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CRISTO RAFAEL GARCÍA TAPIA 

La medida va contra Geovaldis González, secretario de Educación y Alcalde encargado de la municipalidad, y Herlid Ferrer, secretario del Interior.

La propuesta se originó por unas denuncias que realizó el Colegio de Rectores en el Concejo, donde se ventiló la crisis que atraviesa el sector educativo por la falta de inversión de aproximadamente $3.000 millones, correspondientes a Calidad Educativa de los años 2010 y 2011.

Héctor Therán García, cabildante, asegura la medida debe ser concebida porque en varias oportunidades, en este segundo periodo de sesiones ordinarias, los funcionarios fueron citados a la Corporación y no acudieron al llamado de control político.

“Se están presentando problemas de carácter delicado, ligados a esas dos secretarías. Los casos ameritan soluciones de inmediato, porque las comunidades más vulnerables son las que están sufriendo las consecuencias de las actuaciones de ambos funcionarios”, dice Therán García.

Situación caótica

Las denuncias de los rectores de las 15 instituciones educativas del municipio, reflejan nuevamente la caótica situación por la que atraviesan los planteles educativos desde hace más de 10 años.

Debido a esto – según el Concejal – con la Moción de Censura se buscan es poner en práctica lo que dice la Constitución Nacional y el acto legislativo 01 de 2007, el cual genera herramientas que permiten responsabilizar a todos aquellos secretarios de despacho que no cumplen con la función de rendir informe ante el Concejo Municipal.

El cabildante dice volverán a invitar a los 2 secretarios de despacho y, si no se presentan en el Concejo, inmediatamente procederán a aplicar la Moción de Censura.

Precisa la Moción de Censura debe ser tomada como una actitud ejemplarizante para todos los demás servidores públicos, para que sean responsables.

Therán recordó la Moción de Censura que le fue aplicada al ex secretario General y del Interior Vicente Cabarca Passos en 2009, por no asistir a las invitaciones realizadas por el Concejo.

Hablan los rectores

Los rectores nuevamente manifestaron que la calidad de la educación se desmejora cada día más, debido a las deficientes condiciones en que se encuentra la infraestructura educativa.

A través de un comunicado enviado al Ministerio de Educación, solicitan que se abstengan de continuar girando los recursos de Calidad Educativa a las cuentas del Municipio, debido al desvío de recursos que allí se realiza constantemente.

El secretario de Educación, Geovaldi González Jiménez, fue invitado a la sesión de ayer del Concejo junto con los rectores, pero este no asistió y tampoco presentó excusa.

Para tener en cuenta

La Moción de Censura es un juicio de reproche que el Concejo puede hacer a los secretarios de despacho o al ejecutivo, dando lugar a la separación del cargo, en el evento de demostrarse los motivos por los cuales se propuso, es decir, asuntos relacionados con las funciones del cargo o incumplimiento de los requerimientos y citaciones que les haga la Corporación Edilicia.

               

“Nunca he tenido comunicaciones ni relación con paramilitares ni nadie al margen de la ley. Esto es una pelea política en El Carmen de Bolívar, yo tengo esta sindicación porque Galo Torres pasó un comunicado a la Controlaría, la Fiscalía y la Procuraduría, en donde me sindican de que yo fui el asesino de mi escolta", dijo el exalcalde Otomar Lascarro.

"Eso se desprende de unas denuncias que yo como alcalde hice en el año 2002, porque se estaba cobrando una pensión de su papá Ramón Alfonso Torres Ramos que es ‘chimba’, ya que éste nunca fue diputado en un tiempo que había tenido en cuenta para adjudicarle la pensión que está desangrando el erario público”, dice el exalcalde.

Lascarro agregó que Galo Torres tiene un abogado que visita constantemente la Cárcel Modelo de Barranquilla, y presuntamente, le lleva dinero a alias “Zambrano”.

“Yo sé que el paramilitar está recibiendo dinero para que enlode la campaña de mi esposa a la alcaldía de El Carmen. Galo Torres dijo que iba a impedir que Cambio Radical le diera el aval a mi esposa que es la más opcionada para ganar. Esto es una pelea política. Galo Torres está enlodando el nombre de mi familia y el mío. Yo lo denuncié ante la Fiscalía por calumnia e injuria ”, agregó Lascarro.

La denuncian la hicieron efectiva ante el Ministerio de Educación Nacional y los entes de control por la demora de la Administración municipal en invertir aproximadamente $3.000 millones, de los recursos de calidad educativa de los años 2010 y 2011.

Según directivos de los planteles, la Administración no ha dado información sobre la inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, para calidad educativa y comedores escolares de El Carmen de Bolívar.

En su denuncia señalan que la Administración municipal declaró una urgencia manifiesta en febrero de 2011, lo que comprometió más de $1.000 millones de la vigencia 2010.

Aseguran que desde el año 2002 hasta la fecha, las administraciones han desviado unos $15.000 millones correspondientes a educación y que la falta de inversión ha generado el deterioro de varias sedes escolares tanto rurales como urbanas de El Carmen de Bolívar.

También manifiestan que son muchas las quejas que han enviado desde el año 2008 a la sin lograr que estos organismos se hayan pronunciado ante el mal manejo de esos recursos del sector educativo.

Por su parte, Ariel Rodríguez Morales, rector de la institución educativa Técnica Agropecuaria Julio César Turbay de El Carmen, manifestó que las condiciones en que se encuentra ese plantel educativo no son las mejores, debido al mal estado en que se encuentra su infraestructura.

“Los estudiantes reciben clase hacinados, y en épocas de invierno, como sucede actualmente, las corrientes de agua son interminables, ocasionando con ellos la pérdida de muchos elementos necesarios para desarrollar las clases”, dijo Rodríguez.

Aseguró que hace aproximadamente ocho años no reciben recursos por calidad educativa.

No habló

Este medio intentó conocer la versión del alcalde encargado Geovaldi González Jiménez, pero este no se encontraba en su despacho y tampoco respondió a las llamadas a su teléfono celular.

Los sobrecostos señalados por la Contraloría General de la República (CGR) de $5.897 millones en la ejecución y operación de la entrega de estas ayudas, sobrepasando casi 5 veces el 5% de gastos de administración y transporte, que no debieron superar los $1.219 millones, permitido en el Convenio, motivó la expedición de un control de advertencia por parte de la CGR.

Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República, también advirtió la prevención de riesgos que se pueden correr en la segunda fase de entrega de ayudas humanitarias de este tipo en Bolívar, cuya convocatoria para las contrataciones ya está abierta.

Ante ello el gerente de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, en Cartagena, Felipe Mendoza y el gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, se pronunciaron ayer defendiendo el papel de las entidades que representan dentro de estas contrataciones.

Estas dos entidades celebraron un contrato por valor de $25.608 millones de pesos para entregar estas ayudas a más de 70 mil familias en Bolívar.

Caja defiende gestión

La Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, pedirá explicaciones sobre cómo se obtuvieron los precios unitarios para motivar la función de Advertencia de la CGR, ya que según el gerente de esta entidad, Felipe Mendoza, se hizo un estudio de precios en los distintos almacenes de cadena en Cartagena, y de dos mayoristas en el mercado de Bazurto y eso arrojó un valor promedio.

“A ese valor promedio, se le suman costos indirectos y da el valor real”, dice Mendoza.

“La Contraloría General de la República está en todo su deber de hacer las investigaciones correspondientes, porque es el ente que controla los dineros del Estado. Cuando hicimos la convocatoria se presentaron 8 empresas para hacer manejo de la entrega de los kits de aseo y de alimentación, y se escogió a la que mejor propuesta presentó”, agrega el gerente.

Se trata de kits

Los artículos en el ojo del huracán son Azúcar morena, frijol, aceite vegetal, lenteja, harina de maíz, panela, atún, arroz, chocolate, jabones, papel higiénico, y hasta pañales.

“Nosotros no contratamos elementos individuales sino un kit (paquete) de aseo o un kit de alimentos porque así venía señalado por Colombia Humanitaria, y se hicieron todas las gestiones que debían hacerse, para que se entregaran esas ayudas en 40 municipios de Bolívar”, agrega Mendoza.

Según el funcionario, fue el Crepad quien determinó que debían ser 5 los municipios de Acopio diferentes a Cartagena: El Carmen de Bolívar, Magangué, La Gloria (César), El Banco (Magdalena) y Puerto Wilches (Santander), para desde ahí enviar las ayudas a cada municipio.

“Por eso no hay sobrecostos como tal, porque hay una serie de valores agregados o suplementarios, que equivalen a unos costos indirectos y que unido al precio que le pone el proveedor a esos elementos, da un costo final.

Estos valores agregados, según explica Comfamiliar, operador del Contrato, van desde bolsas especiales, empaques, supervisión al proceso de empaque, peso contratado, cargue, descargue, transporte has los sitios de acopio, póliza de responsabilidad de la mercancía, bodegas donde guardar todos estos elementos, valores que conllevan a que no debe existir este sobrecosto del que se habla.

“Vamos a reunirnos con la Contraloría para demostrar lo que realmente se hizo”, dijo Mendoza.

“A nosotros se nos pagó el 2,5 % que fue lo que se pactó, incluso esa cantidad, incluyendo el 5% no hubiese alcanzado para todos los costos que conlleva la entrega de ayudas por vía fluvial a los distintos municipios que fueron inundados”, explica el gerente de Comfamiliar.

Tanto la gobernación como esta caja de compensación, que tiene 23 oficinas en el Departamento, pidieron a los proveedores que analicen y revisen los precios ofrecidos.

Las dos firmas contratadas para la entrega son la Distribuidora Universal de Cartagena, y la Fundación Autogestionaria Roca Refugio, de Barranquilla.

Según la Gobernación se debe conocer cómo la Contraloría consiguió los precios de los productos, porque este paso se desconoce

Bernal responde en 2 días

El gobernador de Bolívar Alberto Bernal, reveló que en dos días su despacho tendrá las respuestas listas sobre el control de advertencia expedido por la Contraloría General.

El Gobernador se declaró tranquilo y respetuoso de la decisión de la Contraloría General de la República de adelantar una función de advertencia a su administración y a Colombia Humanitaria, frente a la próxima entrega de ayudas a los damnificados de la pasada ola invernal.

Dijo que en su momento la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, y sus proveedores, tendrán que dar las explicaciones al ente de control, y hacer claridad frente a estos cuestionamientos de aparentes sobrecostos en la adquisición de los kits de alimentación y aseo suministrados a las familias afectadas.

Manifestó el mandatario seccional, que su administración responderá oportunamente a los requerimientos de la Contraloría General de la República

Señaló que el departamento de Bolívar siempre ha sido reconocido por el Gobierno nacional como una de las gobernaciones pioneras y más eficientes en la entrega de las ayudas humanitarias.

Dijo que “Así mismo, seremos pioneros a nivel nacional con prácticas de buen gobierno en materia de mitigación. Tanto la Gobernación como las alcaldías municipales, actuaremos de la mano de una buena interventoría y de la selección de un buen contratista, para la ejecución de estas obras”.

Enfatizó que acata la determinación del ente de control y junto a Colombia Humanitaria y Comfamiliar, adoptaremos todas las medidas y recomendaciones para que esta segunda entrega de ayudas humanitarias sea exitosa, coadyuvada con una interventoría sólida, que será contratada con la Universidad de Cartagena.

Informe de la junta

La junta directiva de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, dio a conocer un informe en donde a pesar de ser una entidad que se rige por el derecho privado, dice que en la ejecución del Convenio y para efectos de subcontratar los kits, se acogió a algunos procedimientos usados en la Contratación Pública (Ley 80 y Ley 1150/2007), con el fin de darle mayor Transparencia al proceso. Es por ello que se colgó de la página WEB toda la información como también se elaboraron Términos de Referencia completos.

Dicen que cumplieron cabalmente con el Convenio, entregándose la totalidad de lo pactado (140.290 kits de alimentos y 70.145 kits de aseo). El valor del Convenio se mantuvo, ejecutándose 100%, sin aumento alguno en su valor.

                     

El proyecto de estatuto anticorrupción que actualmente cursa en la Cámara de Representantes, de agilizar su tramite en la corporación, presuntamente tendría incidencias en las elecciones regionales del 30 de octubre próximo.

Así lo sostiene el representante a la Cámara Hernando Padauí, quien agrega que falta un debate, el cual sería después de Semana Santa, para que la iniciativa pase a su estudio en la plenaria del Senado de la República.

El Representante bolivarense, dice que espera que en general la iniciativa se convierta en Ley antes de octubre, pensando en que entre en vigencia para las elecciones regionales.

“La agilidad del Gobierno ha quedado demostrada. El ministro Germán Vargas está detrás de esto, así que creo que lo tendremos listo antes de octubre”, señala Padauí.

De entrar en vigencia, el representante Padauí considera que removerá la arena política, ya que algunos candidatos tendrían que declinar sus aspiraciones, ante posibles inhabilidades que contempla la nueva norma.

Sobre los miembros de la corporación que presentaron impedimentos para no votar la iniciativa, Hernando Padauí explica que más de la mitad de ellos lo hicieron, aduciendo un posible conflicto de intereses, toda vez que en algunos casos han perdido su investidura por fallos del Consejo de Estado por esa situación.

“En muchos casos tenemos familiares o amigos cercanos que son contratistas o tienen relación con alguna de las medidas que cobija el estatuto anticorrupción, por eso nos declaramos impedidos, nos cuidamos en ese sentido y es la Cámara quien decide si estamos en la sesión o no. Esto es solo un asunto preventivo”, dice Hernando Padauí.

Otra de las implicaciones es que el proyecto contempla la inhabilidad para aspirar a cargos, a los hermanos de los congresistas.

Sin embargo, en la corporación no aceptaron ningunos de los 64 impedimentos de los representantes.

A pesar de que la meta de Germán Vargas es aprobar la iniciativa, para algunos conocedores el tema por más que aceleren el proceso, este no va a alcanzar a entrar en vigencia para las elecciones de octubre, ya que, además de su paso por el Senado, hacen falta trámites como los 30 días con los que cuenta el Procurador más otros 30 que se toma la Corte para su estudio.

Elecciones

Con miras a las elecciones de octubre, Hernando Padauí, quien pertenece al ala de Cambio Radical que lidera la senadora Daira Galvis, reitera que sus esfuerzos van enfocados en hacer realidad la aspiración de la concejal María del Socorro Bustamante, a la Alcaldía de Cartagena.

“Creo que ella (Bustamante) es una persona que conoce la ciudad y está rodeada de un equipo que trabaja en un plan de gobierno participativo, en donde la Cartagena social es lo importante”, sostiene Hernando Padauí.

Dice también que aunque respeta las decisiones de cada uno de los miembros de su colectividad, insiste en que el partido Cambio Radical va a llevar una candidatura a la Alcaldía de Cartagena, cosa que deberían apoyar por la Ley de Bancadas. “No queremos forzar a nadie, queremos convencerlos de que María del Socorro tiene las cualidades para ser Alcalde”, precisa el Representante.

Sobre la Gobernación dice que no llevan candidato pero analizan que decisión se tomará en ese sentido. Sobre las listas a las corporaciones, explica que en su momento, será la senadora Daira Galvis, quien se encargue de presentarlas.

El Estatuto Anticorrupción, en su último debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes, parece no poder avanzar. Durante la semana pasada, el Partido de la U, en cabeza del representante Augusto Posada, logró que fuera sacado del orden del día ya que había algunos reparos que tenía esa bancada a la iniciativa.

Y al inicio de esta semana, el panorama parecía despejado e incluso el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, salió a decir que ya había un consenso para aprobar el 80 por ciento del articulado.

No obstante, los hechos no corroboraron la versión de Zuluaga ya que el pasado martes y este miércoles, la plenaria perdió tiempo en la votación de 74 impedimentos de los cuales ninguno fue aprobado.

Cuando finalmente terminó la ardua tarea de votar impedimento por impedimento y se iba a arrancar con la aprobación del articulado, nuevamente el Partido de la U, otra vez por medio de Augusto Posada, pidió que no se realizara la votación en bloque de 50 artículos y solicitó que la probación se diera artículo por artículo, hecho que nuevamente retrasa el proyecto que tiene mensaje de urgencia del Gobierno.

El malestar del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, no se hizo esperar y de inmediato señaló que la iniciativa le compete tanto al sector público como al privado, por lo que argumentó que “esta es la apuesta legislativa más ambiciosa del Estado colombiano contra la corrupción. Una normativa integral, que combate el flagelo en todos los frentes, de manera concreta, firme, con dientes”.

Según rumoran algunos congresistas, el entorpecimiento de la aprobación se debe a que algunos parlamentarios le están pasando la cuenta de cobro al Ministro. Sin embargo, el representante del Polo Democrático Germán Navas dijo que hay tres puntos que preocupan. "No les gusta mucho que se quiera volver a la fórmula que traía el Senado de prohibir que los contratistas que apoyen candidatos puedan contratar con el Estado”, explicó Navas y agregó que “tampoco gusta en la Cámara las inhabilidades para lanzarse a corporaciones públicas de quienes tengan parientes que sean alcaldes, senadores o representantes y la prórroga automática de las concesiones es el otro punto que genera malestar en la Cámara”.

    

Para Oscar Brieva Rodríguez, director de la corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, Carmomposina, entidad que agrupó tres corporaciones de Sucre y Bolívar por decisión del Gobierno Nacional, el ambiente administrativo que encontró en las extintas entidades no es el mejor.

Ante los distintos órganos de control denunció una serie de irregularidades que van desde giros de cheques a nombre de los mismos funcionarios, hasta el desvío de recursos; el pago de contratos sin el lleno de los requisitos y cuentas por pagar sin tener la disponibilidad presupuestal y la inexistencia de los recursos.

En su denuncia presentada a la Contraloría General de la Nación, Brieva Rodríguez advierte que en la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), fueron trasladados “de forma irregular a otras cuentas sin ningún tipo de soporte $346 millones, también giraron $216 millones unas que no corresponden a gastos del Fondo de Compensación Ambiental”.

Lo anterior quiere decir —según Brieva— que los recursos que enviaba el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), era invertido en otros menesteres.

Igualmente dijo que se realizaron otros pagos sin soporte por valor de $759 millones.

En la actualidad pesan sobre las cuentas del FCA, en una sede bancaria de Magangué, embargos por $195 millones y los recursos de cajas no se encuentran disponibles. La cifra corresponde a los cheques que fueron girados a nombre del anterior director de la CSB, Antonio Mercado, sin tener en cuenta que nos existen los soportes legales ni presupuestales que evidencien compromiso alguno de la entidad.

La denuncia de Brieva Rodríguez, cuya copia fue remitida a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, establece además que tras realizar contactos con varios contratistas que aparecen como destinatarios de varios pagos, aseguran que nunca recibieron esos recursos.

El caso que más llama la atención es el que aparece a nombre de la Asociación Agrícola de San Martín de Loba, cuyo representante legal es el señor Arlin José Guevara Mejía, quien negó haber recibido un pago por valor de $135 millones que aparece registrado en los bancos y en los libros contables de la CSB.

Hay otros contratistas, como el señor Alexis Turizo, quien firmó un contrato por valor superior a los $600 millones en el mes de agosto de 2010 y, a pesar que el FCA giró el 75 por ciento de los recursos, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de anticipo.

A última hora se conoció que los empleados de la extinta CSB enviaron una carta al director de Carmomposina, Oscar Brieva, en la que le solicitan les restituya sus cargos argumentando que la Corte tumbó el decreto que acabó con esas corporaciones.

Por Jaime Vides Feria

Una de las iniciativas que tiene la Corporación Transparencia por Colombia, la cual se inicia este año, tiene un enfoque que busca incidir en la política pública contra la corrupción, pero además, busca hacerlo específicamente en las elecciones regionales que se realizan en octubre.

Según Ana Sabbagh Acevedo, investigadora Responsable del Área Estrategia Territorial e Índices de Transparencia de las Entidades Políticas, históricamente, la corporación ha hecho mediciones de los niveles de riesgo de corrupción administrativa en el sector público, lo cual ha determinado que hay condiciones que pueden aumentar los riesgos de corrupción en las administraciones del país.

Según estudios del 2009 en Bolívar, en los municipios que evaluaron (San Juan, Marialabaja, Zambrano, San Jacinto, El Carmen de Bolívar y Cartagena), hay un riesgo alto de corrupción administrativa.

Aunque aclaran que a Bolívar no le fue mal, dentro de la medición a los municipios encontraron tres debilidades: en contratación, talento humano (selección de los funcionarios) y acceso a la información y apertura informativa.

En Cartagena, dice la funcionaria de Transparencia por Colombia, encontraron que hay debilidades en temas contractuales y que faltan procesos de publicidad de los mismos.

Teniendo en cuenta estos resultados y concluyendo que hablar de corrupción es prioritario en la región, se abrió la oportunidad de comenzar a movilizar a la ciudadanía en ese sentido.

Así, sostiene Sabbagh Acevedo, se construyó el proyecto de las ‘Agendas Regionales por la Transparencia’, el cual se realizará en todo el país.

Este proyecto busca incidir directamente en la opinión que tienen los ciudadanos frente a los candidatos por quien votarán en las próximas elecciones.

Con esto, Transparencia espera construir con la participación de la ciudadanía, los puntos de la Agenda que tienen que ver con la corrupción.

A diferencia de los Pactos por la Transparencia, que ya no se hacen, los cuales eran un compromiso entre la corporación y una institución pública, esta iniciativa nace desde la misma ciudadanía, que es quien le hará una propuesta al candidato, que contenga lo que ellos consideran se necesita en términos de lucha contra la corrupción, para que el aspirante lo contemple en su plan de gobierno.

Construyen la agenda

Este proyecto se desarrollará por etapas.

La primera es la de construcción de la agenda con los ciudadanos, la cual se hace con medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, con el sector privado y académico.

Eso se logrará a través de talleres en los cuales se recogerán las iniciativas que cada uno de los representantes de estos sectores propongan, y saber cómo identifican la corrupción en cada región donde se realice, en este caso en Cartagena, para sacar una propuesta sólida para los candidatos.

En una segunda parte, se buscará socializar esa agenda con los candidatos y partidos políticos.

Posteriormente, aseguran, la idea es lograr que cuando salgan a trabajar públicamente su candidatura, los aspirantes tengan en cuenta los puntos de la agenda para enfocar la lucha contra la corrupción.

Vale la pena aclarar que esto se hace pensado en candidatos a las alcaldías y gobernaciones.

En caso de que la persona resulte elegida, el compromiso se hace público con los puntos contra la corrupción, los cuales deben quedar contenidos en sus planes de gobierno para poder hacerle seguimiento.

Hoy, el primer taller

El taller con las organizaciones sociales, medios de comunicación, representantes de los gremios y académicos es hoy de 8:30 a.m. a 1:30 p.m., en el Hotel Caribe.

En este se conocerá la propuesta de Transparencia y los resultados que han arrojado los índices que han medido en la región, las debilidades que han encontrado y finalmente la propuesta de cada uno de los actores para generar la ‘Agenda de Transparencia’.