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La Corte Suprema de Justicia le impuso al ex congresista sucreño una condena de 40 años de prisión como determinador de la masacre, desplazamiento forzado y homicidio agravado.

María Rodríguez, una de las desplazadas, dijo que esta noticia remueve heridas que aunque no se han cerrado estaban adormecidas.

Finalmente, la mujer pidió apoyo de las autoridades locales y del Gobierno Nacional porque el corregimiento está abandonado y los procesos de retorno no han sido exitosos.

Los habitantes del barrio Villa Paz, en las tardes se sientan en las terrazas de las casas para dialogar y compartir con los demás vecinos.

Sincelejo. Hablar de Villa Paz, es hablar de refugio, de tranquilidad, de sosiego, de quietud...

Ese apacible sentimiento hizo que varias familias --por los aciagos momentos de la violencia, año 2000, en los Montes de María-- llegaran allí.

Centenares de personas fueron desplazadas de los municipios de Colosó, Toluviejo, Macayepos y el Carmen de Bolívar. Muchas llegaron a Sincelejo y se instalaron en plazas, parques y calles, porque quedaron sin techo.

En el 2002, una colosoana, Marta García, funcionaría de la Gobernación de Sucre se condolió de sus coterráneos y empezó a buscarles ayudas.

Entre las damnificadas estaba Yaquelín Calle, hoy habitante de Villa Paz. Ella recordó que luego de varias gestiones con ONG y la Administración Departamental, varios de los desplazados lograron comprar 2 hectáreas de tierra de una finca de la familia Nule, para construir, en 27 manzanas, 302 viviendas, cada una con 2 alcobas, baño, sala, comedor, cocina y patio, repartidas en 27 manzanas.

Sonia Posada, líder del barrio, relató que el 2 de marzo de 2005, en un acto inaugural el entonces gobernador Jorge Anaya entregó las llaves de las viviendas a varias familias.

Hoy Villa Paz, reúne alrededor de 300 familias, un 90 por ciento proveniente de Colosó.

El agricultor Agilio Cárdenas, que reside en Villa Paz, relató que aprovechó una zona enmontada para cultivar plátano, yuca, ñame, guayaba, mango y ají. Hoy, después de algunos años, la cosecha la comparte con los vecinos

Guerra y paz
Los residentes del barrio dicen que viven allí en sana paz, donde todas las mañanas se levantan recordando que gracias a Dios esa época de guerra quedó en el pasado y hoy en Villa Paz, habitan con dignidad.

En el barrio hay un caney que fue habilitado como parroquia. Los niños juegan en las calles sin temor mientras que los adultos se reúnen a la sombra de frondosos árboles, cerca de un arroyo, a jugar dominó.

Otros se sientan en las terrazas de las casas para dialogar, mientras que algunos, como en los viejos tiempos, arrean agua de sectores lejanos hasta sus viviendas.
Dicen que Villa Paz es una finca dentro de la ciudad, toda vez que es un sector arborizado y rodeado de verdes montañas que hacen de este un barrio campestre. Aunque carecen de escenarios deportivos, servicio de agua potable y colegios las familias dicen que no cambian a Villa Paz por nada.

De su pasado poco o nada quieren recordar. 
No lo desconocen, pero por ahora prefieren referirse a su vida como comerciantes y administradores del primero de 25 minimercados de la franquicia '2x3' que abrirán en la ciudad y otros destinos de la Costa como Sincelejo, Cartagena y Carmen de Bolívar.

Se trata de cinco hombres y una mujer que luego de haberse desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas, hace más de 7 años, por fin, fueron tenidos en cuenta dentro de una estrategia tangible de reinserción a la sociedad.

"Cambiamos las armas por el servicio al cliente", comentó Abraham*, uno de ellos.

Su minimercado, de 150 metros cuadrados, ubicado en el barrio Ciudad Jardín, norte de la ciudad, está dotado con todos los productos de la canasta familiar.

Aparecen como socios en el programa piloto que nació de una alianza entre el Gobierno Nacional, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Coltabaco, Fenalco Atlántico, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
Ellos son los primeros de una selección de 75 personas para hacer parte del proyecto.

"Ya ha pasado tiempo desde que abandonamos el conflicto en Chimila (Magdalena), ahora estamos en el camino indicado", agregó Jean Carlos, encargado de la caja registradora.

La idea es que de su buena administración, que será auditda por Fenalco, puedan continuar con el negocio por sus propios medios, una meta que los seis están seguros de conseguir. "Estamos en un buen sector. Todo depende de nosotros", dicen.

Luego de una espera de casi tres años, el proyecto fue una realidad.

Desde mayo pasado, luego de que los escogieran entre 900 personas, iniciaron las capacitaciones en la Universidad del Litoral, donde aprendieron mercadeo, servicio al cliente, manejo de puntos de venta, marketing y merchandising.

"En esa etapa estuvimos varios meses en los que pudimos conocernos. Ahora estamos muy contentos con el primer '2x3' de la ciudad", agregó Ezequiel.

Según la ACR, a Barranquilla han llegado luego de los procesos de desmovilización unas 1.280 personas en proceso de reintegración en busca de oportunidades.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA

Durante dos días en la Institución Educativa San José se albergaron18 personas provenientes de Santa Lucía (Atlántico) que salieron de su tierra acosadas por las inundaciones. Dejaron enseres y pertenencias para salvar sus vidas.

Ovejas. Apuradas por el invierno cuatro familias de Santa Lucía (Atlántico) se vieron obligadas a dejar sus viviendas y desplazarse a esta población a donde llegaron la noche del sábado pidiendo comida y refugio. En total 5 adultos y 13 menores de edad integran el grupo de desplazados.

"Donde vivíamos, la crecida del río rompió el dique y la población se inunda cada día más, los sacos de arena puestos para que las aguas no llegaran a las calles fueron insuficientes y los habitantes finalmente tuvimos que salir rápidamente, cada uno para diferentes regiones. A nosotros no nos dio tiempo de sacar nuestras pertenencias. Todo se nos perdió y estamos acá porque nos venimos de chance en chance", dijo Ana Vanegas Acosta, una de las desplazadas que se encuentra en embarazo.

Estas personas aseguran tener parientes en Corozal, y en poblaciones de los departamentos de Córdoba y Bolívar.

El Personero Municipal y miembros de la Policía local albergaron a estas personas en los salones de la Institución Educativa San José.

Los vecinos del sector se solidarizaron con los damnificados y les hicieron llegar alimentos, ropa, útiles de aseo y sábanas.

Ayer, en la tarde policías y funcionarios de la personería municipal llevaron a las 4 familias a la terminal de transporte para ser trasladadas a Corozal, tal como ellas lo solicitaron

En El Carmen de Bolívar hay 68.000 habitantes y 68.000 han sido desplazados. Así lo pone en evidencia el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 elaborado por el PNUD, que se enfocó en tres regiones de desplazamiento: Montes de María (en Sucre y Bolívar), el Alto San Juan (en Chocó y Risaralda) y La Macarena-el Ariari (en Meta y Guaviare).

En el Alto San Juan, San José del Palmar cuenta con 5.068 habitantes, de los cuales 4.337 han sido desplazados. En La Macarena-Ariari, 26.107 personas han sido desplazadas de Vistahermosa, frente a una población de 21.194 residentes. El caso más dramático quizás se da en relación con la etnia guayabero o jiw: de 1.200 personas que la conforman, 909 (es decir, las tres cuartas partes de este pueblo) están en situación de desplazamiento.

Aunque los agentes de desplazamiento en estas regiones son similares (paramilitares, guerrillas, fuerza pública), su articulación con las estructuras políticas y económicas locales es diferente. En los Montes de María ha habido concentración de tierras desde siempre e intentos frustrados de reforma agraria desde los años 60. En el Alto San Juan han predominado las explotaciones madereras en detrimento de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes y de su ambiente. En La Macarena-Ariari se ha desarrollado durante más de 50 años un proceso que el PNUD llama de colonización desordenada.

Para superar el desplazamiento, el PNUD recogió propuestas de solución formuladas por organizaciones en cada región y, con fundamento en lecciones aprendidas de otros países y los desarrollos normativos internacionales sobre desplazamiento, las organizó en 18 recomendaciones dirigidas al Estado: reconocimiento de las economías campesinas y las de los grupos étnicos (que es lo contrario a su eliminación, promovida por el Estatuto de Desarrollo Rural del anterior gobierno, declarada inconstitucional), estabilización socioeconómica con criterio colectivo, derecho a la verdad (y a la justicia y reparación integral), consulta previa, apoyo especial a las mujeres desplazadas, construcción de redes de la sociedad civil, entre otras. Además, recomendó a la comunidad internacional brindar apoyo técnico y garantías de neutralidad en las decisiones de reparación y estabilización socioeconómica de la población desplazada.

Condición necesaria para su éxito, y esto no lo afirma el PNUD, es la modificación del modelo de desarrollo discriminatorio que se expresa en cada una de las regiones. Si se siguen permitiendo las compraventas abusivas de tierras por parte de cinco terratenientes en Montes de María, las explotaciones madereras y ahora mineras en el Alto San Juan, y la colonización indefinida en La Macarena-Ariari, el desplazamiento forzado continuará violentando nuestra historia. Lo propio puede decirse de otras 39 zonas identificadas como las mayormente expulsoras del país. Es necesario evitar que entre las locomotoras de desarrollo haya alguna locomotora de desplazamiento.

Ninguna de las 26 familias que conforman La Pelona, una vereda de San Onofre, Sucre, fue exenta de la violencia. De hecho tuvieron que dejar su terruño por hostigamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Pero las familias retornaron a sus hogares con el ánimo de reconstruir su propia identidad, y con la intención de no salir nunca de allí. Para ello, 22 personas de esta comarca se capacitaron en terapia psicosocial. Ellos ayudan a sus coterráneos a sobrellevar la situación de cruda violencia.

Amparo, una las víctimas, cuya tristeza no le permitía ni salir de su casa, hoy también participa en jornadas de terapia que brindan sus vecinos, los promotores.

Los eventos son organizados por la misma comunidad con el apoyo de Colombia Responde y la Pastoral Social de Sucre. En ellas la gente cuenta historias de vida, su autoestima devastada. El perdón y la comunicación se utilizan como alternativa para derrotar el desconsuelo que produce el conflicto armado.

Rosember Barón, uno de los promotores dijo que: “la comunidad llega para reflexionar y buscar estrategias que les permitan reconstruir su propia identidad, pero también recobrar la forma de vida que tenían antes que llegará a sus hogares la violencia armada.”

La violencia armada no es la única que se ve en esta zona. Igualmente existen casos de violencia de género e intrafamiliar.
Sin embargo “también hay hombres y mujeres dispuestos a servir voluntariamente, ganas de seguir adelante y de liderazgo entre la comunidad”.dice Hilda Castellanos, coordinadora del programa Psicosocial de la estrategia Colombia Responde. Programa que presta su ayuda a varias comunidades en los municipios de San Onofre, Ovejas, El Carmen de Bolívar y San Jacinto.