El Comité Departamental de Atención Integral a la Población
Desplazada estableció en el 2008 una ruta de protección colectiva a los
predios ubicados en la parte baja de los Montes de María,
concretamente en territorio de El Carmen de Bolívar, para proteger
la propiedad o la posesión de tierras de las familias víctimas del
desplazamiento forzado.
La ruta está conformada por 955
predios que corresponden a 42.167 hectáreas. Para la compra y venta de tierras
en esa zona, se debe tener una autorización del Comité Departamental de Atención
Integral a la Población Desplazada, lo que indica que cualquier negociación que
se haga sin su beneplácito es inválida.
Roberto Camargo Payares,
secretario de Interior de Bolívar, informó que a la fecha se han
presentado al Comité unas 216 solicitudes de autorización para la adquisición de
terrenos protegidos.
Según el funcionario, se ha decidido sobre la
negociación o no de 6.407 hectáreas con 2.500 metros cuadrados, dando así
respuesta al 86,3% de las solicitudes presentadas desde 2008 hasta
2011.
Camargo resalta que el Comité, a partir de la fecha en que tomó
posesión el gobernador Alberto Bernal Jiménez, de manera
dinámica y responsable estableció una serie de reglas para agilizar las
respuestas a las solicitudes y a la vez seguir protegiendo los derechos de la
población desplazada o en riesgo de ser desarraigadas.
“Antes de nuestra
llegada al Gobierno, de las 6.407 hectáreas para las cuales solicitaron
autorización, 5.534 recibieron el visto bueno. En cambio, en nuestra
administración, las cifras bajaron, pues tan solo se autorizó el 43% de las
solicitudes y se rechazó el 57%”, destaca el Secretario.
Lo anterior
indica que antes de 2011 se autorizó el 86,3% de la compra y venta de tierras en
la parte baja de los Montes de María y con la llegada del gobierno de Bernal se
redujo a un 43%, a fin de proteger a las familias vulnerables.
De igual
forma es inexorable el compromiso de la Administración departamental que
ha logrado impedir la venta de 877 hectáreas estimadas en 1.193 millones de
pesos, en su mayoría a compradores masivos de tierras en esta zona tan
agobiada por fenómenos del desplazamiento forzado en el pasado.
“Nuestro
objetivo es que en vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras podamos favorecer a las familias desplazadas o en riesgo
de desplazamiento, buscando al máximo la reposición de estos predios despojados
por grupos al margen de la ley y compradores masivos a precios irrisorios”,
concluye Camargo Payares.
