Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura.
Reversarán 326 registros de ventas en
Montes de María y la entrega de 17 parcelas a una firma.
"Se equivocan los grandes empresarios y terratenientes que se pavonean en los clubes diciendo que no va a pasar nada con las tierras campesinas adquiridas irregularmente".
Las palabras son del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien anunció ayer la apertura de 22 oficinas, en todo el país, para que las víctimas de despojo de tierras y desplazamiento empiecen a denunciar casos concretos, incluidas ventas baratas o bajo presión.
"Las víctimas ya no están solas, cuentan con el Gobierno como aliado", agregó. El Ministro se refiere a una ofensiva judicial que él lidera contra intermediarios, funcionarios y terratenientes implicados en estos casos. Como parte de la cruzada -que quedará consignada en lo que llamó el 'Libro blanco' de las acciones del Estado-, acaba de ordenar reversar 326 registros de compras irregulares en Carmen de Bolívar, Corozal y Sincelejo, que representan más de 6.000 hectáreas.
La medida, que ya ejecuta la Superintendencia de Notariado, afecta a empresarios que -en octubre del 2010- este diario señaló como compradores masivos: Manuel Medina Muñetón, Álvaro Echeverría, Patricia Serani, las agropecuarias El Génesis, Tacaloa y Carmen de Bolívar, Tierras de Promisión (de Echeverría) y un fideicomiso.
Un vendedor de 119 años
En el caso de Medina (vinculado a las agropecuarias Génesis, Caney, La Bufalera y Carmen de Bolívar), EL TIEMPO encontró que 10 de sus compras aparecen sustentadas en escrituras falsas.
También aparece una venta realizada por un campesino a sus 119 años. Se trata de Juan de Dios Rodríguez, quien en 1920 (con 21 años) adquirió 40 hectáreas en Bolívar. En el 2008, viajó a San Jacinto a venderle la tierra a Wilson Barrios y este, a Tierras de Promisión.
Además de la edad del vendedor, llama la atención que su cédula es de otra persona.
La Fiscalía revisa estos negocios -y otros de predios de desplazados, que no podían ser vendidos sin autorización- para establecer si los compradores finales fueron terceros de buena fe o sabían de las maniobras.
La Porcelana y la ciénaga
El Incoder, por su parte, también empezó a reversar actos que presentan dudas y vicios. Por ejemplo, intenta recuperar 18 parcelas para campesinos que terminaron adjudicadas, en julio del 2010, a Cartagena de Acuacultura, la segunda camaronera del país.
Además, dejó en firme la extinción de dominio (por su no explotación) de La Porcelana, una finca en Cáceres (Antioquia), de 400 hectáreas, ocupada por colonos y que pertenecía a Álvaro Echeverría, el mismo comprador masivo de Montes de María, región en la que se han detectado 1.600 irregularidades que afectan 40.000 hectáreas.
Otro reto es el de recuperar la ciénaga Amansaguapo, que el finquero Aldalberto Bula ocupó a punta de aclaración de linderos para que su hacienda en Córdoba pasara de 160 hectáreas a más de 700. Y hay 200 casos más en marcha, como el de Las Pavas, El Encanto, Las Tapas... "La tarea ya comenzó", dijo Restrepo en su discurso de ayer.
Defensa
Hablan los empresarios
Manuel Medina Muñetón: Su asesora jurídica aseguró que cuando EL TIEMPO mencionó su nombre, en mayo pasado, investigaron las compras y hallaron 10 escrituras que resultaron falsas. "La irregularidad se presentó en la notaría de San Juan Nepomuceno, al parecer de su secretario. Ya pusimos la denuncia penal por falsedad en documento público y los vendedores están dispuestos a repetir la venta para subsanar el problema. Hemos actuado lo más transparentemente que hemos podido".
Álvaro Echeverría: "El caso de La Porcelana es un exabrupto jurídico del Incoder. Probé que la finca estaba sembrada de coca y que no hubo desplazamiento de campesinos ni amenazas". No me dejaron defender, me escondieron el expediente. Le denuncié el caso a la Procuraduría y al Contencioso Administrativo". También ha insistido en la legalidad de las compras en Montes de María.
Cartagenera de Acuacultura: "Hace 28 días negociamos con 127 campesinos las parcelas. Las permutamos por tierras más aptas para sembrar y pagamos mejoras. Faltaron 18 por legalizar y esas fueron las que nos adjudicó el Incoder en el 2010. No nos han notificado, pero tenemos la posesión y cómo demostrar que negociaron voluntariamente".
Ya hay 18 procesos a notarías
Involucran a la primera de Montería; la primera, 2 y 3 de Sincelejo; la 14 y 29 de Medellín; la 4 de Cartagena, y las únicas de Corozal, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Tolú, Sopetrán, Cereté, San Onofre, San Jacinto, Ovejas y Palmitos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
