Se da como medida provisional mientras se da trámite a una demanda de nulidad presentada por la Contraloría General de la República, el Tribunal decretó la suspensión provisional de las ordenanzas 06 de febrero 25 y las 024 del 9 de diciembre de 2008, expedidas por la Asamblea Departamental de Bolívar.
Estas ordenanzas le otorgan facultades al Gobernador de Bolívar para negociar empréstitos, comprometer vigencias futuras, hacer traslados presupuestales, pignorar recursos, firmar contratos, entre otras disposiciones.
En virtud de esas ordenanzas, el Departamento ha suscritos convenios, contratos y acuerdos para llevar a cabos varios proyectos que tienen que ver con el Plan Departamental de Agua, al igual que amparado con esas normas, la Gobernación constituyó la empresa territorial de servicios públicos Aguas de Bolívar.
Para desarrollar el Plan Departamental de Agua en Bolívar se tiene previsto una inversión total y futura de aproximadamente $254 mil millones que tendrían que ser invertidos hasta el 2028.
La Contraloría General alega que tales ordenanzas son ilegales, debido a que está prohibido por la ley que los entes territoriales comprometan recursos vigencias futuras para la realización de proyectos.
Alega que la Asamblea de Bolívar no tiene la competencia para autorizar al mandatario departamental a comprometer recursos futuros, poder el cual solo lo tiene el Congreso de la República.
Al decretar la suspensión provisional, el Tribunal anotó que comparte el criterio de la Contraloría, debido a que de la sola lectura de la ley se puede colegir que tal competencia para comprometer recursos futuros le es dable al Congreso y no a las asambleas.
Sin embargo, y pese a la suspensión, el ente judicial analizará más profundamente la demanda para tomar una decisión final, por tal motivo ordenó notificar a la Asamblea y Gobernación de Bolívar para que ejerzan su defensa en este proceso.
Para el ente judicial, aún se mantiene ilesa la presunción de legalidad de estas ordenanzas, pero es a la Contraloría, durante el trámite de la demanda, la que tiene que demostrar que éstas son totalmente ilegales.
De esta suspensión provisional, aún la Gobernación de Bolívar y la Asamblea Departamental alegan que no han sido notificados, por lo tanto desconocen la existencia de tal demanda.
