Unos 500 niños afectados por la ola invernal de 2010 reciben atención psicoafectiva, a través del programa “Retorno de la Alegría” que adelanta en El Carmen de Bolívar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unicef.

Los menores que hacen parte de este proceso, que residen en los albergues temporales, fueron seleccionados por estar en situación de emergencia desde finales del segundo semestre del año pasado.

Según Sandra Guerrero Torres, representante de la Unifec, lo que pretenden con este proceso es proteger a los menores y de paso a sus familias, con un trabajo sinérgico que disminuya las secuelas de los daños emocionales.

Para el desarrollo de la metodología se está trabajando con personal adolescente, con capacidades para tener contacto con los pequeños afectados.

Igualmente trabajan para crear una estructura organizativa que les permita a los menores poder encontrar todo tipo de apoyo, el cual pueden brindarles los profesionales, los líderes comunitarios y los mismos padres de familia.

El trabajo que adelantan con los niños afectados está a cargo de profesionales capacitados, quienes cuentan con las herramientas necesarias para la detección de problemas relacionados con el abuso, maltrato físico y enfermedades físicas y mentales.

“Estamos aquí en El Carmen de Bolívar por las consecuencias que ha dejado la ola invernal pasada, en la cual no solo perdieron las viviendas, sino que además se ha presentado mucho desplazamiento forzado, hecho que se traduce en violación a la intimidad, aislamiento social y estigmatismo”, dijo la funcionaria.

Guerrero Torres advirtió que hay más niños en el municipio que requieren de esa misma atención.

Recalcó que el objetivo es avanzar en la creación de nuevos espacios que permitan desarrollar el trabajo en equipo entre la juventud y las comunidades afectadas, para lograr brindar a los pequeños una salud mental óptima.

Las comunidades beneficiadas con las que vienen trabajando desde el ICBF y la Unifec son Las Margaritas, el albergue de Coapoamiel, el de la institución educativa Gabriel García Taboada y los estudiantes del centro educativo La Ceiba.

La comunidad solicitó hace 5 meses que las aguas servidas fueran evacuadas, pero la Administración municipal ignoró la petición.

Tomaron las medidas de hecho debido a que el problema se ha tornado delicado e insoportable, y porque no han sido escuchados por las secretarías de Salud y Planeación ni por la Procuraduría Provincial.

Ismael Montes Martínez, representante de la comunidad, dijo que hay crisis por el vertimiento de las aguas en estado de descomposición, que están enfermando a los niños.

“Algunas personas se han mudado a otros barrios para evitar que su estado de salud siga empeorando por causa de las aguas servidas que pululan desde el pasado mes de mayo”, expresó Montes Martínez.

Agregó que el origen del problema es por la conexión fraudulenta de los propietarios de algunas viviendas sobre la tubería del alcantarillado, sin medir el daño que están generando tanto en el medio ambiente como en las personas que residen en el sector.

“Desde que instalaron la red del alcantarillado en este barrio y construyeron los registro domiciliarios, nosotros no hemos utilizado este mecanismo porque sabemos que no cuenta con un deposito final, pero estamos pagando las irresponsabilidades de los que si se conectaron de manera fraudulenta y la falta de control que debe ejercer la Administración al respecto”, dijo.

Peticiones sin respuestas

Montes Martínez tiene en su poder cartas enviadas a los distintos despachos de la Alcaldía, pero nadie ofrece una solución.

Argemiro Hernández Ponce, secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, comentó que conoce perfectamente la problemática, ya que inspeccionó la zona con un equipo técnico.

Dijo que trabajará para superar el problema, pero anotó que no han evacuado el líquido porque el Municipio no cuentan con un sitio adecuado para vertirlo.

    
Según la líder del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Plan Nacional de Salud, Ana Luis Morelos, la solicitud se hace ante el atraso que presenta la ejecución de éste, ya que después de analizar todos los informes enviados por los municipios, en cabeza de los secretarios de Salud, se corrobora un cumplimiento total del Departamento del 26% con corte a 30 de junio.

Esto, según la funcionaria, se debe a la contratación tardía de los planes de intervenciones colectivas por parte de los municipios, debido a la información económica y presupuestal enviada por cada secretario de Salud”.

“Vale destacar que es un corte del primer semestre en dónde el cumplimiento debe estar en un 50%, lo que significa que estamos caídos en un trimestre, debido a las contrataciones tardías de los planes de intervenciones colectivas en cabeza de los alcaldes municipales con las E.S.E municipales, por dificultades en la norma y envío de dineros nacionales tardíos y por las dificultades que hay a nivel de ingresos al ingresar las actividades de los planes operativos a los Planes Operativos Anuales, POA”.

Un proyecto que se inició en el 2009 mostrará sus resultados dentro de pocos días. Se trata de la puesta al servicio de la comunidad de las modernas instalaciones de la Fundación Casa del Niño, ubicada en el barrio La Bodega, y cuya primera fase está avanzada y en ejecución.

La nueva edificación contará en su área de atención clínico-terapéutica con departamentos de neuropatía, odontología, medicina general, psicología, trabajo social, nutrición, enfermería y sala de fisioterapia.

Además tendrá un área pedagógica con kioscos, aulas y baterías sanitarias, áreas libres y de recreación, cerramiento, área de recepción y salón de capacitaciones o eventos.

Néstor De Oro Lora, director de La Fundación Casa del Niño, manifestó que en la nueva sede habrá espacios y equipos adecuados para la atención de la población objetivo, lo que permitirá la ampliación de cobertura y la suscripción de convenios con el sector salud.

Así se garantizarán los servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad a través de sus carnés, evitando los altos costos que exige el desplazamiento a las capitales y el acceso a una atención privada o particular.

El comienzo

En el año de 1988, Carmen Guardela de González, esposa del ingeniero Manuel González Angulo, alcalde de San Juan Nepomuceno en esa época, se dio a la tarea de crear un centro en el municipio que pudiera acoger a niños y niñas pertenecientes a estratos económicos bajos y que por sus condiciones sociales no tenían la oportunidad de ingresar a los centros educativos municipales.

En un principio este centro fue llamado “Albergue Escolar Casa del Niño” y prácticamente era un hogar de paso donde los niños llegaban a cualquier hora del día y realizaban actividades lúdicas y recreativas.

A esta causa se sumaron el padre Agustín Villar y los licenciados Néstor de Oro Lora, Osvaldo Mercado Barrios, María Pérez Torres y Rosaura Bustillo.

Atención a niños

La Fundación Casa del Niño de San Juan, cuenta para la atención de la población en riesgo de discapacidad y violación de sus derechos con un neuropediátra, con especialidad en pedagogía infantil, dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogas, dos psicólogas, una nutricionista dietista, cincuenta docentes licenciados en educación especial o en educación infantil y auxiliares de aula.

Presta servicios para la atención de población vulnerable con discapacidad en 15 municipios del departamento de Bolívar, y pertenece al Banco de Oferentes de Prestadores del Servicio Educativo del Departamento, lo que le ha permitido suscribir contratos con la Gobernación de Bolívar para la atención de 1.500 niños, niñas y adolescentes en promedio por año, entre 5 y 22 años.

Cuenta con el apoyo del programa de la entidad holandesa Liliane Fonds, con el cual se brinda atención integral a 20 niños y adolescentes en condición de discapacidad. Además a través del Banquete de la Solidaridad, se consiguen recursos que sirven para el mejoramiento de la infraestructura física y la compra de materiales y equipos.

Los diseños y construcción de la nueva sede de la Fundación Casa del Niño, estuvieron a cargo de la arquitecta sanjuanera Miladys Blanco Laguna, y se le dio prelación a la mano de obra local.

Desde el próximo 24 de octubre el Ministerio de la Protección Social y Colombia Humanitaria realizarán brigadas de salud para atender a los afectados por la segunda ola invernal en el país.

Estas jornadas serán gratuitas y se contará con el servicio de medicina general, pediatría, enfermería, psicología y medicina familiar, entre otros. La EPS pública Caprecom será la encargada de prestar esos servicios y también entregará medicamentos.

La primera etapa de las brigadas se llevará a cabo en Carmen de Bolívar y San Martín de Loba (Bolívar), Candelaria y Santa Lucía (Atlántico), Riosucio (Chocó), Turbo (Antioquia) y Plato (Magdalena). Las siguientes jornadas dependerán de los lugares que requieran una atención urgente.

“Nuestro compromiso es apoyar incondicionalmente las políticas del Gobierno para ayudar a la población más vulnerable, que es justamente la que más está padeciendo con la temporada de lluvias", afirmó José Ricardo Rodríguez, director de Caprecom.

Primeras brigadas de salud

• Carmen de Bolívar: 24 al 26 de Octubre
• Plato (Magdalena): 27 al 29 de Octubre
• Candelaria (Atlántico): 6 al 8 de Noviembre
• Río Sucio (Chocó): 6 al 8 de Noviembre
• Santa Lucía- corregimiento Algodonal (Atlántico): 9 al 12 de Noviembre
• Turbo (Antioquia): 10 al 12 de Noviembre
• San Martín de Loba (Bolívar): 12 al 14 de Noviembre.

Recibe la entidad en nombre del departamento, luego de que estuviera varios años intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud-Explica la forma como interactúan la ESE y el operador externo, en este caso la Fundación Renal de Colombia.

Ramiro Pereira Lentino es un bacteriólogo con especialidad en gerencia en salud, quien tiene más de 25 años de trabajar en la secretaría de Salud del departamento de Bolívar y además posee una gran experiencia en el manejo de este tipo de entidades, como que ya estuvo por un largo tiempo gerenciando la ESE de Simití, en el sur del departamento.
El funcionario dialogó ayer con este medio y de entrada dijo que no va a colocar espejo retrovisor para vigilar las acciones de sus antecesores, “de eso se deben encargar los entes de control”, dijo.
El nuevo gerente, quien está en calidad de encargado explicó la forma como interactúan las ESEs y los operadores externos, en este caso en Magangué, la Fundación Renal de Colombia, nace de una figura que crea el ministerio de Protección Social, luego de la liquidación de los hospitales de segundo nivel, fue cuando nacieron en Bolívar, las ESEs San Antonio de Padua en Simití y la Divina Misericordia en Magangué, El Carmen de Bolívar ya venía con un proceso adelantado con Mutual Ser, la cual también funciona como operador externo, es bueno que la comunidad sepa como es la nueva figura de los hospitales de segundo nivel en Colombia, a estos les quitaron la función de contratar servicios, contratar recursos humano, contratar todo lo inherente a la salud y lo depositó en un operador externo, sobre el cual recae toda la responsabilidad, eso esta enmarcado en una minuta de contrato y es al operador a quien le compete todas las actividades incluyendo, celaduría, lavandería, alimentación y por ende todo lo que tenga que ver con el recurso profesional y no profesional del área de la salud, explicó el profesional.
Pereira Lentino continuó sus declaraciones manifestando que la función de la ESE como tal, es verificar, constatar, que la calidad y la oportunidad del servicio se cumpla en un cien por ciento, “la Fundación Renal tiene nueve meses de haber ingresado a esta institución y hoy podemos decirlo que han hecho un incremento de atención a los pacientes que acuden a buscar los servicios, por ejemplo, revisando las estadísticas, pasaron de 900 consultas en urgencias a mil 600 consultas en menos de nueve meses, incrementaron el numero de médicos generales, incrementaron el número de ginecólogos, de internistas, hoy la oportunidad de la salud está cubierta en un 85 a 90 por ciento en nueve meses, reitero, siendo bastante optimista, que a corto plazo, hablo de 2012, Magangué tendrá un hospital competitivo, no solamente de segundo nivel de atención porque ya pasamos de segundo nivel, estamos llegando al tercero y con algunos equipos de cuarto nivel, tenemos un tomógrafo, cirugía ambulatoria de oftalmología, entones apostamos a que ningún magangueleño y ningún paciente del sur de Bolívar, tenga que hacer un gasto para desplazarse a Cartagena a recibir estos servicios ya que Aquino los estamos implantando”, enfatizó el nuevo gerente.
Elogió la labor del operador, manifestando que es una entidad muy seria y muy eficaz, comprometida con el hospital y que el recurso humano con el que se cuenta es gente con mucha sensibilidad humana mejorando esa parte que se pierde en algunos hospitales como es la calidez y la buena atención para que la persona se sienta agradable y bien atendida y que regresen como en todo lugar que se respete, expresó,
Por último el doctor Pereira Lentino, dijo “estaremos trabajando d la mano con el operador, presto a que cualquier cosa que se tenga que corregir la corrijamos en equipo, pero que el producto final sea un buen servicio de salud y una buena oportunidad en la prestación de los servicios”, concluyó el nuevo gerente €.

Un numeroso grupo de afiliados a Saludcoop, se queja por la mala prestación del servicio que reciben en San Juan Nepomuceno.

Según los quejosos, desde hace dos meses los servicios que les ofrece la EPS a través de la Institución Prestadora de Salud (IPS) Medqui, disminuyeron ostensiblemente, perjudicándolos en su bienestar.

A un afiliado que requiere de una cirugía le toca trasladarse hacia El Carmen de Bolívar, porque en San Juan no le están prestando el servicio de laboratorio.

El afectado comenta que esa situación va en detrimento de su bolsillo, puesto que trasladarse al vecino municipio le implica gastos de transporte y la pérdida del día laboral.

Tampoco le están entregando los medicamentos, simplemente lo atienden en consulta externa y le toca comprar lo formulado.

Otros querellantes están insatisfechos porque los servicios recibidos no son de calidad. No están a gusto con el trato de los empleados de la IPS.

“Generalmente nos citan para una hora y la atención la recibimos hasta con dos horas de retraso”, comenta una afiliada que prefiere mantener su identidad en reserva.

Los usuarios afectados le piden a Saludcoop que se les atienda en otra IPS del municipio, donde les puedan prestar los servicios que ellos requieren.

Habla Gerente de IPS

El Universal consultó sobre el tema al gerente de la IPS Medqui (encargada de la prestación de los servicios de salud a los usuarios de Saludcoop en San Juan), Manuel Berrío Torres, quien respondió que no es cierto que se esté prestando un mal servicio.

“Saludcoop quiere trasladar a algunos usuarios a El Carmen de Bolívar, pero se han negado, aduciendo que se sienten a gusto con nosotros. Esa es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien”, dice el galeno.

Berrío Torres asegura que la EPS Saludcoop le adeuda a Medqui ocho meses de servicios prestados.

“Nuestra institución se sostiene con la atención a los 1.500 afiliados que tiene Saludcoop en San Juan. Si la EPS no nos paga, es difícil prestar un buen servicio”, se quejó.

“Hemos enviado varias cartas a Saludcoop con copias a la Secretaría de Salud Municipal y a la Personería, en las que pedimos que por favor nos cancelen por lo menos dos meses para poder mitigar la situación, pero aún no hay respuesta”, agrega el médico.

Cartas

En una de las misivas, con fecha de septiembre 8 del 2011, Berrío Torres manifiesta la situación especial de la IPS Medqui, que está vulnerable económicamente por la falta de pago de las facturas presentadas a Saludcoop.

“Únicamente atendemos a los pacientes de Saludcoop, por acuerdos verbales con Carlos Palacino, ex directivo de Saludcoop. Es decir, que nuestro único ingreso es el pago de ustedes”, le comunicó el Gerente de Medqui a los directivos de la EPS.

“Nos deben ocho meses y un mes del año pasado. Así es imposible sostener esta institución”, añade el representante de Medqui.

Gerente y médico

Ante la crisis, a Berrío Torres le tocó, además de ejercer sus funciones como gerente, prestar sus servicios como médico raso.

“Últimamente me ha tocado venir a prestar mis servicios médicos porque al doctor que tenía lo retiré por falta de recursos. Tuve que buscar dinero de mi bolsillo para cancelarle”, refiere.

“En estos momentos no tenemos medicinas para suministrarle a los pacientes, solo los atendemos y ellos compran la fórmula”, agrega.

El Gerente de Medqui reitera que en San Juan atienden solo a los pacientes de Saludcoop, por un compromiso que se hizo con el suspendido director Carlos Palacino, y que cuando se hizo el acuerdo, la IPS solo atendía a 600 de sus afiliados, pero hoy son 1.500, “lo que significa que Saludcoop creció en San Juan gracias a nosotros”, afirma.

“Me parece absurdo que Saludcoop ahora le sugiera a los afiliados que se trasladen a El Carmen, para evadir el pago de los meses que nos adeudan, en detrimento del bolsillo de los pacientes y la quiebra nuestra”, puntualiza.

Si por lo menos antes de que termine septiembre no le cancelan a Medqui tres meses, en octubre dejarán de prestar los servicios a los afiliados de Saludcoop, anuncia Berrío.

El Universal intentó comunicarse con José Gil, coordinador de cuentas médicas de Saludcoop, para consultarlo por la situación de San Juan, pero no contestó su teléfono celular.

Mientras las clínicas y hospitales de Cartagena lanzan un S.O.S. al Gobierno para que interceda ante las aseguradoras y EPS (Empresas Promotoras de Salud) de los regímenes contributivo y subsidiado para que paguen los $250 mil millones que les adeudan por prestación de servicios, Galo Viana, gerente de Mutual Ser, advierte que a las empresas que manejan la salud de los más pobres, los municipios de Bolívar les han dejado de pagar más de $75 mil millones.

Ae conoció que a la Mutual Ser, Coosalud y Comfamiliar, EPS subsidiadas con más afiliados en Bolívar, los municipios les adeudan desde hace más de un año 50 mil millones, de los cuales $25 mil millones correspondel al tiempo transcurrido desde enero del 2011 a la fecha.

Por esa situación estas EPSS no tienen un flujo de caja que les permita pagar oportunamente por los servicios prestados.

Entre los municipios que más les deben está Cartagena, con $12 mil millones; Magangué, $8.900 millones; Marialabaja, $3.418 millones, y San Jacinto con $3.250 millones.



Quejas por todos lados

Galo Viana Muñoz corrobora que el sector salud en Bolñivar está desbordado de quejas, por ejemplo, los médicos se quejan por los malos salarios o por las contratos en los que los someten a métodos que burlan las leyes laborales.

Se quejan asimismo de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que no les pagan sus servicios a tiempo, y también los proveedores de insumos y medicamentos denuncian que las IPS no les pagan oportunamente.

En general se quejan todos por los casos de corrupción real o aparente que se destapan cada semana, y que divulgan los medios de comunicación.

Y mientras todo eso sucede, las salas de urgencias de los hospitales de la ciudad están colapsadas por la cantidad abultada de pacientes, muchos de los cuales terminan siendo agresivos por no recbir una atención oportuna.

“De todo esto se culpa a las Entidades Promotoras de Salud Subsidiada (EPSS) y algunos medios han informado que las EPSS se quedan con el 80 del dinero de la salud, lo cual no es cierto”, rebate Viana.

Para este vocero los pobres están asegurados, es decir, amparados por el Régimen Subsidiado por medio de las EPSS (antes ARS), y los asalariados están asegurados por el Régimen Contributivo por medio de las EPS.

“Los dos sistemas tienen formas y modos de financiación diferentes. En Cartagena y Barranquilla tienen igual cobertura de servicios de salud, asunto que privilegia a sus habitantes en comparación con el resto del país y no se oyen aplausos por eso, cuando debería reconocerse a sus alcaldes el logro obtenido”, dijo.



“EPSS no tienen culpa”

Viana Muñoz agrega que las EPSS no imponen a las IPS el salario o la forma de contratación de los médicos generales o especialistas.

“Eso depende de cada clínica u hospital, del respeto que tengan por las leyes laborales del país, del estilo de empresa que deseen tener sus propietarios. Si los médicos generales tienen salarios bajos, porque los especialistas en su mayoría gozan de una adecuada remuneración, no es culpa de las EPSS, sino de las leyes de la oferta y la demanda”.

“Hoy hay más médicos generales que antes, por lo tanto ellos compiten por los puestos de trabajo. Hasta hace 15 años en la ciudad egresaban 100 médicos anualmente y hoy son 300 anuales. Se repite en todos los foros, tertulias o eventos de análisis del sector que el problema es que la salud se volvió un negocio. Quien diga lo contrario será apedreado”, explica Viana.

“Recuperar la salud perdida es un negocio, en cuanto a que es un servicio que produce bienestar y rendimientos financieros. Si algún negocio bueno puede hacer un país es tener su población sana, ya que será más productiva y por lo tanto generara prosperidad y riqueza. Como no va a ser negocio la salud si hay tanto dinero de por medio, por poner un ejemplo: ni las multinacionales farmacéuticas ni los laboratorios nacionales regalan los medicamentos, que llegan a significar el 35% del gasto en salud”.

“Quienes producen equipos biomédicos no regalan sus máquinas o aparatos, la infraestructura de una IPS es costosa y quienes la construyen no lo hacen caritativamente, lo hacen pensando en un noble servicio y en una rentabilidad. Así mismo, el negocio de un medico es recibir un buen salario y tampoco lo hará gratis. Toda la red de proveedores de un hospital tiene ánimo de lucro y los más filántropos no tienen animo de pérdida. La salud es un negocio y un negocio lícito regulado por el Estado, no es criminal tener una ganancia licita por prestar el servicio de salud o por administrarlo”, advierte.

“Las EPSS no inventaron el negocio de la salud, ya existía. Ahora bien, por que las EPSS le deben a las IPS. Sencillamente porque los municipios, Distrito de Cartagena, Departamento y el Gobierno Nacional no cumplen su obligación de cancelar oportunamente la fuente de financiación de la atención de la salud de los pobres. En 18 años de operación del Régimen Subsidiado solo hace cuatro meses se cancela oportunamente a las EPSS y no todo el dinero dado que cerca del 12% que debe cancelar el Distrito de Cartagena y los municipios de Bolívar no es oportuno”.

“En síntesis a solo tres EPSS que operan en el Departamento de Bolívar les adeuda el gobierno 75 mil millones de pesos, de los cuales unos 50 mil millones tienen más de un año de antigüedad. Súmemos a este monto los servicios que no están incluidos en el POSS el cual deben cancelar el distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar que puede estar cercano a los 20 mil millones”.



Beneficios

“Una EPSS le da a un afiliado al Régimen Subsidiado de Salud seguridad jurídica de que será atendido y al Gobierno le da seguridad financiera. El gobierno utiliza las EPSS para garantizar la atención de la población pobre a un costo anual por persona, eso significa que las EPSS administran el riesgo en salud. Se imagina usted, amable lector, ¿cuánto costaría la atención de la población si cada médico y cada clínica y cada farmacia prestaran servicios y los cobraran sin control alguno?”.

“Lo cierto es que las EPSS están obligadas por la legislación a utilizar el 92% de los recursos en salud y solo el 8% son gastos administrativo y la utilidad. Cada tres meses se reportan estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud, periódicamente se reciben auditorias de la Contraloría, nacional o departamental”.

“Por eso cuando se dice que las EPS se gastan el 20% de los ingresos en salud y se quedan con el 80% como ganancia no es más que un absurdo, una desinformación total que genera mayor desconfianza y pérdida de credibilidad en las instituciones. En Cartagena a solo la ESE Cartagena de Indias se le cancela en promedio cerca del 35% de los recursos de las EPSS”.