El Tribunal Administrativo de Bolívar volvió a fallar contra la
Nación por cuenta de las actuaciones de la Fiscalía. Esta vez, aunque poco comparado con lo ordenado en otras sentencias, debe desembolsar cerca de $97 millones al ciudadano Efraín Ramírez y a su familia.
Ramírez fue detenido en hechos presentados el 19 de octubre de 2002 en su casa en el barrio Las Palmeras por miembros de la Armada y la Policía Nacional. Como ha sucedido en varios casos similares, su detención obedeció a ordenes de capturas proferidas por la Fiscalía, para lo cual se valió de supuestas acusaciones de guerrilleros detenidos que actuaban como testigos en varias investigaciones.
Luego de su captura, Ramírez fue mostrado a los medios de comunicación como guerrillero, en especial como el encargado de comprar armas, municiones y movilizar al personal del
Frente 37 de las Farc en Cartagena. Duró más de 6 meses detenido en la cárcel de Ternera.
Con el paso del tiempo y luego de tanto tiempo en la cárcel, Ramírez demostró que nada tenía que ver con la subversión y fue la misma Fiscalía al revisar las pruebas la que determinó darle libertad a ésta persona.
Según el Tribunal, este es otro caso donde resulta abiertamente injusta y desproporcionada el derecho a la libertad de una persona, lo cual se agravó con la publicación que
hicieron los medios de comunicación.
Agrega el ente judicial que en el proceso se evidenció la pasividad y falta de diligencia de la Fiscalía en conocer la verdad, más no hizo lo suficiente para tratar de desvirtuar la presunción de inocencia de Ramírez.
El abogado de Ramírez,
Manuel Maturana, afirmó que este hecho afectó notablemente el circulo familiar, social y humano de su defendido, quien fue mostrado ante la opinión pública como uno de los peores delincuentes de la ciudad.
