada por alias 'Martín Caballero', quien murió en combates con el Ejército en 2007. Es decir que antes de esta fecha los precios de la tierra claramente estaban afectados por la inseguridad.

De ahí la importancia de este informe, pues revela que en realidad lo que hubo para esas fechas en Montes de María fue un masivo registro de propiedades, procedimiento para el cual falsificaron y suplantaron resoluciones de adjudicación de bienes que rápidamente eran comercializados. Es tan burdo el montaje que en algunos casos aparecen hasta resoluciones supuestamente emitidas por el Incora cuando esta entidad ya no existía. Así mismo, la Superintendencia detectó inexplicables adjudicaciones de fincas a empresas, como el caso de una sociedad en Cartagena, cuando estos programas están destinados solo para campesinos pobres. También son llamativos los tiempos de las transacciones y el repentino encarecimiento de los predios. Por ejemplo, una finca en San Onofre adjudicada hace una década solo aparece registrada en 2010. En ese momento su avalúo era de 43 millones de pesos. Once días después fue vendida a uno de estos particulares en 60 millones, y este, en tan solo 20 días, la escrituró por 469 millones de pesos a una compañía nacional.

Pero quizás lo más sorprendente de lo que viene sucediendo en esta región es que a pesar de que desde 2004 se han dictado 16 medidas de protección colectiva sobre 3.128 fincas, una buena porción de la zona rural de los Montes de María, los traficantes de tierras han logrado hacer de las suyas para burlarse de estas medidas y seguir comercializando las tierras sin restricción. Estas disposiciones normalmente son decretos o resoluciones que cuando se emiten congelan la posibilidad de que un inmueble sea vendido a menos que tenga autorización expresa de su propietario y que esta sea revisada por los Comités Locales de Protección a los Desplazados, en los que participan los más altos funcionarios locales o departamentales, según sea el caso. Estas medidas de protección se incluyen como una anotación en el historial del inmueble en las oficinas de Registro. Sin embargo, hubo funcionarios que no lo hicieron de forma inmediata, y entretanto las tierras fueron objeto de múltiples transacciones. Esto sucedió en al menos 137 casos, principalmente en el Carmen de Bolívar.

También han identificado casos en San Juan de Nepomuceno en los que aparecen las actas de autorización de los mencionados Comités para que se venda la tierra, con fecha posterior a la de la escritura, lo cual es imposible si se tiene en cuenta que para los notarios estas actas son un prerrequisito para proceder a dar buena fe de que la negociación se hizo de manera transparente. Han identificado además actas en las que solo aparece el alcalde de turno aprobando la transferencia, sin que los demás miembros de los Comités se hayan enterado. En otros casos, ni siquiera se adjuntó acta alguna que validara la transacción.

El informe está repleto de otras fórmulas ingeniosas para quedarse con las tierras. Tomaban una finca, la subdividían y a los nuevos predios les asignaban nuevos números de registro inmobiliario que, por supuesto, no estaban afectados por las medidas de protección, y con esa libertad procedían a vender. Buena parte de esas negociaciones irregulares ahora están en manos de patrimonios autónomos, que son una especie de cuentas que se abren en fiduciarias, lo que ha despertado mucha inquietud, pues de esta manera se esconderían los verdaderos propietarios de las tierras. Además, hay dudas de si es legal escriturar bienes a nombre de esos patrimonios.

La nueva ley de víctimas. buscará desenredar esta maraña jurídica que se creó sobre la propiedad luego de la intervención de avivatos con complicidad de funcionarios, notarios y registradores. De acuerdo con las estadísticas de Acción Social, se calcula que más de 120.000 personas fueron desplazadas de la región de los Montes de María entre 2000 y 2009. Muchos de ellos ahora se sentirán confiados de volver a reclamar lo propio. Al ser cada predio un caso tan diferente, es muy buen comienzo que la propia Superintendencia esté liderando la elaboración de un primer gran inventario detallado de lo que pasó. Pero solo es el punto de partida del inmenso reto que esta entidad tiene por delante.